CHETUMAL.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó sancionar a integrantes del Congreso de Quintana Roo por la desaparición de más de 33 millones 611 mil 432 pesos destinados a la creación empleos y pagos de servicios profesionales.

Según el máximo órgano fiscalizador del país, los intentos de los diputados por comprobar el millonario desfalco han sido infructuosos, pues la información proporcionada “no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”.

De acuerdo con Sol Quintana Roo, los integrantes de mal llamada “Casa del pueblo” entregaron documentos absurdos en sus intentos por justificar lo injustificable. Por el contrario, el reprobable acto de saqueo del dinero público es encubierto por los legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), según se constata en el oficio número SG/SSA/002/I/2020 de fecha 9 de enero de 2020.

La presente XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo, cuya mayoría está en manos de Morena presentaron información con el propósito de atender lo observado; sin embargo, la Unidad Auditora de la ASF comprobó que los documentos proporcionada nada tienen que ver con la comprobación de la millonaria sangría.

Durante más de dos años, organizaciones civiles como “Somos tus Ojos” y el Observatorio Legislativo de Quintana Roo para que se transparenten los gastos millonarios que en 2017 y el primer trimestre de 2018, por concepto de “Ayudas sociales” se erogaron más de 112 millones de pesos, que en realidad son catalogados como desvíos de dinero.

Estos desvíos de recursos forman parte del paquete de los más 100 millones de pesos supuestamente entregados en un período de 18 meses por los diputados locales, hecho que les valió que la asociación civil “Somos Tus Ojos” por la Transparencia Quintana Roo denunciara el engaño de los legisladores.

La argucia de los congresistas para ocultar la sangría a las arcas de la mal llamada “Casa del Pueblo” fue mediante la utilización de nombres de personas que no sabían de ello que eran beneficiarios de las supuestas dádivas. Los legisladores utilizaron credenciales de electores sin su autorización y fueron incluidos en los listados de los apoyos legislativos.

Este hecho fue denunciado ante el Ministerio Público de Cancún por el delito de peculado en contra de Ana María de La Luz Hernández Ayala, directora de gestoría y apoyo a la comunidad del Congreso del Estado, y el oficial mayor, Gerardo Martínez García, luego de que la ciudadana una ciudadana hiciera una búsqueda de su nombre en Google y encontrara que el mismo se encuentra en las listas de beneficiarios de apoyos sociales, con un supuesto apoyo consistente en “refacciones automotrices”, cuando la denunciante ni automóvil tiene.

La denuncia (NUC) FGE/QR/BJ/07/9269/2018 fue turnada a la Fiscalía Anticorrupción del estado, donde el Ministerio Público encargado apenas giro oficios a las autoridades del Congreso involucradas.

La primera denuncia fue interpuesta por la ciudadana Cecilia Sánchez bajo el NUC FGE/QR/SOL/10/6074//2017 se han logrado obtener varios documentos como la lista de recepción de apoyos en la que se aprecia a simple vista que la firma de la víctima fue falsificada. El supuesto apoyo fue entregado por el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero.

Los millonarios recursos de los que disponen los 25 diputados del Congreso de Quintana Roo para apoyos sociales y la falta de transparencia en su manejo fortalecen la duda de que se trata de recursos que no se están destinando al fin para el que fueron etiquetados.

En aquella ocasión la Unidad de Transparencia del Congreso, a cargo de Hassan Medina Rodríguez, se negó a poner a la vista los documentos que comprueben el millonario gasto con el pretexto de que ya había enviado las “cajas de documentos” a la Auditoría Superior del Estado, órgano dirigido por Manuel Palacios Herrera quien en recientes solicitudes de información también se negó a poner a la vista los referidos documentos.

Sin embargo, en la actualidad, el pasado 20 de enero de 2020 la auditoría de cumplimiento número 2018-I-23000-19-1750-2019 1750-GB-GF relacionada con el cumplimiento por parte de la legislatura local de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, dio a conocer otro millonario desfalco.

Explicó que al cierre del ejercicio el presupuesto modificado del Capítulo 1000 “Servicios Personales” ascendió 315 millones 982.4 mil pesos, lo que representó un incremento de 33 millones 611.4 mil pesos, respecto a lo aprobado originalmente en el Presupuesto de Egresos del Congreso del estado Quintana Roo.

Es por ello que la Auditoría Superior de la Federación, señaló que el Congreso del Estado dijo que la ampliación en el Presupuesto de Egresos se debió a que no se consideró la creación de plazas derivadas de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado y a la expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado de Quintana Roo y el incremento real en servicios personales.

Sin embargo, una vez analizadas las justificaciones se concluye que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 13, fracción V, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que no solventa la observación.

Ante la falta de información que compruebe el destino del dinero, la ASF ordenó que el H. Congreso del estado de Quintana Roo aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 33, 611,432.74 pesos (treinta y tres millones seiscientos once mil cuatrocientos treinta y dos pesos 74/100 M.N.), por concepto de Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.

Por su parte, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo aún mantiene vigente la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) una en contra del Congreso del estado por el probable desvío de recursos públicos y su presunto uso con fines electorales, provenientes de las llamadas “ayudas sociales”.

La denuncia de hechos por el probable delito de peculado, uso indebido de recursos públicos y delitos político-electorales, fue presentada a principios de 2019 por el presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz.

Desde hace años se han denunciado la opacidad del Congreso en torno al proceso de las “ayudas sociales”, pues si bien trimestral o semestralmente en el portal del Legislativo se publica la fecha de otorgamiento de la ayuda, el número de control, el nombre de la persona beneficiaria y el tipo de ayuda otorgada, no es pública y no se da a conocer el procedimiento para otorgar los recursos, los montos individuales que se proporcionan y quienes lo autorizan.

En fin, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como organizaciones civiles han puesto en evidencia las corruptelas de los habitantes de la mal llamada Casa del Pueblo, pues al contrario es un cuchitril del saqueo y de donde salen las leyes contrarias a las necesidades del pueblo.
AM.MX/fm

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