CIUDAD DE MÉXICO.- Edgar Álvarez, Presidente del Frente de Comerciantes Colaboradores del Servicio Público de Mercados de México A.C., a nombre de los locatarios en 329 mercados de la capital del país responsabilizó al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheibaum, de provocar el cierre de más de 50 mil negocios familiares en los mercados públicos con daño colateral a medio millón de personas vinculadas a estos negocios, de manera directa e indirecta, como resultado de una inexistente política pública de contención ante la pandemia COVID-19 y crisis económica.
Precisaron que ello representa el 80 por ciento del total de negocios existentes en los mercados públicos de la CDMX quienes no han podido abrir por ser considerados giros no esenciales mientras que el 20 por ciento restante está sobreviviendo con una baja en ventas superior al 70 por ciento y bajo la amenaza, por parte de verificadores y/o inspectores, de cerrarles el local por alguna infracción que ellos consideren.
Por ello, sostuvieron comerciantes de mercados como la Merced, Jamaica, Martínez de la Torre, Independencia y Río Blanco, adheridos al Frente, el Jefe de la Nación y la Jefa de Gobierno, “son indolentes y omisos ante la crisis que vive este sector pues con su silencio para resolver las demandas de comerciantes solo avalan la extorsión y quiebra de negocios familiares en plena crisis económica nacional y contingencia sanitaria con el COVID-19”.
Sostuvieron que la extorsión en los mercados públicos de las Alcaldías Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Benito Juárez está al orden del día no solo por el cobro de gel antibacterial para ofrecer a los consumidores que ingresan a hacer sus compras sino porque solo una vez al mes se están sanitizando los mercados por parte de la autoridad correspondiente mediante la contratación de empresas privadas cuando debería ser con más frecuencia por el manejo de alimentos.
Aunado a lo anterior está la negativa de las autoridades a permitir, al 30 por ciento de aforo, la apertura de las cocinas en mercados públicos así como la apertura total de giros como zapaterías, estéticas, bisutería, florerías y dulcerías bajo el pretexto del Semáforo Naranja.Sin embargo, argumentaron los afectados, sí permiten dichos giros en establecimientos fijos conocidos como negocios de barrio lo que habla de acciones discriminatorias.
Dejaron en claro que si no salen a las calles a protestar o bloquean oficinas institucionales es debido a la urgencia de subsistir económicamente y a las amenazas de revocación de cédula por parte de los inspectores quienes aplican multas de hasta 3 mil pesos sin fundamentos legales cuando no detectan la instalación de gel o uso de cubre bocas y el cobro se hace sin entrega de contra recibo oficial.
Acompañados de Edgar Álvarez, Presidente del Frente antes citado, los comerciantes informaron que aunado a lo anterior está la modificación de horario (08:00 horas a 17:00 horas) en la apertura y cierre de los mercados públicos lo que está dañando las ventas además de que al estar obligados a abandonar el mercado en la hora establecida, se ha alterado el tratamiento de alimentos perecederos por parte de los locatarios vinculados a frutas y legumbres, tablajeros, pescaderías y pollerías.
Al manifestarse a las afueras de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, demandaron garantizar la subsistencia de los mercados públicos, restablecer el servicio médico en estos centros de trabajo y capacitar a los comerciantes en los procedimientos de sanitización para no depender de externos.
En mensaje a medios, los liderazgos de los mercados públicos reiteraron que al carecer del Servicio Médico Preventivo como servicio social el consumidor final está dejando de acudir a los mercados a pesar de las estrategias sanitarias que éstos han aplicado.
Lo peor, señaló Edgar Álvarez, es que “el Presidente y la Jefa de Gobierno, a pesar de los escritos que les hemos hecho llegar (incluidas las redes sociales como Twitter y Facebook) del cierre de carreteras y vialidades, hasta el momento su silencio es la respuesta. La indolencia e insensibilidad mostrada por ustedes y por sus colaboradores, nos llena de indignación e incertidumbre”.
Su irresponsabilidad se plasma además en los incendios de mercados en esta administración tanto Federal como Local; en el derrumbe de estructuras pues no hay que olvidar que los Mercados Públicos de la Ciudad son responsabilidad directa de los gobiernos Federal, Estatal y de las Alcaldías, de tal suerte que violan la Constitución en el sentido de que deben garantizar el derecho al trabajo en sus diversas manifestaciones de comercio fijo, semifijo y ambulante.
Por lo anterior, recordaron que desde diciembre de 2019 “solicitamos a la Jefa de Gobierno, respuesta a nuestras peticiones de instaurar Protocolos de Protección Civil y desde el mes de febrero de 2020, la instauración de Protocolos Sanitarios preventivos”.
Sin embargo la respuesta institucional es el silencio en un ambiente donde prevalece el cierre de mercados o su limitación en acceso, horarios al público y a los mismos comerciantes a permanecer al interior.
Esta situación, detalló el dirigente del Frente antes citado, ha provocado la caída drástica del ingreso familiar lo que se agrava con la imposición de que los comerciantes paguen la sanitización so pena de no dejarlos trabajar.
A ello se suma el que se hayan aplicado cercos hacia los giros de alimentos que les prohíbe atender en mesas a los comensales aunque se cumpla con las medidas sanitarias como es el uso de cubre bocas, sana distancia y gel.
Los comerciantes de Mercados Públicos ante este panorama demandan
a) Implementar de forma inmediata la aplicación de protocolos sanitarios, por parte del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, restituyendo el servicio médico preventivo, en todas las zonas de mercados.
b) La capacitación de las diversas brigadas que compongan los comerciantes, por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil.
c) Revertir las verificaciones administrativas.
d) Respetar el Reglamento de Mercados en Vigor, relacionado a su zona de mercados horarios amplios sin sufrir extorsiones.
e) Reapertura inmediata de la estación del metro merced para permitir el libre acceso de personas en el interior del Mercado Merced – Nave Mayor.
f) La intervención de los Senadores y Diputados para respetar el derecho de los pueblos indígenas como el maya para que ejerzan el comercio en las zonas arqueológicas de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT.
AM.MX/fm
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