Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.cm.mx
Como anillo al dedo cayó la extradición del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a una Cuarta Transformación (4T) pasmada e impotente ante los embates de tres jinetes del apocalipsis que sacuden al país: la pandemia de Covid-19, la depresión económica y una incontrolada inseguridad. Y es que, tras la aprehensión y eventual vinculación a proceso del ex funcionario, se encendió un atractivo foco de atención al tema del combate a la corrupción, bandera de campaña del candidato presidencial, que levantó grandes expectativas, pero con pocos resultados hasta el momento.
Apuntar las baterías hacia quién pudiera aportar información para continuar la investigación de un escandaloso caso de corrupción, a nivel internacional, iniciada y congelada a finales del sexenio pasado, bien valía una negociación. En particular, si el material pudiera resultar explosivo, con efectos colaterales. Se dice que la iniciativa partió del lado del imputado, que, para la contra parte, resultó oro molido.
Un acuerdo, con beneficios para ambas partes, precedió a la aceptación para ser juzgado en nuestro país. Para el presunto culpable, la posibilidad de obtener, desde una reducción en la pena aplicable por los delitos que pudiera ser condenado, hasta la posibilidad, en el extremo, de salir librado del ejercicio de la acción penal en su contra, bajo el criterio de oportunidad, siempre y cuando aporte “información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa” (CNPP Art.256). Consideración esta última, muy delicada, que tendrá que meditar a fondo la autoridad, por que la línea de separación entre este beneficio y la inaceptable impunidad, es muy delgada.
Por su parte, la autoridad se beneficia con la información que ayude a la investigación del caso, a la detección de presuntos responsables y a la aplicación de las sanciones correspondientes. Aunque siempre existe la posibilidad de que el material proporcionado puede tener otros alcances, más allá de la estricta aplicación de justicia, lo que permitiría ampliar la jugada a otros campos de oportunidad, que, en estos difíciles tiempos, recordemos la presencia de los tres jinetes apocalípticos, e iniciada ya, de hecho, la temporada electoral de 2021, resulta, políticamente, muy capitalizable y un buen distractor.
A casi dos semanas de que el extraditado llegó al país, los términos del debido proceso no se ven muy claros. Desde su arribo al aeropuerto hasta su traslado a un hospital privado, sin una escala obligada ante un juez, que determinara, legalmente, la necesidad de su internación hospitalaria, el operativo rompió con la ortodoxia de la ley. Y que decir de las diarias filtraciones mediáticas, como avances de series de televisión, sobre los contenidos de la información que Emilio Lozoya habrá de proporcionar, cuando ni siquiera había sido presentado ante un juez ni se había celebrado la audiencia inicial.
Aun antes de que el proceso iniciara, ya contábamos con información sobre lo que el ex director de Pemex, supuestamente, habrá de revelar ante la autoridad judicial. Se dio a conocer, vía filtraciones, la existencia de 12 videos con 16 horas de grabación, que el imputado entregará a las autoridades, en los que aparecen legisladores y dirigentes de partidos de oposición recibiendo sobornos; se publicó la identidad de varios de ellos; estamos enterados de la entrega de los millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht hizo, a cambio de algunos contratos con Pemex; se ha dicho cuál fue le destino de estos millones y quién dispuso de ellos. Entre mucho de lo que mediáticamente ha estado circulando y que, hasta que se acredite su veracidad ante la autoridad competente, queda como meros rumores.
En fin, que todo parece responder a una estrategia, en la que la razón política y sus motivos se están anteponiendo a la plena y llana impartición de justicia. Porque, con el señuelo de combatir la corrupción, se exhibe, juzga y condena, mediáticamente, a quienes se considera enemigos de la 4T, sin proceso de por medio. Se golpea y desacredita a la oposición, ante la proximidad de una elección para la que Morena no parece estar a la altura y cuyo traspiés puede poner en aprietos al proyecto presidencial. Y, finalmente, oportunidad para desviar un poco la atención de los graves problemas cotidianos que están golpeando al país y lo están llevando hacia la peor crisis de su historia moderna.
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