Lilia Arellano
“Si no peleas por acabar con la corrupción y la
podredumbre, acabarás formando parte de ella”: J. Baez
Cinturón y tirantes a la libertad de Lozoya
“Ciudadano alertador” llama la ley al “soplón” útil
Ackerman-Sandoval, conflictos de interés soterrados
Aprueban incremento salarial al Sindicato de Pemex
Ciudad de México, 22 de julio de 2020.- Parecerían ser totalmente distintas, diametralmente opuestas, sin embargo no es así. Pandemia, procesos electorales y el caso Lozoya Austin van de la mano, ligados tan profundamente que permiten asomarnos a una estrategia aparentemente bien planteada para el logro de fines muy concretos y, de entre ellos, obviamente, la conservación del poder. Por un lado, la pandemia viene a cambiar todo el esquema con el cual se llevaban a cabo las elecciones. Habrá, seguramente y con o sin vacuna, una forma completamente diferente de seleccionar candidatos, de presentar planillas en el caso de los Ayuntamientos, de realizar campañas para poder sacar adelante 2 mil cien cargos de elección popular y las correspondientes 15 gubernaturas. Es este apenas sí un primer punto en el cual el covid y las boletas se darán un encontrón cuya gravedad dependerá del curso que siga todo lo relacionado con Odebrecht, con la de Agronitrogenados, los sobornos y pudieran incluir las operaciones Ronda.
La presencia del coronavirus, ya se vió, ha alterado el calendario electoral aplicable en Coahuila e Hidalgo, entidades en las cuales no se ha fijado ni siquiera la fecha para el registro de candidatos. Tampoco se han definido las formas a seguir y según se dice los del INE están trabajando con la UNAM para plantear diversos escenarios y presumibles procedimientos a seguir de acuerdo al registro, en su momento, de existencia y consecuencias de la pandemia. Por un lado se advierte la posibilidad de otra oleada mucho más letal que la actual a partir de octubre y presente hasta marzo del próximo año. Si nos atenemos a los dichos de López Gatell ya lanzó la amenaza de la permanencia del virus como en el presente hasta abril del 2021. Surge la posibilidad de la existencia de una vacuna para septiembre, según Astra-Seneca o para los primeros meses del año por venir según laboratorios alemanes, rusos, chinos y otros norteamericanos.
O sea, los escenarios son múltiples y pandemia y elecciones van tomados de la mano. Si como se advierte, todo lo relacionado con Lozoya Austin tiene fines eminentemente electoreros, en el sentido de desgastar principalmente a las otrora dos fuerzas políticas principales: PRI y PAN, se visualiza otro hilo conductor en los procesos. Porque jurídicamente se han incumplido tantos renglones que se permitirá a los despachos de abogados destinados a la defensa de quienes resulten señalados por el ex director de PEMEX, obtener su libertad en un plazo casi inmediato, inclusive dar un revire a lo hasta hoy hecho por la Fiscalía General de la República con el respaldo absoluto de la Presidencia de la República, como si desde esa posición se pudiera influir determinantemente en disposiciones constitucionales, alterar la ley o trasladarla de un lugar a otro a través del “Arco del Triunfo”.
Ya les llegó la primera llamada de atención y directamente de España, del país del cual fue extraditado Lozoya. “Lo enviamos en perfecto estado de salud”, señalaron al enterarse de que el extraditado había sido internado de inmediato en un hospital particular víctima de un a serie de malestares. Les falta, y seguramente lo harán desde el extranjero, informar de que manera fue presentado ante un juez, acto a ejecutarse inmediatamente que se desciende del avión o del transporte utilizado. El no hacerlo representa no sólo una violación a las leyes nacionales sino contraviene los tratados internacionales. ¿Lo hicieron virtualmente instalando alguna pantalla en la terminal aérea o de cual forma fue presentado ante la autoridad? Es precisamente el juez quien determina si existe gravedad o se pone en riesgo la vida del indiciado, es el facultado para decidir si va a un nosocomio privado o debe sujetarse a las áreas médicas del reclusorio y esa es una información oficial que debe brindarse y más en un caso como éste.
Como sabemos, tres son los delitos por los cuales se acusó a Lozoya y en ellos se basó la orden y la autorización para su extradición. Ninguno de ellos amerita una pena de muchos años en prisión pero, el principal, el de asociación delictuosa no merece pueda dársele la categoría de testigo protegido o de informante ya que ambas son aplicables únicamente al cargo: delincuencia organizada y, en estricto derecho y con apego a la legalidad, tampoco puede dársele acogida al principio de oportunidad pues éste no va antes ni debe anteponerse en ningún caso al principio de legalidad. Así que, aún y cuando sus señalamientos apunten hacia cargos superiores al por él desempeñado, aún y cuando no pueda declarar en contra de sus subalternos, aún y cuando pudiera presentar algunas pruebas, éstas tendrían que ser lo suficientemente contundentes como para llevarlos a abrir carpetas de investigación o procesos basados en ellas y no en las declaraciones de Lozoya porque, de tomarlas como base o buenas, la defensa de los inculpados tendría razones más que suficientes para invalidar las por alteraciones al debido proceso e ilegalidades registradas y comprobables.
Ahora bien, esto es si nos atenementos a lo vigente y conocido en nuestras leyes penales, pero en los cambios realizados, sobre todo en lo referente al combate a la corrupción, renglón en el cual las legislaciones tanto europeas como la norteamericana han sido drásticos, puntuales y le otorgaron a quienes comúnmente llamamos “soplones” las posibilidades no solamente de resultar beneficiados en caso de estar dentro del círculo de quienes hicieron suya esta práctica corrupta, sino hasta de ganar dinero, porcentajes de las penalidades económicas impuestas en caso de resultar verídicas y comprobables sus acusaciones, el panorama se presenta altamente benéfico para el es funcionario. En México tales leyes fueron aprobadas y el 31 de julio del año pasado la Secretaría de la Función Pública abrió el portal para promover la denuncia, garantizar sistemas sólidos de anonimato y confidencialidad, dando protección a los denunciantes cuyo nombre responde al de “ciudadanos alertadores” contando exactamente con iguales beneficios a los otorgados en las leyes aprobadas en otros países, dándole legalidad, inclusive, a la entrega o paga de las recompensas.
De tal suerte que Lozoya Austin tiene dos muy claras rutas de escape. La primera señalada por las inconsistencias y renglones jurídicos violentados y la segunda en donde, inclusive, no requiere de mayores actuaciones que la de situarse como “ciudadano alertador”, denunciar y de ésta forma obligar, inclusive al gobierno, a garantizar todo tipo de protección. Es esta la forma con la cual podríamos explicarnos, si no hubiese tantos vacíos informativos oficiales de por medio, el “modito” presidencial de señalar tanta protección para Lozoya. De acuerdo a las leyes mencionadas están obligados a hacerlo y si eso les atrae reflectores lo explotan y hasta lo están usando para observar que tanto está preparada la ciudadanía para analizar y visualizar estas tenebras. Agregamos lo de las medidas aplicadas al narco y que ahora también servirán para los delincuentes de “cuello blanco”.
LO OFICIAL
El juez de Control con residencia en el Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, informó aún no hay programada una audiencia de imputación contra el ex funcionario, y en todo caso de que se realice la diligencia está será a puerta cerrada, con el pretexto de la pandemia generada por el virus Covid-19. El artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece el principio de publicidad e implica que las audiencias sean públicas, sobre todo en casos como el de Lozoya Austin, de amplio interés nacional. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal determinó las audiencias se efectúen a puerta cerrada únicamente con la presencia de las partes. Se estableció acuda solamente una persona en representación de cada parte, con excepción de los investigados, a fin de contar con el espacio suficiente en las salas para guardar la “sana distancia”. Vázquez Rea y su homólogo Artemio Zúñiga Mendoza suspendieron el pasado viernes, dos causas penales contra Lozoya Austin por un plazo de hasta 10 días, lo que implica que durante este breve periodo no se llevarán a cabo las audiencias de imputación de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, el caso de Emilio Lozoya no debe dar paso a ninguna posibilidad de acuerdo con la impunidad, “ningún pacto de impunidad debe presentarse y debe irse hasta las últimas consecuencias”.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, reveló el gobierno de México recibirá de la justicia brasileña un nuevo expediente relacionado a Emilio Lozoya y Odebrecht con más evidencia en torno a la trama de corrupción de la planta de Agronitrogenados. En una entrevista con Milenio, reveló: “tenemos abierto un caso más de Odebrecht que está por resolverse” y adelantó la SFP se coordinará con la Fiscalía General de la República (FGR) para lanzar una investigación paralela sobre las confesiones que haga Lozoya como testigo colaborador, con miras a extender pesquisas hacia otros funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto. La funcionaria aseguró: “Estamos desmembrando, desentrañando la red de complicidades en torno a Emilio Lozoya (…) y obviamente no son dos, no son tres, él mismo lo ha declarado así en su captura inicial en España: hay muchos más. Incluso hasta miembros de otros poderes que en su momento participaron en estos esquemas”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó espera que las declaraciones de Emilio Lozoya ante la FGR ayuden a recuperar dinero perdido por el fraude a las finanzas de la empresa estatal. En la conferencia mañanera de ayer señaló: “Nosotros queremos recuperar dinero, por ejemplo, si hubo sobre precio en la planta de fertilizantes; se calcula que fue de 200 millones de dólares, eso tiene que devolverse al erario, por eso no veo mal el procedimiento que no se aplicaba en México, aunque existe, creo que se aplicaba en caso de narcotráfico, no en delincuentes de cuello blanco”. El mandatario dio a conocer, de acuerdo al proceso seguido a Odebrecht en Estados Unidos, Emilio Lozoya recibió sobornos por 10 millones 500 mil dólares y por esos sobornos obtuvo utilidades por 40 millones de dólares, lo cual fue corroborado por Lozoya como testigo protegido. De esa información “hay que ver qué tipos de contratos. Se habla de una planta de etileno en Coatzacoalcos que se contrató y Pemex entregó gas, se comprometió a entregar gas dejando sin gas a Pemex, un contrato muy desfavorable, además la planta se financió con créditos de la banca de desarrollo”, destacó López Obrador. El tabasqueño espera en el proceso al ex director de Pemex se permitirá “aclarar muchas cosas, porque se va a saber si se compró la reforma energética”.
CORRUPCIÓN A TODO GALOPE
La bandera del combate a la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador carece cada vez más de valor al no abarcar a los casos en su propio partido, Morena, y enfocarse únicamente a algunos que le reditúan gran interés público y rentabilidad electoral. A estas alturas, Irma Eréndira Sandoval, debería renunciar a la Secretaría de la Función Pública, no sólo por las maniobras exhibidas para ocultar la gran fortuna acumulada en los últimos años junto a su esposo John Ackerman, sino ahora por la riqueza expuesta por su hermano Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a fin de realizar las investigaciones correspondientes para aclarar el origen real de esa inmensa riqueza. Eso sin contar los servicios a otros militantes de Morena envueltos en escándalos de corrupción, como Ana Gabriela Guevara, la propia Yeidkol Polevsnky, entre otros.
El pasado 18 de junio, Carlos Loret de Mola publicó que John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval habían adquirido 5 casas en nueve años para reunir un patrimonio inmobiliario con valor aproximado de 60 millones de pesos. Ackerman respondió que eran producto de herencias y de su trabajo lícito y amenazó con demandar al columnista. Y hasta ahí quedó. Su prepotencia llevó al académico Ackerman a demandar y promover la renuncia de Ricardo Monreal al frente de la coordinación de Morena en el Senado. Tienen el control de un amplio grupo de legisladores federales, tanto en San Lázaro, con Dolores Padierna como cabeza visible de este grupo, como en el Senado. Están aliados con Martí Batres, adversario del zacatecano, y apoyan a Bertha Luján para ser dirigente nacional de Morena, primero, y luego candidata a la Presidencia de la República.
Por supuesto, en sus filas se encuentra la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle. También se cuenta al actual dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, entre otros. A este grupo, le urge el control del Instituto Nacional Electoral y operan para poder imponer en el árbitro electoral a gente de su absoluta confianza. Por eso han boicoteado la selección de candidatos a cuatro plazas de consejeros del INE, porque no convienen a sus intereses políticos, e insisten se reponga el proceso.
GOBIERNO DE GUERRERO EN LA MIRA
Sin ningún pudor, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, super delegado en Guerrero y hermano de la titular de la SFP, busca la candidatura de Morena para gobernador de esa entidad, con el manejo directo de los programas sociales aplicados para beneficio de los guerrerenses, como si fueran de su propiedad. Pero nadie lo molesta ni lo sanciona, a pesar de la utilización de recursos federales para abierto proselitismo. Ante las denuncias de su riqueza inmobiliaria acumulada en los últimos 15 años, difundidas por la agencia Reforma, el super delegado de AMLO, como mago, aparece y desaparece propiedades.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, está obligada a investigar a su hermano por la acumulación de inmuebles y por la finca en Acapulco que no registró en su declaración patrimonial, advirtió el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción. El legislador sostuvo: “Nos encontramos con un grave conflicto de interés de parte de la secretaría de la Función Pública porque está obligada a iniciar una investigación por esta omisión en la declaración patrimonial”. En una entrevista, Zepeda dijo veía con suspicacia el proceder de la titular de la SFP en razón de que no ha podido ella misma comprobar las propiedades que se le conocen a ella y a su esposo.
DE LOS PASILLOS
Petróleos Mexicanos informó acordó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) un incremento al salario ordinario de 3.37% y del 1.8% a las prestaciones, lo cual entrará en vigor a partir del 1 de agosto. Pemex arrastra una deuda financiera de unos 105 mil millones de dólares e ingentes pasivos laborales, precisó en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El ajuste se hizo durante el proceso de revisión salarial del 2020 y tendrá vigencia hasta el 31 de julio del próximo año…López Obrador no aclaró la presunta renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. “Hable ayer con el ingeniero Javier Jiménez Espriú y quedamos en reunirnos el jueves, pasado mañana, estamos platicando y en unos días vamos a decidir. Estamos platicando, vamos a esperarnos, no nos desesperemos”, comentó en la conferencia de prensa de este martes. El titular de la SCT presentaría su renuncia después de que el mandatario tomara la decisión de dar a la Secretaría de Marina el control de puertos y aduanas…Dice Ebrard que la vacuna contra el coronavirus “va a llegar a tiempo, va a estar, ya se está en el esfuerzo por la vacuna”. Lo no aclarado por el ilustre canciller por Trump es para que o favoreciendo a que va a llegar a tiempo. ¿Acaso para evitar la cancelación de los procesos electorales del año próximo como ha venido sucediendo en Coahuila e Hidalgo? O ¿a tiempo para que el gobierno junte el dineral requerido para la adquisición de 135 millones de vacunas? O ¿A tiempo para salvarlos de las críticas y leyes internacionales por provocar tantas muertes a causa del manejo político de una pandemia?
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