Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ
Empresarios demandan certeza jurídica a trabajadores en outsourcing
En México a través de la Subcontratación se emplean cerca de 5 millones de trabajadores, figura que está presente en casi la totalidad de las actividades productivas del país. De ahí la importancia de este esquema que, de desaparecer, se agravarían en gran medida la crisis sanitaria, económica y laboral que atraviesa México. La tercerización en México -no hay duda- ha aumentado su participación en el empleo formal del 17% en el 2004 al 42% en el 2019, y de acuerdo con un diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2018 los salarios mensuales de los empleos tercerizados fueron superiores en un 68% al promedio.
Especialistas en materia laboral afirman que la subcontratación, bien formulada, impulsa la economía formal y es un factor que hace más competitivas a las empresas porque le permite el acceso al mejor talento disponible y a los trabajadores les da certeza jurídica y capacitación continua. Sería bueno que, al continuar, este martes, con las pláticas sobre outsourcing se pusieran en la mesa las bondades de esta práctica que, como ha dicho insistentemente el sector empresarial, no es necesario modificar la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, basta con asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente, ya que las leyes son suficientemente robustas para combatir las malas prácticas en materia laboral.
Los empresarios dicen, con firmeza, desde mediados de 2020 lo hemos advertido a las propias autoridades. México está frente a una crisis económica que, sin exagerar, puede convertirse en la más grande desde la Revolución Mexicana. Los contagios por Covid-19, lejos de disminuir, han repuntado y el ritmo de vacunación es peligrosamente lento, mientras que miles de negocios siguen detenidos afectando el empleo. Por ello, resulta trágico y paradójico que se insista en eliminar el outsourcing, fundamentando dicha resolución en falsas premisas.
Al respecto, Elías Micha, de TallentiaMX, destacó la urgencia de evitar que se profundice la actual crisis, y en este sentido se inclinó por legislar en favor del país, regulando la subcontratación y no prohibiéndola. Hay que destacar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Mundial (BM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advierten que, para que México supere los problemas ocasionados por la pandemia, deberá implementar planes de apoyos fiscales y crediticios, así como hacer más flexibles los esquemas de contratación (empleo) y garantizar la certeza jurídica indispensable para promover la inversión y reafirmar las cadenas productivas nacionales e internacionales.
Aeromar, la primera aerolínea mexicana en implementar el pasaporte sanitario a viajeros.
La aerolínea que cuenta con dos rutas hacia Estados Unidos: McAllen y Laredo, Texas, y ayer mismo anunció que a partir del 26 de enero, los pasajeros (de 2 años de edad en adelante) que viajen a Estados Unidos deberán presentar el resultado negativo en la prueba de detección de COVID-19, o bien la constancia de recuperación, al momento de documentar y abordar. De acuerdo a la Ley Federal de Estados Unidos, los pasajeros deberán confirmar un resultado negativo de la prueba COVID-19, la cual deberá ser viral (NAAT o prueba de antígenos) y realizarse con no más de 3 días antes de la salida del vuelo hacia EU. En caso de que sea un pasajero recuperado de COVID-19, podrá viajar con documentación escrita o electrónica emitida por un médico, declarando que el pasajero ha sido autorizado para viajar, dicho documento no debe tener más de 90 días de emisión.
Asimismo, los pasajeros deberán obtener una certificación en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC por sus siglas en inglés), el formato se puede consultar y descargar en el siguiente link “PASSENGER ATTESTATION REQUIREMENT”.
En el mundo se fortalecen organismos de telecomunicaciones, en México desaparecen.
En torno a la discusión del planteamiento del jefe del ejecutivo de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano regulatorio especializado y autónomo para el desarrollo y provisión de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, Ernesto Piedras, de The Competitive Intelligence Unit, nos dice que alrededor del mundo, este tipo de organismos no solo no han desaparecido sino que se han fortalecido, como es el caso de la Federal Communications Commission (FCC) en Estados Unidos, Ofcom en Reino Unido o la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en Colombia.
Al respecto, señala que en México, desde la puesta en operación del IFT, la inversión privada en telecomunicaciones ha repuntado entre 2013 y 2019 en 41.3%, respecto a los seis años previos (2006-2012), al alcanzar un monto acumulado de $542,110 millones de pesos. Además, la contabilidad de acceso a servicios de telefonía fija aumentó 13.6%, banda ancha fija 57.6%, telefonía móvil 16.0%, banda ancha móvil 198.8% y televisión restringida 49.2%. Por otra parte, el IFT ha propiciado la reducción en términos reales de los precios de las telecomunicaciones en su conjunto de 42.9%, entre 2013 y 2020, esto es, los7 años de su ejercicio. Con esto, la contabilidad de acceso a servicios de telefonía fija aumentó 13.6%, banda ancha fija 57.6%, telefonía móvil 16.0%, banda ancha móvil 198.8% y televisión restringida 49.2%.
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