* Si no estuvo planeado y David Colmenares está lejos de ser cómplice, el presidente mexicano se encontró con la oportunidad de oro para acrecentar, todavía más, su poder. Si el auditor es demócrata y ética y moralmente un profesional, debe irse al rancho del presidente de la República para disfrutar de su retiro

Gregorio Ortega Molina

Creo que David Colmenares desconoce la trascendencia de su desempeño profesional frente al poder. Ahora bien, si estoy equivocado y sabe de qué va su función pública, el problema es serio porque significa que es cómplice en esa tarea de la desestructuración de las instituciones que dan coherencia y figuran democracia en la República. En ambos casos debió tener la dignidad de solicitar su retiro y pedir que lo sustituyan. Pero aquí nadie renuncia.

La otra vertiente del dilema es la reacción del presidente mexicano. ¿Se encontró con la pichada perfecta para conectar de cuadrangular y servir a sus intereses aviesos y personales? ¿Tiene idea, este presidente de la República, del significado y consecuencias de la desautorización profesional y ética y moral de David Colmenares? ¿Está consciente de que puede cosechar para su coleto ese muy personal deseo de prolongarse en el poder y reescribir la historia?

De cualquier manera, lo que inquieta es que la reacción presidencial y todas las respuestas a ese reclamo sigan en la misma frecuencia. El costo del AICM estación Texcoco. ¿Qué esconde el arreglo de este gobierno en ese tema, para una respuesta tan ríspida y una vergonzante anuencia por parte de David Colmenares? Si el costo de cancelarlo creció tanto, ¿no fue por equivocación de quienes calcularon y negociaron los pagos, o porque en el camino aparecieron los moches? Ahora resulta que enfrentamos un nuevo FOBAPROA-IPAB; ¿eso es lo que realmente no quieren que se dé a conocer?

En cualesquiera de los supuestos el resultado es catastrófico para los mexicanos, porque el costo a pagar es la implosión de la confianza y la credibilidad, más la anuencia, sin cortapisas para que el Poder Ejecutivo decida del destino de los miles de millones de pesos del presupuesto de egresos de la federación y, además, determine en corto préstamos a otras naciones o instituciones, o contrato de deuda disfrazado de venta de bonos gubernamentales.

El problema es la “manga ancha” que muy bien conoce el presidente mexicano, pues disfrutó de ella cuando entraba por la puerta trasera al despacho de Manuel Camacho Solís, donde cachaba -sin recibo- las aportaciones gubernamentales para “administrar” sus marchas y plantones, y recibía línea sobre cómo y cuándo levantarlos.

Ahora que estamos a menos de cien días de las más importantes elecciones de su sexenio, lo que necesita para establecerse en su zona de confort y hacer “política a su manera”, es de esa manga ancha que le permite disponer de recursos sin cortapisas, para, por un lado, cortar la imaginación de los gobernadores de otros partidos y conminarlos a un acuerdo por la democracia electoral, mientras que, por el otro, él puede disponer de esos recursos necesarios para ganar, sin la sombra de una Auditoría Superior de la Federación con credibilidad.

Si no estuvo planeado y David Colmenares está lejos de ser cómplice, el presidente mexicano se encontró con la oportunidad de oro para acrecentar, todavía más, su poder.

Si el auditor es demócrata y ética y moralmente un profesional, debe irse al rancho del presidente de la República para disfrutar de su retiro.

Muchos lectores respondieron a la pregunta de ayer, y aclararon que “durante la consulta popular realizada entre el 25 y el 28 de octubre de 2018 en 538 municipios a nivel nacional, los participantes rechazaron la opción de construir una terminal aérea en Texcoco, en el Estado de México.

“Optaron por el proyecto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: reacondicionar el actual aeropuerto y el que se ubica en Toluca, también en el Estado de México, así como construir dos pistas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

“Este plan obtuvo el 69,95% de los votos de las 1.067.859 personas que participaron en la consulta -menos del 1% del padrón electoral-”.

Otros, muy fijaditos en la ley, me dicen: “para que la consulta popular sea vinculante se requiere que la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, ello hará que el resultado sea obligatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, y para las autoridades competentes.

“Si bien las consultas tienen un fin de suma importancia que es escuchar el sentir ciudadano en temas de gobierno, consideramos que estas no tienen mayor trascendencia si no son vinculatorias y no se hacen conforme a derecho, en el marco jurídico mexicano, al menos el proceso de consultar a la ciudadanía, se requiere cumplir con un conjunto de reglas que hay que seguir si se pretende que lo consultado tenga fuerza vinculante. Como observamos, este derecho a promover una consulta compete al presidente de la República, a cualquiera de las cámaras del Poder Legislativo y a la ciudadanía; el estudio de la constitucionalidad corresponde a la SCJN, y la organización de la consulta al INE”.

Insisto en mi inquietud y reformulo la pregunta: Para darle validez legal a la voluntad ciudadana y valor constitucional a la decisión del presidente electo, ¿no debió publicarse en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo secretarial o un decreto presidencial, que expusiera las razones por las cuales decidió cancelar el AICM-Texcoco?

Lo anterior debido a que la consulta no cumplió el requisito de votación del 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal del padrón electoral.

Creo que es lo primero que debió preguntarse David Colmenares.

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@OrtegaGregorio

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