La controvertida ley fue enviada al Ejecutivo para sus efectos constitucionales
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de febrero 2021.- Con 68 votos a favor y 49 en contra, el Senado de la República aprobó ayer el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, en la que los artículos 3, 4, 12, 26, 35, 53, 101, 108 y 126 del proyecto de decreto, así como su apartado transitorio, que fueron reservados, quedaron en los términos del dictamen.
Luego de su aprobación en lo particular y en lo general, el documento fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
En la sesión vespertina de este martes, el Senado de la República inició la discusión del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
En el dictamen, los senadores coincidieron con la propuesta de la Cámara de Diputados para rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo carácter estratégico es fundamental para mantener tarifas bajas en beneficio de los usuarios finales y proteger los intereses de la nación.
En sesión a distancia, la mayoría de la asamblea rechazó las propuestas de modificación, presentadas por senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRD.
El proyecto que se deriva de la iniciativa preferente que presentó el Ejecutivo Federal, busca reivindicar a la CFE como Empresa Productiva del Estado y garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
Prevé la instauración de un nuevo orden en el sistema de despacho de los generadores eléctricos, así como el fortalecimiento de la rectoría del Estado para dirigir las actividades de planeación del Sistema Eléctrico Nacional, a través de la Secretaría de Energía.
También incluye una nueva modalidad en el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias y elimina la obligatoriedad de compras por subastas y la revocación de los permisos de autoabastecimiento, que hayan sido obtenidos en fraude a la ley y que continúen surtiendo sus efectos jurídicos.
Otro de los aspectos de la reforma, es el que considera la revisión de la legalidad y rentabilidad, para el Gobierno Federal, de los contratos suscritos con productores independientes de energía.
El proyecto señala que el cambio normativo propuesto de ninguna manera implica la concesión de un trato preferencial a la CFE, en detrimento de los competidores del mercado eléctrico mayorista.
Lejos de ello, se agrega en el documento, la reforma se basa en el principio angular consagrado en el artículo 25 constitucional, conforme al cual al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, por lo que tiene a su cargo la planeación, conducción y coordinación de la actividad económica nacional.
Necesario dar un cambio radical a las políticas energética
Al presentar el dictamen en sesión a distancia, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, señaló que frente a la situación actual que vive el sector es necesario dar un cambio radical a las políticas energéticas, en particular a la eléctrica.
Destacó que la finalidad es lograr el bienestar de los mexicanos, mantener una industria eléctrica fuerte, sana, autosuficiente, creadora de empleo y en crecimiento, para que siga siendo el pilar de desarrollo.
La legisladora de Morena indicó que la importancia del sector energético nacional es ampliamente reconocida, pues se trata de un área estratégica, no sólo desde el punto de vista económico, sino que es factor clave de la política exterior y vital para la seguridad nacional y el bienestar de las familias mexicanas.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, presentó un voto particular en contra del proyecto. Acusó a la bancada mayoritaria de ceder las formas y procedimientos del Senado a los tiempos presidenciales, a fin de aprobar esta minuta.
Este proyecto es desaseado e ilógico. Su implementación no prosperará, pues, por un lado, establece disposiciones que son contrarias al mandato de la CFE, como empresa productiva y obliga al Estado a adquirir energía cara, sucia e ineficiente, además de que viola los tratados internacionales.
La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, también presentó un voto particular en contra. Explicó que esta reforma no garantiza el derecho a la salud, a un medioambiente sano e impide la libre competencia.
Se dijo convencida de la inconstitucionalidad de esta reforma, porque además de incumplir tratados internacionales, también vulneró los procesos legislativos al impedirse la realización de un parlamento abierto..
El proyecto es constitucional: Ricardo Monreal
Previo a la votación, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es constitucional, ya que privilegia las energías limpias, fortalece la soberanía energética de México y garantiza la rentabilidad de la CFE.
De manera infundada, indicó, se ha señalado que el dictamen elimina la generación de energía eléctrica a través de plantas de energía limpia, lo cual es falso, pues se establece un orden de prioridad a nucleoeléctricas, geotérmicas, hidroeléctricas y termoeléctricas de la CFE. “México sí es promotor del uso de energías limpias”, recalcó.
Monreal Ávila recordó que desde el 2013 advirtieron que revertirían la “reforma energética” de ese entonces, pues privatizaba y desmantelaba al Estado de su prestación de este servicio público. A los legisladores que éramos oposición se nos pisoteó, ignoró y humilló.
Ahora, puntualizó, no debe extrañarle a nadie que estemos asumiendo una posición congruente frente al país y la ciudadanía.
Las discusiones y el debate
El legislador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD, dijo que el dictamen provocará repercusiones en diversas áreas del desarrollo nacional, afectará obligaciones de tratados internacionales, violará el texto capítulo 22 del T-MEC y, en consecuencia, expone al país a demandas y mecanismos sancionatorios.
La senadora del PT, Cora Cecilia Pineda Alonso, destacó que la iniciativa garantizará la seguridad energética nacional, instaurará un nuevo orden en el sistema de despacho de los generadores eléctricos, establecerá la rectoría del Estado para dirigir la planeación del sistema eléctrico nacional y otorga facultades a la Comisión Reguladora de Energía para lograr el autoabastecimiento.
De Movimiento Ciudadano, la senadora Verónica Delgadillo García afirmó que esta reforma incrementará el precio de la luz y condenará al pueblo de nuestro país a pagar dicho aumento. Con esta propuesta, sentenció, se afecta a la gente más pobre.
Por el PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel denunció que el dictamen se procesó sin escuchar opiniones. Nadie puede negarse a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero no es razonable poner en riesgo el proyecto de la modernización productiva y de la captación de inversiones sólo por apuntalar a dicho organismo.
Julen Rementería del Puerto, senador de Acción Nacional, dijo que esperaban que se realizará un Parlamento Abierto en el que se pudiera analizar la Ley, pero lo que se busca es revertir la “Reforma Energética”, con lo que la energía resultará más cara en el futuro.
A nombre del Morena, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera confió en que la aprobación de la minuta será una acción emblemática en la historia reciente del país, para corregir decisiones políticas erradas, las cuales sólo han propiciado desigualdad estructural en detrimento de la nación y el interés general.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria afirmó que debe discutirse un nuevo pacto social energético con visión de futuro, que supere los excesos del pasado, garantice los derechos de las generaciones siguientes, el suministro de energía y la justicia social, además de consolidar el rol de Estado y su soberanía en tiempos de globalización.
A favor, Ovidio Salvador Peralta Suárez, de Morena, aseguró que se velará por el bien común, mediante la producción de energías limpias que produzca el país. Agregó que la participación de particulares nacionales y extranjeros continúa, sólo cambia la prioridad.
El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, enfatizó que la reforma lesiona los bolsillos de los mexicanos y vulnera el derecho fundamental a tener un medio ambiente sano para su bienestar. Advirtió que las modificaciones se traducirán en un aumento de bienes y servicios originados por el mayor costo de generación de energía.
Geovanna Bañuelos De la Torre, coordinadora del PT, sostuvo que las modificaciones abonan a la soberanía energética del país y corrige los errores cometidos como la aprobación de la “Reforma Energética” de 2013. Esta reforma no atenta contra las energías verdes, no provoca el incumplimiento de acuerdos internacionales, ni cierra las puertas a la inversión privada, apuntó.
Del PRD, el senador Antonio García Conejo denunció que no se escuchó a expertos en el proceso de dictaminación y asentó que se debe modernizar y dignificar a la CFE para que en verdad exista una sana competencia en beneficio de la sociedad y no en prejuicio de ésta.
Gabriela Benavides Cobos, legisladora del PVEM, dijo que, si en realidad queremos ser un país productor de energías limpias, es incongruente que la Ley exija a la Federación operar mayormente con gas y quema de combustóleo.
En tanto, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, señaló que la reforma desaparece las subastas como mecanismos transparentes que aseguran a los mexicanos tener energía más barata, y son sustituidas por “contratos a modo”, mediante los cuales, precisó, la CFE puede acordar los términos sin que medien mecanismos de transparencia.
En su oportunidad, la senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, expresó que la legislación confirma que la presente administración apuesta al uso de energías sucias, el cual fomenta un modelo que generará mayores emisiones de efecto invernadero, así como contaminantes climáticos.
En sesión a distancia, la mayoría de la asamblea rechazó las propuestas de modificación, presentadas por senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRD.
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