Las elecciones intermedias en México, tradicionalmente para elegir únicamente a una nueva Cámara de Diputados, siempre han sido desairadas por los posibles votantes. Esas elecciones, como las que vienen en 2021, han sufrido por falta de credibilidad.

El gobierno de López Obrador cambió esa percepción. Con una aplastante mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, el partido Morena ha aprobado cosas que ningún otro gobierno se hubiera siquiera atrevido a proponer.

Lo más trascendente ha sido la aplicación de la política de la llamada “austeridad republicana”. Bajo un descarado disfraz retórico: “no puede haber un gobierno rico y pueblo pobre” el morenismo se ha dedicado al desmantelamiento del Estado mexicano.

Y todo ello para que brigadas compuestas por militantes de Morena puedan recorrer el país regalando dinero en efectivo, comprometiendo votos para Morena en 2021.

La obsesión del Presidente de la República es ganar las elecciones el próximo año.  Y sabe que la elección no es cualquier proceso: es un referéndum sobre su gestión. En este contexto, el gobierno y su partido quieren ganar las elecciones a como dé lugar. Para ello cometerían hasta un fraude en una escala nunca vista.

López Obrador ha querido anclar las cuatro principales banderas con las que llegó al poder en la Constitución y las leyes: Un Gobierno austero, el fin de la corrupción y la impunidad, acabar con la inseguridad y terminar con la desigualdad. Cuando no ha podido hacerlo por esta vía, ha recurrido a los “acuerdos” y “decretos”.

Mismos que constituyen un abuso de autoridad, como la reducción “voluntaria” de los sueldos de los funcionarios públicos, figura legal que no existe o, más grave, el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta 2024. Otras más invaden las competencias de los órganos autónomos (fijación de los sueldos de sus integrantes) o de las entidades federativas (creación de la figura de superdelegados).

Estos últimos, van por lo bajo y haciendo poco o casi ningún ruido y están ahí como apéndices de los gobernadores.

Y, a ver… El pasado 30 de julio, el subsecretario rockstar, Hugo López-Gatell, en reunión con gobernadores del país pidió sanciones penales para los mandatarios que cambien de color el semáforo epidemiológico.

En ese momento, el gobernador Mauricio Vila alertó de las sanciones administrativas o penales que se pretenden implementar a los gobernadores.

Al día, siguiente, el rockstar, aclaró, que no estaba amagando a los gobernadores de los estados con imponer sanciones si no respetan los lineamientos. “No es amago, es claridad, es franqueza y es sobre el marco de la ley plantear las cosas como son (…) La manera en que actúa el gobierno de México no es con amagos (…) Este tema de sanciones deriva de la ley, que ni siquiera nos tocó ser partícipes de la creación”, señaló el funcionario.

“La Ley General de Salud estableció este esquema de concurrencia en 1984, cuando se creó. Yo estaba en la secundaria. Entonces no hay amago”, añadió el funcionario.

Lo anterior, luego de que circulara en algunos medios de comunicación que López-Gatell había tenido diferencias con los gobernadores que participaron en la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Así, quedó flotando en el aire, los mandatarios de los estados que cambiaran de color el semáforo epidemiológico recibirían sanciones penales.

Entonces, el Congreso aprobó la creación de una figura que funge como enlace entre las secretarías de Estado y los gobiernos estatales: los superdelegados.

Éstos tienen a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la supervisión de los servicios y los programas a cargo de las secretarías, las dependencias y entidades.

López Obrador y su equipo defienden a los superdelegados. La propuesta aprobada por el Congreso señala que esta figura busca una simplificación administrativa y conservar solo las delegaciones que sean necesarias, pues actualmente existen 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de diversas dependencias que sirven de enlace entre las dependencias federales y los gobiernos estatales.

Estos personajes, también verifican las acciones estratégicas y supervisan que se cumpla la prestación de servicios y trámites de las dependencias federales en los estados.

Los superdelegados, son los encargados de promover los planes y programas que emprenda el López Obrador…

La idea de los superdelegados da la impresión de ser más bien una fábrica de precandidatos, un gobierno centralizado y un presidencialismo retrógrada.

Es un desdén completamente inaceptable pero, ¿notan la conexión? “Esta pandemia nos cayó como anillo al dedo…” Desde muy arriba y hasta sacando provecho de la pandemia en nuestro país el plan está en marcha: si un gobernador “cae” por malos manejos de la emergencia sanitaria, inmediatamente pondrán en acción a los superdelegados, quienes con una figura perfectamente avalada por la 4T, actuarían como ¡Los operadores de Morena!

@AletiaMolina