MÉRIDA, YUCATÁN. – La empresa italiana “Fincantieri”, contratada por el Gobierno de Mauricio Vila Dosal, para la construcción del astillero más grande de América Latina, es investigada en su país por los delitos de corrupción, falsear declaraciones, emisión de facturas falsas y explotación laboral.
De acuerdo con Sol Yucatán, el proyecto prevé una inversión inicial de 150 millones de dólares, que permitirán construir un complejo de 40 hectáreas en Puerto Progreso para reparar o construir embarcaciones de hasta 400 metros de eslora o longitud.
Durante los primeros meses de 2021, el Gobierno de Vila Dosal lanzará las licitaciones del primer tramo de la obra, que se espera inicie en el segundo trimestre del próximo año.
Para 2024, la constructora estima una inversión de hasta 550 millones de dólares, que se destinarán a la instalación de un muelle flotante, plataformas elevadas, grúas, talleres, oficinas, almacenes y maquinaria especializada.
El Gobierno Estatal se encargará de los primeros trabajos, los cuales, comprenden el dragado, construcción de infraestructura y plantas principales.
El acuerdo del astillero de Puerto Progreso fue firmado de manera virtual el 24 de noviembre por Ernesto Herrera, secretario de Fomento Económico, el Gobernador Mauricio Vila Dosal y el director general de “Fincantieri”, Fabio Galla.
Aunque “Fincantieri” presumió que una vez que el astillero se ponga en marcha darán trabajo a 700 empleados de tiempo completo y otros 2 mil 500, que derivan de la cadena de proveedores y suministros, en Italia los han acusado de esclavizar al personal.
El 19 de julio de este año, obreros sindicalizados denunciaron que son “sometidos a las peores condiciones laborales y remuneración imaginables”.
En Italia, el promedio salarial mínimo, va de 10 a 12 euros la hora, con jornadas máximas de 10 horas, empero, en el conglomerado italiano ofrecen 4 ó 5 euros la hora, por 14 horas de trabajo diario, además de no gozar de vacaciones, seguridad social, aguinaldo y pago de horas extras.
“Las cantidades pagadas eran mucho menores y también se encontraron casos de pago de 4 euros la hora, las nóminas se falsificaron de alguna manera insertando un número de horas inferiores a las realmente realizadas o indicando costos que no existen. Si los empleados no tenían la intención de aceptar se vieron amenazados de alguna forma con perder sus puestos de trabajo o no renovar los documentos necesarios para el permiso de residencia”, preciso Gianluca Campana, Comandante de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Venecia, durante una entrevista con Antena 3, de la televisión regional de Véneto.
De acuerdo con el periódico italiano II Fatto Ovatidiano, los ejecutivos de la empresa “habrían recibido sobornos para favorecer a empresas bengalíes y en algunos casos también para autorizar más horas de las esperadas, con base a declaraciones falsas sobre la necesidad de terminar la obra, incumplimiento de la obra realizada o cambios en curso”.
En ese sentido, el diario Mediapart denunció que sólo 2 mil 500 trabajadores, es decir, 20% del personal, es de tiempo completo, mientras 14 mil empleados están subcontratados, con lo cual, el obrero queda expuesto a más riesgo.
Frente a las acusaciones, “Fincantieri” siempre ha salido a negar cualquier acusación, pues gracias a su buena relación con el Estado, ninguna autoridad verifica o atiende las violaciones laborales, según Mediapart.
El vínculo es meramente económico, pues en los últimos diez años, la empresa ha obtenido ganancias cercanas a los 18 billones de euros, las cuales se ven reflejadas en el Producto Interno Bruto del país.
El 6 de noviembre de 2019, el Fiscal de Venecia, Bruno Cherchi, comentó que la Policía Financiera de Italia había cateado las oficinas de algunas empresas que operan para el consorcio “Fincantieri”, tras una investigación relacionada con fraude, corrupción y explotación laboral.
Cherchi confirmó que 34 mandos eran investigados por explotación sistemática de migrantes provenientes de Bangladesh, Rumania, Marruecos y Albania.
“(La investigación pretende) constatar algunos casos de acción de dinero y otros trata que estas empresas (subcontratadas) han proporcionado algunos gerentes de ‘Fincantieri’ para obtener prórrogas de tiempo para la totalidad de estos trabajos y para estar inscrito en el registro de proveedores de ésta”, añadió Gianluca Campana.
El Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, y su predecesor, Rolando Zapata Bello, son cómplices y están coludidos en graves irregularidades que giran en torno a la construcción de millonarias obras, donde la empresa “PROSER”, de la familia Abraham Mafud, aparece como la favorita, pues se ha llevado al bolsillo numerosas licitaciones, por lo que obviamente ha engrosado su patrimonio.
AM.MX/fm
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