CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un exhorto la Comisión Permanente solicitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) evitar la suspensión y, en su caso, reestablecer el suministro de energía eléctrica por falta de pago a usuarios de servicio doméstico, a las micro, pequeñas y medianas empresas, y a los Organismos Operadores de Agua o Prestadores de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento.
También requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CFE que, de manera coordinada, analicen la posibilidad de establecer una estrategia para la puesta en marcha de mecanismos de diferimiento de pago y adeudos por el suministro de energía eléctrica de dichos usuarios.
Lo anterior, durante y hasta siete días naturales que concluya la vigencia del “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020 o, en su caso, hasta siete días naturales posteriores a que la autoridad competente dé por terminada la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus mencionado.
Las y los legisladores que integran la Comisión Permanente, también conminaron a la CFE a llevar a cabo reuniones estatales en las que participen legisladores federales, autoridades locales y municipales, así como representantes de la sociedad civil, con el propósito de analizar y encontrar alternativas y soluciones a los adeudos en hogares, clínicas, hospitales, comercios, empresas, productores del campo, industrias, organismos de agua potable y edificios de gobierno.
En el dictamen se expone que derivado del Acuerdo por el que declara la emergencia sanitaria, la población ha respetado la indicación de quedarse en su hogar, con lo que se modificaron sus hábitos de consumo de energía eléctrica, se incrementó la demanda y como consecuencia, se excedió el límite de la tarifa eléctrica, provocando la reclasificación a la Tarifa DAC y, por consiguiente, incrementando su facturación y presentando el riesgo de incurrir en adeudos por falta de pago.
El acuerdo emitido por la SHCP para establecer el mecanismo de fijación de tarifas por el periodo de emergencia tuvo la finalidad de apoyar a la economía de las familias mexicanas ante la contingencia sanitaria, agrega el documento.
El 9 de junio, de acuerdo con lo señalado en el dictamen, la CFE informó que derivado del acuerdo de la SHCP, no cobró 3 mil 799 millones de pesos en los meses de abril y mayo, beneficiando en abril a un millón 200 mil hogares, y en mayo, a más de dos millones.
Con el acuerdo y ante el aumento del consumo de electricidad en los hogares del país, se evita la reclasificación de tarifas eléctricas, lo que ocasionaría que en los hogares se pagara el precio real de la energía, es decir, cuatro pesos por Megawatt hora (MWh), en lugar de un costo subsidiado de hasta 80 centavos por MWh.
Además, señala que no es viable que se deje de realizar dichos cobros, ya que debe cumplir sus obligaciones de pago con los proveedores de combustibles y con los productores privados de energía. Añade que de acuerdo con la visión social de la CFE sus costos no incluyen margen de ganancia, contrario a lo que sucedería con una empresa privada.
En el debate, la senadora Dolores Padierna Luna, de Morena, precisó que para resolver el tema de las tarifas eléctricas, del servicio continuo y del déficit por subsidio a empresas privadas, se tiene que resolver los problemas estructurales del país, como el pago de tarifas de privados, la tarifa de productores independientes, y las perdidas por compañías de auto abastecimiento, entre otras.
Además, hizo referencia a diversos actos de corrupción realizados por funcionarios de administraciones pasadas, en la configuración de la reforma energética.
Por el PAN, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román destacó que, en medio de la crisis sanitaria, se ha visto un incremento de 10 hasta 80 por ciento en el cobro a usuarios y durante el confinamiento se cortó la luz a más de 700 mil hogares, dejando de lado la empatía y la crisis económica.
Este punto de acuerdo deja precedente positivo en defensa de los derechos de los ciudadanos, mismo que debe ser escuchado y tomado con empatía por la CFE.
El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, dijo que el dictamen atendió la mayor parte de las propuestas de los legisladores, pero lamentó no haber ampliado los resolutivos porque se pudo ampliar el apoyo a los ciudadanos en momentos de necesidad.
Señaló que no se aceptó la comparecencia del titular de la CFE para que aclarara dudas y otros temas que se pudieran plantear por las y los legisladores.
Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, dijo que la reforma energética hizo pedazos a la CFE y destacó que ésta fue votada con la ayuda de sobornos.
Agregó que en la actual administración no se han incrementado los impuestos, ni los costos de gasolina y energía eléctrica, y se apoya a los más necesitados. Al mismo tiempo, rechazó los subsidios otorgados a empresas extranjeras en materia energética.
El senador chiapaneco Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, destacó el actual sentido de sensibilidad social de la CFE. Hoy, dijo, esta instancia lleva energía eléctrica a todos los hogares y ayuda a la población en esta temporada de contingencia.
Sostuvo que no se ha cortado la luz en zonas periféricas, y recalcó que sería lamentable quedarse sin este servicio tanto en los hogares, como en clínicas y hospitales, pues es fundamental para atender la emergencia.
Del Partido Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García lamentó el incremento en las tarifas eléctricas y que durante la pandemia por el Covid-19, se haya dejado sin servicio a familias mexicanas por la falta de pago. Se dejó sin luz a más de medio millón de personas, lo cual, calificó como un acto inhumano.
Añadió que existe falta de empatía y de solidaridad, pues la CFE reportó ganancias por 25 mil millones de pesos. Llamó a los legisladores a aprobar el Ingreso Vital para la población.
Del Grupo Parlamentario del PES, la senadora Sasil De León Villard resaltó el cierre de micro y pequeñas empresas, por no obtener ingresos debido a la pandemia, aunado al cobro excesivo de luz a diversos usuarios.
Remarcó la urgencia de encontrar alternativas para garantizar el suministro de energía eléctrica a todos los usuarios, por ser un servicio de extrema necesidad.
En una segunda ronda de participaciones, hizo uso de la palabra el senador Cruz Pérez Cuellar, de Morena, quien se manifestó a favor del dictamen. En el mismo sentido, el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del PAN; la diputada Dulce María Sauri Riancho, del PRI; el senador Rubén Rocha Moya, de Morena; y la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del PES.
AM.MX/fm
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