Pablo Cabañas Díaz.
A finales del año 2006, iniciaba el sexenio del presidente Felipe Calderón y anunció que declararía la guerra al crimen organizado. El 30 de noviembre, un día antes de tomar posesión de su cargo en medio de muchas dudas sobre la legitimidad de su elección, al presentar el que sería su gabinete de seguridad adelantó que el Estado mexicano tenía como primera obligación: “asegurar la paz social y respetar y hacer respetar la ley y las instituciones.”
Calderón señaló que “sería una gran batalla que tomaría años, costaría muchos esfuerzos, recursos económicos e incluso, probablemente sacrificio de vidas humanas de mexicano”. Esa guerra se inició justo cuando había dudas sobre la legitimidad de la elección presidencial, la principal frase de Calderón fue: “debemos estar unidos”. El sacrificio humano fue enorme, con cifras que se asemejan a las de una guerra civil.
Calderón decidió iniciar su “guerra” por Michoacán, su propio estado. A los pocos días triunfal dio el primer parte de guerra e informó que en el operativo participaron más de cuatro mil elementos del ejército, que se habían confiscado casi veinte toneladas de pseudoefedrina así como más de mil cartuchos útiles, algunas armas y que lograron atraparse a trece presuntos narcotraficantes. Los resultados fueron poco espectaculares en materia de detenciones, no así en decomiso de mercancía ilícita.
El optimismo de Calderón era evidente y el operativo se extendió a Tijuana recién iniciado el 2007. Para esa entidad se dedicaron más de tres mil elementos de varias corporaciones. A pesar de que se había dicho que sería una lucha larga, es evidente que hubo una clara sobreestimación de las fuerzas del Estado como una subvaloración de los recursos, logística y capacidad de resistencia del crimen organizado. La guerra contra el narco iba a ser mucho más difícil de lo anticipado y tendría muchas consecuencias en la vida del país.
Como resultado de la intervención federal, los cárteles aumentaron las matanzas internas y los ataques contra sedes policiales, soldados, funcionarios de seguridad y centros de drogodependientes. El asesinato de políticos municipales y estatales de primera línea, los ataques contra la población civil, el cierre de accesos a ciudades importantes a manos de sicarios y los desplazamientos de personas de sus hogares por el aumento de la violencia se convirtieron en elementos novedosos en la relación entre narcotráfico, Estado y sociedad. La violencia criminal no era nueva como estrategia de presión política y social, pero sí su utilización descontrolada y los procedimientos por los cuales se buscaba el impacto mediático. En los medios de comunicación aparecían diariamente decapitados, ejecutados, mutilados, individuos disueltos en ácido, descuartizados, expuestos en la vía pública y otros encontrados en fosas comunes. Los abusos consistían en humillar y destruir subjetivamente a las víctimas; ya no bastaba con matar, ahora había que desmembrar los cuerpos y ensañarse con ellos una vez asesinados. Esa fue la herencia que nos dejó Calderón con su “guerra”.
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