AYALA, MORELOS.- Conforme avanzan las pesquisas, en base a declaraciones ministeriales de algunos de los detenidos y testimonios de testigos bajo protección, salen los “trapitos al sol”, así como el ex gobernador Roberto Borge Angulo “blanqueaba” miles de millones de pesos que sustrajo de las arcas quintanarroenses.
Durante su administración cometió todo tipo de delitos acogido por el poder que ostentaba como gobernador de Quintana Roo, incluso desvió 400 millones de pesos hacia la “Fundación Borge”.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, la presidencia de la Fundación pertenecía, a quien lo entregó a las autoridades de la Interpol, la ex diputada federal Gabriela Medrano Galindo, su última pareja sentimental.
Este mes de octubre se cumplirán tres años y cuatro meses de la detención del ex gobernador Roberto Borge Angulo -4 de junio de 2017- y 2 años y nueve meses de su extradición -4 de enero de 2018-.
LA FUNDACIÓN BORGE
Luego de la detención del ex mandatario cozumeleño comenzó a sonar con mucha fuerza el nombre de la “Fundación Borge”, con la que pretendía obtener reconocimientos y donativos a nivel nacional e internacional.
Tras los nuevos indicios encontrados, la Subprocuraduría Especial de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada abrió una nueva línea de investigación para establecer de qué manera creó y desapareció la fundación, supuestamente altruista, con la que aseguraba que brindaría bienestar a los quintanarroenses, aunque en realidad sólo la inventó para disponer de un recurso casi perfecto con el que lavaría miles de millones de pesos.
La “Fundación Borge”, cuyo lema principal era: “Realizando buenas acciones”, afirmaba en sus enunciados contar con un alto sentido de responsabilidad, cuyo principal enfoque sería solucionar problemas sociales bajo la premisa de “la mejor inversión es combatir la pobreza”.
Investida de una falsa filantropía, la fundación aseguraba en uno de sus preceptos que “la sociedad moderna se sustenta en el bienestar de los demás”, y que las fundaciones funcionaban mejor cuando se apoyaban con la infraestructura de empresas socialmente responsables, de ahí su constante gestión ante empresarios para recibir donativos que ayudaran a más y más personas de grupos vulnerables.
Educación, Salud y Bienestar, fueron en teoría sus prebendas principales para fomentar, desarrollar, proteger y apoyar actividades que beneficien y mejoren la calidad de vida de los grupos más vulnerables en Quintana Roo.
Respecto al modus operandi para “lavar” no sólo el dinero desviado del erario, sino el proveniente de otras acciones ilícitas, resultaba simple, toda vez que el gobernador, máximo mando del Estado, era al mismo tiempo quien controlaba toda clase de movimientos dentro de la fundación.
De esa manera, resultaba simple simular el recibimiento de millonarios donativos y al mismo tiempo, dizque destinarlos a obras que no se llevaban a cabo, como deportivos, escuelas y otra clase de eventos, como en los sectores salud y educación, donde lo mismo aseguraban haber entregado becas, computadoras y otros implementos, así como aparatos e instrumental médico.
No obstante, las investigaciones de la SEIDO apuntan a que solamente se trató de una más de las artimañas del ex gobernante para poder lavar parte de los miles de millones de pesos que obtuvo de manera ilícita, por lo que ya intensifica sus indagatorias para confirmar la existencia o no de la citada fundación y de resultar cierta, reunir los elementos suficientes para hacérselos llegar al juez de la causa.
La ambición desmedida del ex gobernador Roberto Borge Angulo llegó a extremos superlativos, puesto que no sólo se conformó con saquear más de 11 mil millones de pesos al erario público, sino que además creó la Fundación Borge, con la cual tenía planeado “blanquear” el dinero obtenido del gobierno de Quintana Roo y seguir recibiendo millones de pesos del Estado.
De acuerdo con los documentos en manos de Sol Quintana Roo, el ex mandatario estatal tenía programado una serie de “actividades” sociales que le servirían para desviar o blanquear el dinero del erario público de manera legal.
Borge Angulo, sin escrúpulos ni mucho menos vergüenza entregó la presidencia de dicha Fundación a quien lo entregó a la interpol para que fuera detenido en Panamá, su última pareja sentimental, la ex diputada federal Gabriela Medrano Galindo.
Este mes de octubre se cumplirán tres años y cuatro meses de la detención del ex gobernador Roberto Borge Angulo (4 de junio de 2017), así como dos años y nueve meses de su extradición (4 de enero de 2018).
Sin embargo, su caso se mantiene estático, tanto por los recursos legales que su defensa ha interpuesto ante los juzgadores, como por la crisis sanitaria derivada de la pandemia que paralizó las actividades en los recintos judiciales.
HISTORIAL
El ex gobernador de Quintana Roo fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, en base a una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero de más de 900 millones de pesos, información que dio a conocer en exclusiva Sol Quintana Roo.
Su localización y detención se logró entonces gracias al trabajo coordinado de las autoridades federales, quienes dieron cumplimiento a la ficha roja, tras la orden de aprehensión girada el 31 de mayo de 2017, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 22 de septiembre de 2016, dos días antes de que concluyera su gestión, Borge Angulo se reunió con Carlos Manuel Joaquín González, su sucesor, para tener una entrega-recepción “amigable”; pero, el 25 de septiembre ya no se presentó a la ceremonia y desde entonces se le perdió la pista.
En ese momento no había ninguna orden de aprehensión en su contra, así que tranquilamente se dedicó a recorrer mundo, paseando por Miami, Florida; Cuba, Guatemala y Panamá, donde estuvo hospedado en la Torre Trump, uno de los hoteles más exclusivos donde pagaba por noche más de 25 mil pesos.
La orden de aprehensión fue girada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro Federal Penal de Nezahualcóyotl, el miércoles 31 de mayo, pero Borge Angulo no se enteró que ya lo buscaban, creía que había dejado todo “arreglado” así que no se tomó la molestia de ocultarse.
De tal manera que fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo que lo llevaría a París, Francia y de ahí viajaría a Madrid, España, donde pensaba radicar.
Tras su captura fue llevado al penal El Renacer, en donde gozaba de privilegios, pero aun así pretendió escapar tratando de sobornar a un custodio. Al descubrirse el intento de fuga fue cambiado a la prisión de la Policía Nacional de Panamá, el 22 de septiembre de 2017. En ese sitio permaneció cuatro meses, hasta que el 4 de enero de 2018 fue extraditado a nuestro país y puesto a disposición del juez de la causa.
Durante el tiempo que duró su proceso de extradición –al que siempre se opuso–, la hoy Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Quintana Roo, establecieron también la presunta responsabilidad de Roberto Borge Martín y Rosa Yolanda Angulo Castilla, padres del ex mandatario estatal, como copartícipes en el delito de lavado de dinero.
En su defensa intervinieron los abogados Juan Antonio y Juan Ramón Collado Mocelo, cuyo objetivo era retrasar al máximo la extradición del ex gobernante, señalado como el más grande saqueador de Quintana Roo. Ahora, Juan Antonio también está preso por el delito de delincuencia organizada.
Borge Angulo delinquió en Quintana Roo, se le detuvo en Panamá, se le juzga en el Estado de México y se encuentra recluido en el Centro Federal de readaptación Social (CEFEREPSI), en el estado de Morelos, una prisión diseñada para atender a reos con desórdenes mentales.
Según la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, de la Fiscalía General de la República, el ex mandatario quintanarroense (2011-2017) es acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por 900 millones 99 mil 418 pesos, de acuerdo a la causa penal 381/2017.
Además se le involucra con la compra de predios que fueron entregados a cambio de precios subvaluados a través de prestanombres, y la compra ilícita de embarcaciones para la empresa “Barcos Caribe”.
Según la entonces Procuraduría General de la República, Borge Angulo y su gabinete, entre 2011 y 2014, remataron 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel, cuyo valor comercial aproximado es superior a los 5 mil millones de pesos.
Roberto Borge, nació en la isla de Cozumel el 29 de diciembre de 1979. A la edad de 32 años fue gobernador de Quintana Roo, del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016 y fue presentado como la “sangre nueva” del PRI.
Al término de su mandato quería que lo sucediera su “delfín”, José Mauricio Góngora Escalante, en ese entonces presidente municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), al que apoyó por todos los medios, pero no lo logró.
Nada presagiaba que su vida cambiaría radicalmente, lo mismo que la de su ex favorito, José Mauricio Góngora Escalante, que también sería capturado el 25 de enero de 2018, tan sólo 20 días después de que Borge Angulo fuera extraditado a México.
A la fecha, su fallido sucesor está sujeto también a proceso por el delito de quebranto al Erario por 594 millones de pesos, durante su desempeño como alcalde de Solidaridad.
Tan sólo 15 años duró la carrera política de Borge Angulo, pero le bastaron cinco para convertirse en uno de los mayores depredadores de Quintana Roo, hasta causarle un quebranto de más de 20 mil millones de pesos, en complicidad con más de 80 individuos, entre familiares, amigos, colaboradores, empresarios, jueces, notarios, etcétera.
La red de complicidades que tejió durante su mandato, incluidos sus padres que se encuentran prófugos, así como amigos, jueces, notarios, miembros de su gabinete, servidores públicos y empresarios, nacionales y extranjeros, fue para desviar, malversar y saquear las arcas estatales, causando un multimillonario quebranto al estado, sin precedentes, resultando más voraz que sus antecesores.
Otra de las múltiples aristas en las fechorías de Borge, fue la “Fundación Borge”, un programa fachada para desviar recursos y lavar miles de millones de pesos, bajo el argumento de que brindaría bienestar a las clases desprotegidas, aunque en realidad sólo era para disponer de un recurso con el que lavaría miles de millones de pesos.
Por otra parte, la empresa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V, mejor conocida como Barcos Caribe, propiedad de la familia Borge, fue otra variante del ex gobernador para el lavado de dinero y terminó por desaparecer luego de las indagatorias de la FGR.
Roberto Borge Martín, padre del ex mandatario, a quien se le atribuye la autoría del atentado en contra de uno de los ferrys, se encuentra desaparecido, las autoridades dicen que está prófugo, desde la fecha del siniestro, el 21 de febrero de 2018.
Otra línea de investigación que se encuentra abierta, es su presunta relación con el narcotráfico, mediante la ex agente federal, Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, que se convirtió en jefa del Cártel de Cancún y “pasó desapercibida” durante el mandato del político cozumeleño.
La detención de la mujer, fue posible hasta casi un año después de que Borge Angulo concluyó su gestión y está sujeta a proceso.
Entre los compinches que aún están prófugos y que son considerados como los más importantes y contra los que hay orden de aprehensión, figuran: Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Eliézer Villanueva Lanz, ex subsecretario Técnico Hacendario, dos funcionarios de primer nivel en la administración Borgista.
También son considerados fugitivos sus padres, Roberto Borge Martín y María Rosa Yolanda Angulo Castilla, quienes tuvieron participación activa en los latrocinios de su hijo.
Así, el juicio de Borge Angulo va para largo, pues el juez de vinculación a proceso, le ha concedido prórrogas a la defensa, hasta por un plazo de dos años para que aporte pruebas a favor de su inocencia.
Una vez agotado ese plazo, el juez de vinculación a proceso analizará las pruebas aportadas por una y otra parte y determinará cuáles admite y cuáles rechaza. Hasta ahí concluye su labor, pues a partir de ese momento deja de tener injerencia en el proceso y envía las pruebas al juez que llevará la causa, mismo que no ha conocido nada del expediente y quien será finalmente el que dicte su fallo.
Pero como indicamos líneas arriba, aún hay un largo trecho por recorrer, pues se dan casos en que una vez que el juez juzgador y dictaminador recibió el expediente, se lleva hasta años en examinar y estudiar las pruebas para poder llegar a una resolución definitiva.
Así, Borge Angulo seguirá bajo prisión preventiva oficiosa, sin que haya una fecha límite, no obstante que está bajo dicha medida cautelar desde el 5 de enero de 2018 en que fue vinculado a proceso, es decir que lleva dos años y seis meses tras las rejas, desde que lo extraditaron de Panamá y tendrá que esperar el tiempo que el juzgador considere pertinente para dar a conocer su veredicto final.
AM.MX/fm
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