Lilia Arellano

“Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra”: Simone de Beauvoir

● Escándalos y discursos, ejes gubernamentales
● Podredumbre de casa (4T) se esconde bajo alfombra
● Crisis humanitaria sin precedentes; faltan medicinas
● Denuncias contra los sonorenses Beltrones y Durazo

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021.- En tanto la realidad en la cual se desarrolla la vida diaria de millones de mexicanos va por un carril, en el sentido totalmente contrario caminan las acciones del gobierno. Las farsas se multiplican, se viven a diario y, a un año de la pandemia, los escenarios más letales de estas simulaciones se nos presentan crudamente, irremediables y fallidos en relación a su tratamiento y en lo visto en la segunda temporada errática protagonizada por la vacunación. Son millones los testigos de la falta de alimentos y otras necesidades en los hogares mexicanos; del cierre de cortinas de comercios medianos y pequeños por quiebra; oficinas vacías en una gran cantidad de edificios; es frecuente ver circular mudanzas, algunas con menaje de casa, otras transportan mobiliario de oficinas, de restaurantes, de equipos técnicos, etcétera. Se presenta así el cuadro, la fotografía del derrumbe económico.

El combate a la corrupción es una de las banderas enarboladas por el gobierno del presidente López Obrador en donde se falla totalmente, pues los presuntamente “grandes corruptos” siguen libres y a quienes se les siguen procesos judiciales no pisan la cárcel pues se encuentran bajo la figura de “testigo colaborador”. Una cadena de farsas y de discursos bofos, sin sostén, sin contar por lo menos con medias verdades, han sido utilizados para escándalos mediáticos y para aparentar la lucha contra el saqueo ejercida en las administraciones anteriores, pero jurídicamente no existen avances concretos. Además, a los de casa se les protege con una gruesa armadura de impunidad.

Otras grandes promesas del tabasqueño han resultado mentiras dichas antes y olvidadas en el presente, cayendo en una serie interminable de contradicciones. Se registra el más bajo crecimiento económico en un siglo; se resiente una crisis humanitaria en el sector salud, no sólo por la pandemia de Covid-19 sino por la falta de medicamentos ocasionada por la “austeridad republicana”; la vacunación se registra a un ritmo extremadamente lento y con dificultades por no contarse con las inoculaciones, mientras los muertos siguen acumulándose; la ola de violencia se mantiene y el combate a las organizaciones criminales no es prioridad de este gobierno. Estas son las cartas con las que llega el Presidente a la elección intermedia para tratar de mantener el control de la Cámara de Diputados. Su tiempo se agota rápidamente y lo pierde protegiendo e impulsando depredadores como Félix Salgado Macedonio en Guerrero.

Por eso los de la 4T se aferran a lo que sea y si se trata de un caso de corrupción que involucra al gobierno anterior, mejor, no importa si se puede o no comprobar. El escándalo actual lo detonó el diario español El País. Según un reportaje en sus páginas, Sylvana Beltrones Sánchez, senadora del PRI e hija del ex dirigente nacional priísta, Manlio Fabio Beltrones, está bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), por haber ocultado 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010, en la Banca Privada d´Andorra. El diario español reveló ayer la FGR investiga también a Manlio Fabio Beltrones y a su esposa, Sylvia Sánchez, ante las presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas en un banco de Andorra, las cuales fueron abiertas entre 2008 y 2009. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio, también forma parte de las investigaciones iniciadas.

¿JUSTICIA O SÓLO ESCÁNDALO?

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha sido incapaz de generar certezas y sólo promueve dudas. No ha concretado ni uno solo de los casos de los “grandes corruptos” del pasado festinado desde Palacio Nacional por el presidente López Obrador. Por lo cual ahora la interrogante es si en el caso de los Beltrones los veremos cooperar con el gobierno del tabasqueño y gozar de la situación de Emilio Lozoya o de Alfonso Ancira, entre otros. Los antecedentes dejan mucho que desear, pues sólo han sido anuncios rimbombantes de ilícitos cuyo castigo no ha sido visto, y sólo sirven como distractores temporales. En la FGR ninguna denuncia ha prosperado ni han aplicado justicia. Se afirma la apertura de expedientes, se anuncian investigaciones “a fondo y tope donde tope”, se persigue y captura a ex funcionarios, pero llegan a acuerdos para obtener su libertad, lo cual se hace muy rápidamente si deciden y delatar a sus jefes, sin obtener de sus delaciones mayores resultados. En el caso de Rosario Robles se le mantiene recluida desde hace año y medio sin ser procesada y sin llegar a ningún trato, es decir, no hay nada.

Sin concretarse siguen los casos de Odebrecht y AHMSA-Pemex y la campaña de Enrique Peña Nieto. El ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin alcanzó un acuerdo con la FGR y sigue libre como “testigo colaborador”, a pesar de todas las pruebas y testimonios en su contra, los cuales fundamentan el enriquecimiento ilícito del funcionario peñanietista. Emilio Lozoya sirvió para “salpicar” a legisladores federales del PAN: en Youtube apareció un video donde se ve una persona entregar fajos de dinero a Rafael Carveo, ex secretario técnico del Senado y cercano al ex senador campechano Jorge Luis Lavalle Maury y Guillermo Gutiérrez, quien hasta ese día era secretario particular del gobernador de Querétaro y ex senador panista, Francisco Domínguez. El dinero sería parte de los sobornos que Emilio Lozoya afirma haber entregado a senadores entre 2013 y 2014.

Respecto a la “Estafa Maestra”, trabajos periodísticos y de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron el gobierno federal, a través de 11 dependencias firmó contratos ilegales por 7,670 millones de pesos de las cuentas públicas de 2013 y 2014, con diversas empresas y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3,433 millones. El dinero fue entregado a 186 empresas, pero 138 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios contratados o, simplemente, porque no existían. El ejecutor intelectual y material de la Estafa, Emilio Zebadua, confeso, anda tranquilo, libre.

Otro caso más sin concluir es el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, acusado de peculado, desvío de fondos públicos, de haber endeudado al gobierno de esa entidad por más de 48,000 millones de pesos y por haber desviado más de seis millones de dólares a dos empresas relacionadas con su persona, así como la desviación de 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI entre 2010 y 2016. Fue detenido en Miami el 7 de julio pasado y está pendiente su extradición a México. Ya se le concedió una suspensión definitiva contra la orden de captura que pesa en su contra en México, a cambio de una garantía de 2 millones de pesos.

Uno más: entre 2014 y 2018 instituciones del sector salud federal y de 30 entidades federativas pagaron 22,933 facturas falsas expedidas por 837 empresas fantasma, por un monto total de 4,179 millones de pesos. El Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Oaxaca reunieron 80% del total de facturas de las entidades federativas denunciaron en marzo del año pasado las organizaciones Justicia e Impunidad. La investigación no ha concluido.

CORRUPCIÓN EN CASA, BAJO LA ALFOMBRA

Pero lo peor está en la corrupción de casa, la escondida debajo de la alfombra y los casos abundan: en primer lugar salieron a la luz los desvíos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), a partir de la llegada a la titularidad de la ex atleta Ana Guevara. Tres empresas, en complicidad con las federaciones deportivas fueron utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias. La investigación presuntamente se inició pero no hay resultados.

El siguiente caso relevante fue del de Manuel Bartlett Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien ha amasado una fortuna inexplicable ante los ingresos de alguien dedicado a la política. Su patrimonio familiar incluye un imperio inmobiliario con 23 lujosas casas ubicadas en las zonas más caras del Valle de México: Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la colonia Roma y la “milla de oro” en el Paseo de la Reforma. Incluso la casa de campaña de AMLO en Chihuahua 212, colonia Roma, es parte de la red de esas propiedades. La Secretaría de la Función Pública lo exoneró tras una investigación al vapor.

A eso se agrega el 30 de abril del 2020 el IMSS celebró un contrato con León Manuel Bartlett Díaz, hijo del director de CFE, para la adquisición de 20 ventiladores para uso en el tratamiento de pacientes con afecciones en el sistema respiratorio y en estado crítico. La institución pagó 1.5 millones de pesos por cada uno, los más caros comprados por la federación. Por el escándalo el trato “se canceló” y eso fue todo.

El 20 de agosto del año pasado, Carlos Loret presentó en el portal en internet de Latinus videos en los que se ve a Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dinero de manos de David León, operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y quien días antes de su nombramiento como zar en la compra de medicinas, se desempeñaba como director de Protección Civil. Por los videos se suspendió el nombramiento del funcionario. López Obrador defendió a su hermano y dijo este caso se trataba de “aportaciones” y no un acto de corrupción.

Un caso relevante lo fue el del ex delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, señalado de ser el eje detrás de una red de empresas farmacéuticas con operaciones con el gobierno y quien buscaba ser contratista de la administración de López Obrador en la mega licitación de medicinas convocada por la Oficialía Mayor de SHCP. A mediados de julio de 2019, Lomelí Bolaños renunció a la super delegación. A principios de septiembre, los Laboratorios Solfran y Lomedic, empresas de su propiedad, fueron inhabilitadas por dos años y seis meses. Las investigaciones en su contra siguen abiertas e inconclusas. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejó sin efectos una multa y una inhabilitación impuesta por la Secretaría de al Función Pública (SFP) en contra de la empresa Lomedic.

Pablo Almílcar Sandoval, hermano de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval y super delegado del gobierno federal en Guerrero, fue acusado de utilizar los programas sociales para construir su candidatura a la gubernatura de esa entidad. La propia titular de la SFP ha sido involucrada en presuntos actos de corrupción. Se consignó mediáticamente, la funcionaria y su pareja, John Ackerman, incrementaron extraordinariamente su patrimonio inmobiliario en nueve años y recibieron un predio “gratis” por parte de la CDMX, durante la administración de Marcelo Ebrard, actual titular de la SRE, el cual hoy costaría 6 millones de pesos. El patrimonio inmobiliario de la pareja Sandoval-Ackerman incluye otras cinco propiedades valuadas en más de 50 millones de pesos, no reportadas en su declaración patrimonial. La funcionaria señaló que el reportaje fue hecho por “sicarios mediáticos” que buscan manchar su nombre. No se hizo ninguna investigación y el caso se ocultó bajo la alfombra de la 4T.

Otro de los asuntos de presunta y profunda corrupción en la 4T está en las adjudicaciones directas, prohibidas presuntamente en este sexenio. De acuerdo con MCCI, al cierre de julio de 2020, la base de datos de Compranet contiene información sobre 84,372 procedimientos. De éstos, 65,156 han sido entregados directamente y equivalen al 77.2% del total, mientras la licitación pública ha sido utilizada 10,786 veces, es decir, el 12.8% de las ocasiones.

Eso sí, el caso de la FGR contra la familia Beltrones es una bomba en esta época electoral, la cual tensa más las elecciones en Sonora, y crece la incertidumbre sobre la forma en que la justicia y la ley intervienen en tiempos electorales. Se une a la lucha por el poder entre grupos políticos la denuncia de los Le Baron en contra del candidato de Morena Alfonso Durazo, por omisiones durante su gestión como titular de la SSC y por la cooperación brindada a los criminales, lo cual derivó en el asesinato de cinco miembros de esta familia. Se encuentra pendiente la aprehensión del líder del PRI en la CDMX y la secretaria general de esa organización, acusados de delincuencia organizada y trata de blancas.Veremos en las siguientes semanas.

DE LOS PASILLOS

Israel Rivas, vocero del Movimiento Nacional de Niños con Cáncer, denunció la existencia de una “crisis humanitaria sin precedentes ante los más de mil 600 niños fallecidos”. Recriminó al presidente López Obrador “no le duele la muerte de estos pequeños, provocadas por el desabasto (de medicamentos) y dice que detrás de nosotros hay mano negra”, y consideró: “me parece que hay una falta de entendimiento muy profundo de lo que está sucediendo en este país con respecto a la falta de medicamentos oncológicos”. Afirmar que los padres de niños con cáncer fueron utilizados por parte de farmacéuticas para golpear al gobierno federal por el desabasto de medicinas para tratar esta enfermedad demuestra la insensibilidad y la frivolidad presidencial. 862 días lleva el desabasto…

ULTIMA HORA: El otorgamiento de amparos a dos empresas privada hace derrapar la aplicación de la recientemente aprobada Ley Eléctrica.

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