Los representantes de Estados Unidos en México del Partido Republicano, Larry Rubin, y del Partido Demócrata, Gricha Raether, advierten que la eliminación de la subcontratación, como lo plantea el Ejecutivo Federal, traerá graves consecuencias para la economía mexicana.

Desde su punto de vista, cualquier cambio transgrede o afecta los intereses de las empresas, violentando el Tratado de Libre Comercio (T-MEC), pues está claro que no debe haber mutua agresión.

Ahí, sin duda, dijo, Reather, “puede generarse un tipo de intervención, pero está por verse hasta dónde quieren llegar ambos gobiernos”.

Coincidieron en que intentar desaparecer el outsourcing afectará las inversiones y el empleo, incluso puede ir en contra de lo firmado en el T-MEC.
Hay que destaca que, desde hace dos semanas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso una iniciativa de cambios para la Ley Federal del Trabajo por el que se pretende modificar la legislación en torno a la tercerización.

Con la iniciativa presidencial que se analiza en el Congreso, los más afectados serán los trabajadores, ya que en el país hay alrededor de 5 millones de trabajadores tercerizados, repartidos en empresas de todos los tamaños y en todas las actividades económicas (manufactura, comercio, servicios, entre otras). Muchas de estas personas o bien perderán su empleo o lo seguirán realizando en la informalidad, esto es, sin seguridad social y precarizadas.

No está de más recordar que la tercerización combate la precarización (puesto que ofrece empleos formales con pagos promedio de 4.3 salarios mínimos generales diarios al año), aumenta la productividad, reduce la informalidad laboral (en los subsectores de alta subcontratación, la informalidad ha caído del 33% al 22%) y ofrece una fuente de ingresos a sectores vulnerables, es decir, a las mujeres, a las madres solteras, a los jóvenes y a las personas con capacidades diferentes.

Otra de las grandes incógnitas es qué sucedería con los trabajadores del gobierno que son subcontratados (alrededor de 500 mil), sobre todo, ahora, cuando ya fue aprobado un Presupuesto de Egresos de la Federación que no contempla integrarlos a la estructura del sector público, dejándolos sin empleo y comprometiendo a los servicios públicos.