21/11/2020
En un comunicado emitido por la Confederación Mundial de Empleo, su presidente Miguel Pérez García, exhorta a la Camara de Diputados a proteger a los trabajadores durante la crisis de la COVID-19 por medio de medidas flexibles que incentiven el empleo; para ello convoca a los diputados a no criminalizar la subcontratación. También en dicho documento se invita a los diputados a unir esfuerzos para poder aprovechar todo el potencial de este modelo y trabajar en conjunto para dar la certeza jurídica que se requiere para operar, erradicando las malas prácticas laborales y fiscales en que incurren algunas empresas irresponsables.
Este comunicado se da en el contexto de la reciente propuesta de reforma del presidente AMLO, enviada al Congreso para reformar las leyes vigentes de contratación de empleo en México.
Cabe destacar que en México hay alrededor de 5 millones de personas que actualmente trabajan por medio de la de subcontratación, por lo que eliminar la subcontratación legal significaría un duro golpe para la economía nacional, ya que millones de empleados dependen de dicho modelo de contratación.
H. CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
P R E S E N T E
La subcontratación es una actividad legal en México, capaz de crear empleos formales a gran escala y de incentivar el desarrollo económico. Se trata de un esquema ampliamente utilizado en los países más desarrollados, en especial, en Canadá y Estados Unidos, principales socios comerciales de México.
En México hay alrededor de 5 millones de personas que actualmente trabajan de manera legal por medio de algún esquema de subcontratación. Sin embargo, al igual que todos los países del mundo, México está resintiendo los efectos económicos y laborales provocados por la pandemia.
De acuerdo con datos oficiales publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el primer semestre de 2020, se perdieron un millón 113 mil 677 empleos formales. La cifra es elevada, mas no contempla ni los desempleos de la informalidad ni aquellos autoempleos y emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan el 99.8% de las unidades económicas del país.
La subcontratación puede contribuir positivamente a solucionar los problemas que México enfrenta ya que fortalece la creación de empleos formales, apoya a grupos vulnerables de la población y aumenta la productividad. Es un esquema transversal pues forma parte de todas las actividades económicas e impulsa a las empresas de cualquier tamaño (micro, pymes y grandes).
Sin embargo, el pasado 12 de noviembre, el Ejecutivo Federal mexicano anunció que haría llegar a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para prohibir la subcontratación de personal y regular tanto la prestación de servicios especializados, como a las agencias de colocación.
Desde WEC Latam pensamos que la prohibición de la subcontratación laboral causaría una grave afectación a la economía de México, ya que se perderían una cantidad muy importante de empleos debidamente remunerados, que impulsan la recuperación económica. Además, se desincentivaría la inversión, puesto que muchas empresas recurren a ella como una manera de conseguir personal capacitado para poder concentrarse en sus actividades centrales.
Por otra parte, dificultaría el cumplimiento de los acuerdos laborales del T-MEC, ya que este tratado busca homologar las condiciones de trabajo de América del Norte, donde hay, cuando menos, 25 millones de trabajadores en algún esquema de outsourcing.
Como Presidente de la Confederación Mundial de Empleo para América Latina, siento la necesidad de señalar que es precisamente ahora cuando se tiene que aprovechar con mayor intensidad y responsabilidad la subcontratación.
Las empresas de tercerización son una solución inmejorable para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia, ya que permiten crear empleo formal, proteger a los empleados, hacer más eficientes los costos y contar con modelos innovadores y focalizados en materia de gestión de personal.
En ese sentido, quiero destacar el llamado que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para no criminalizar la subcontratación y, especialmente, proteger a los trabajadores durante la crisis de COVID-19 por medio de medidas flexibles que incentiven el empleo.
Finalmente, considero indispensable que las autoridades, el sector privado y la sociedad civil de México unan esfuerzos para poder aprovechar todo el potencial de este modelo, ofreciendo la certeza jurídica que se requiere para operar, erradicando las malas prácticas laborales y fiscales en que incurren algunas empresas irresponsables.
ATENTAMENTE
Miguel Pérez García
Presidente Confederación Mundial de Empleo América Latina
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