La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó hacer una consulta del proyecto “Rehabilitación y estabilización de la zona de playa frente al desarrollo turístico Costa Palmas”, ubicado en La Ribera, en Los Cabos, unos 20 kilómetros al norte del Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur.
La solicitud para analizar la modificación de cauces y el daño ecológico causado por la obra, fue presentada el pasado 14 de septiembre por habitantes de la comunidades.
“Obstaculizar la participación y negar la apertura de consulta pública, se contrapone a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al ratificar el Acuerdo de Escazú, el cual establece el derecho de participación en proyectos, actividades y otras autorizaciones ambientales”, comentó Andrea Cerami, gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
La respuesta fue notificada casi tres meses posteriores a la presentación de la solicitud de consulta pública, y sustenta la negativa de manera ilegal, incumpliendo con lo señalado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), respecto al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), que además, se acumula a seis negativas de apertura a consulta pública de proyectos en esta zona.
“Es preocupante la tendencia mostrada por la Semarnat durante los últimos años al cerrar los espacios para la participación de la comunidad local en los procesos de evaluación de proyectos turísticos que pretenden instalarse en la región de Cabo del Este, donde se sitúa Cabo Pulmo, uno de los ecosistemas de mayor riqueza ambiental en el Golfo de California y por el que hemos trabajado para su protección.” Comentó Judith Castro, Presidenta del Comité de Desarrollo Comunitario de Cabo Pulmo.
La consulta pública en materia ambiental es un derecho de cualquier persona y un espacio valioso para fomentar el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones que afectan a la comunidad; el artículo 7 del Acuerdo de Escazú establece que el Estado Méxicano debe asegurar y garantizar los mecanismos para la participación del público en las decisiones ambientales. La negativa de la Semarnat reduce la posibilidad de contar con todos los elementos necesarios para evaluar adecuadamente los proyectos.
Cabe señalar que el proyecto “Costa Palmas”, antes Cabo Riviera, se sometió a evaluación ante la Semarnat, de forma fragmentada desde su inicio en 2007, por lo que la autoridad no contempló los impactos ambientales de manera conjunta al emitir la autorización al proyecto. Estos impactos no considerados, obligaron a los promoventes a solicitar autorización en 2018 para modificar el cauce de los arroyos Santiago y Los Pocitos, sobre el cual fue construido el proyecto, y ahora pretende realizar obras para recuperar la playa erosionada frente al complejo turístico, situación ocasionada por sus propias instalaciones.
Hacemos un llamado a la Semarnat para que deje de autorizar proyectos sin considerar sus impactos ambientales de manera acumulada, vulnerando el derecho constitucional de las comunidades a un medio ambiente sano. Exigimos que facilite el acceso a la información y a la participación pública a los habitantes de Cabo del Este, que cumpla con lo señalado en la legislación nacional y las obligaciones adquiridas al ratificar el Acuerdo de Escazú.
