Francisco Gómez Maza

¿De veras cumplen los policías investigadores?

Difícil, pero su tarea es buscar la aguja en un pajar

México sigue marcando el peso de las vergüenzas y el dolor por el duelo. ¡En el mundo!
Es la nación con más asesinatos de periodistas. Es la nación con más asesinatos en 2019, con 12 colegas liquidados (se escucha muy feo, pero eso fueron: liquidados).
México ocupó el segundo lugar en 2018, sólo superado por Afganistán, en donde fueron asesinados 13. Pero México no enfrenta un conflicto bélico de las proporciones del de aquel país, en donde el “terrorismo” se ensaña contra la población civil, sin ningún miramiento.
En tan sólo tres años, entre las postrimerías del sexenio del defenestrado Enrique Peña y los primeros dos años del mandato de
Andrés Manuel López Obrador (2017-2020), el líder de la “Cuarta trasformación”, la estadística registró cuatro desaparecidos y 39 asesinados.
A los muertos no podemos revivirlos, pero a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes sí descubrirlos. Nada es imposible en este mundo.
Pero los fiscales que atienden la seguridad de los periodistas parece que no hacen su trabajo.
Se entiende que buscar a un criminal es una tarea harto difícil. Es como buscar una aguja en un pajar.
Pero ese es el trabajo de los policías investigadores. Para eso les paga la Tesorería, con dinero del pueblo, como lo reitera diariamente el presidente de la república. Buscar una aguja en un pajar. Encontrar a los asesinos y meterlos en la cárcel. Y si fuera posible, de por vida. (Creo que quienes son los indicados, el presidente de la república, los diputados, los senadores, creo que también la Suprema Corte, deberían iniciar una reforma legal y constitucional para penalizar con periodos largos de tiempo a los asesinos. Que jamás salgan a las calles porque son un peligro para la sociedad.
Pero como lo denuncia Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), “la constante en los delitos contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en México ha sido la impunidad; más de 90% de los casos no logra ser investigado de manera efectiva, situación que niega el derecho a la justicia”.
Llevamos dos años de puras proclamas contra la corrupción, contra la hipocresía, contra la simulación, contra la impunidad, contra la contra… y qué quieren que haga en este espacio. Sólo denunciar. No me queda de otra.
Algo se podría lograr para privilegiar la seguridad de los periodistas y las periodistas con campañas de información, pero sobre todo persiguiendo a los criminales hasta cazarlos y llevarlos a un juzgado imparcial que no se venda.
En materia de información y divulgación, que es hasta donde puede llevar su acción en territorio mexicano, la Organización de las Naciones Unidas acaba de presentar a la opinión pública la plataforma denominada Puntal, destinada a informar en torno a los hechos criminales de violencia contra reporteros y analistas de la realidad mexicana. Que no se sientan desprotegidos. Que sientan que las autoridades los protegen.
Aprovechando la ocasión de la presentación de Puntal, el director del Centro de Información de Naciones Unidas en México, Giancarlo Summa, dejó establecido que los datos que se ofrecen en la plataforma podrían ser de utilidad para erradicar el ambiente hostil en el que se desenvuelven los comunicadores.
A DESFONDO: Organizaciones de derechos humanos llamaron a modificar el dictamen que reglamenta la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, así como a reflexionar acerca de las consecuencias que este conjunto de propuestas ocasiona en las libertades y derechos, y plantear mecanismos que puedan contrarrestarlas, empezando por revisar las políticas de persecución penal de las fiscalías. De acuerdo con el World Prison Brief del Institute for Crime and Justice Policy Research, para abril de 2019 había un total de 198,384 personas privadas de su libertad en México; de ellas, casi el 40% se encontraba en prisión preventiva. “La prisión preventiva oficiosa es una medida ineficiente, costosa y autoritaria que refleja un desprecio importante por la presunción de inocencia que deberían respetar y proteger todas las democracias”, advirtieron las organizaciones, quienes recordaron que este catálogo de delitos, contenido en el artículo 19 constitucional, nació en 2008 como una de las herramientas de la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón.

“La prisión preventiva oficiosa es una medida ineficiente, costosa y autoritaria que refleja un desprecio importante por la presunción de inocencia que deberían respetar y proteger todas las democracias”, advirtieron las organizaciones, quienes recordaron que este catálogo de delitos, contenido en el artículo 19 constitucional, nació en 2008 como una de las herramientas de la guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón.
“En ese sentido, es parte de un sistema encaminado a la militarización y la erosión de los derechos que hoy se profundiza. Diversos organismos regionales e internacionales de derechos humanos han hecho llamado la atención sobre el uso extendido de este mecanismo en México”, agregaron.
De acuerdo con el World Prison Brief del Institute for Crime and Justice Policy Research, para abril de 2019 había un total de 198,384 personas privadas de su libertad en México; de ellas, casi el 40% se encontraba en prisión preventiva.

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