Por Agustín Vargas *//PUNTALES
David Rogelio Colmenares Páramo, designado por la Cámara de Diputados como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 15 de marzo de 2018, se comprometió a “generar confianza y legitimidad a través de acciones concretas que faciliten el uso de los resultados… Dar a conocer nuestras facultades y el alcance de las mismas es fundamental para evitar percepciones imprecisas”, expresó el flamante auditor en ese entonces.
A casi dos años de iniciada su gestión y con la responsabilidad a cuestas de desnudar la cuenta pública del primer año de gobierno de la autonombrada 4T, Colmenares Páramo –priísta de hueso colorado— hizo el mayor de los ridículos ante la sociedad a la que prometió transparentar y dar a conocer el uso y destino de los recursos públicos.
“Estamos seguros de que reducir la brecha entre lo público y lo ciudadano nos permitirá contribuir en el fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas en México”, afirmó al asumir el cargo como Auditor Superior de la Federación.
El pasado lunes 22 de febrero, ya entrada la noche, tuvo que desmentir sus propias cifras contenidas en el Informe General de la Cuenta Pública 2019, relativas al costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El costo de esa operación, según el documento de la ASF, se elevaría, por lo menos, a 331 mil 996.5 millones de pesos, más del triple de los estimado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (100 mil millones), porque solamente se había considerado la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos.
El reclamo del señor de Palacio Nacional no se hizo esperar y fue contundente al advertir que él tiene “otros datos”. Esa frase fue suficiente para dar al traste con lo publicado por la ASF, que desde la óptica del mandatario son puras mentiras.
Y así lo asumió el propio Colmenares Páramo, al indicar que, en efecto, las cifras presentadas en el Informe de la Cuenta Pública 2019, son incorrectas, pues reconoció que hubo inconsistencias metodológicas al cuantificar el costo de la cancelación del NAICM, que es menor a lo reportado.
¡¡¡Vaya pifia la del auditor !!!
La misión de la ASF, organismo técnico dependiente de la Cámara de Diputados, es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales.
Malos manejos
En la historia reciente de México hemos sido testigos de varios casos verdaderamente obscenos de desfalco de recursos públicos. Recordemos al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien se acusó por malos manejos de más de 70 mil millones de pesos.
Otro caso muy sonado es el de la Estafa Maestra, con desvíos superiores a los 3 mil millones de pesos, y que mantiene en la cárcel a la maestra Rosario Robles, ex secretaria de Sedesol y Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Estos descubrimientos se deben, en buena medida, a la labor de la Auditoría Superior de la Federación, que ahora está en el ojo del huracán por sus errores metodológicos en el cálculo de las cuentas públicas.
El Informe General de la Cuenta Pública 2019, entregado el pasado sábado por la ASF, le quitó de tajo a la autodenominada “Cuarta Transformación” y al partido que le dio origen, Morena, las máscaras de honestidad, eficiencia y transparencia, pues detectó irregularidades durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador por 67 mil 498 millones de pesos, una cifra equivalente a 73 veces el presupuesto del INAI para este año, organismo al que el presidente pretende desaparecer por “costoso”.
Aunque ahora resulta, dadas las circunstancias, que el informe de la Cuenta Púbica 2019 carecería de credibilidad y que el auditor fue doblegado por los otros datos”.
Con ello, la credibilidad del organismo que se supone serio, confiable y un auténtico fiscalizador de los recursos públicos, que bien podría traducirse como un verdadero contrapeso político y económico en estos tiempos de imaginaria transformación, se fue al barranco.
Poder Judicial, inoperancia
El Poder Judicial de la Ciudad de México sigue en modo inoperante, pese al excesivo tiempo que tuvieron los encargados de impartir justicia en la capital del país, para mejorar los procesos.
La tecnología que se utiliza en los juzgados es limitada, su sistema de citas electrónicas está saturado. Entre el lunes y martes pasado, después de la apertura de los juzgados en la Ciudad de México, luego de permanecer cerrados casi dos meses, se pudo observar que la fila de la Oficialía de Partes era interminable y se contaban por centenares las personas que querían hacer trámites al mismo tiempo, un verdadero caos.
De qué sirve la circular que establece la mecánica de operación en los tribunales si es letra muerta. Incongruente en temas de carácter judicial. Es una lástima que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que concentra más del 40% de los asuntos judiciales de todo el país y cuyo presidente es el Magistrado Rafael Guerra Alvarez, tenga estas ineficiencias operativas, a lo cual hay que agregar las fallas procesales.
Ojalá que la reforma al Poder Judicial, cuya declaratoria emitió ayer la Cámara de Diputados una vez que obtuvo los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, sirva en realidad para mejorar la impartición de justicia, combatir la corrupción y el nepotismo, fortalecer la carrera judicial y mejorar los servicios de defensoría pública, en beneficio de una sociedad más justa.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
