Francisco Rodríguez
¿Qué pasa con el director general de Operación de Liconsa, Bernardo Fernández Sánchez? ¿Está en el bisnes o sus subordinados le están viendo la “cara de… what”? Más aún, ¿En los actos corruptos también está incluido Ignacio Ovalle, encargado del organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), al que Liconsa está adscrito? Y el Presidente de la República, con su bandera de “cero tolerancia” a la corrupción, ¿está enterado?
Porque, prácticamente, por todos lados brota el fétido aroma de la descomposición, a punto de contaminar la leche que se destina al consumo de las clases populares. Ya, hace poco, el colaborador Andy S.K. Brown, quien reside en Miami, le platicó a usted de otro pestilente caso: las complicidades de Eduardo Tricio (Leche Lala) con ciertos funcionarios de Liconsa en perjuicio de los pequeños ganaderos y, claro, de los más humildes consumidores. Hasta la península de Florida llega ese mal olor.
Otra de las más recientes corruptelas es la contratación del servicio de arrendamiento de equipo de laboratorio para Centros de Acopio de la Red de Captación de Leche Fresca, a través de licitación electrónica. Pero fue una simulación soportada en irregularidades normativas, complicidades, corrupción, por supuesto, e impunidad.
Para empezar, según revelan fuentes de la propia dependencia, confirmadas con proveedores de la misma, las decisiones tomadas en la “planeación y ejecución” de la licitación fueron tomadas por Alan Benjamín Torres Sánchez, subdirector de Producción de Segalmex-Liconsa, por instrucciones del director general quien, por cierto, es su familiar. Nepotismo. Ya llevamos una.
Licitación fraudulenta y simuladora
Luego, Bernardo Fernández Sánchez, director general de Operación de Liconsa y Hugo Buentello Carbonell, director de Producción Segalmex-Liconsa, al amparo de sus “funciones institucionales” desde el año 2019 fraguaron el negocio ilegal consistente en el equipamiento (laboratorios) de centros de acopio de Liconsa para el análisis de la leche que la dependencia adquiere de los productores y que se da a los beneficiarios a bajo costo.
La licitación electrónica LA-008VST977-E62-2020 de Compranet, que el escribidor tiene a la vista, requirió a los “interesados”, entre otros equipos, de espectrofotómetros de infrarrojo medio o FTIR (en el rubro A1). Y Liconsa los adjudicó el 26 de junio de 2020. Hace ya casi un mes.
Para ilustrarnos, de acuerdo a la Wikipedia la espectrofotometría es un método científico utilizado para medir cuánta luz absorbe una sustancia química, midiendo la intensidad de la luz cuando un haz luminoso pasa a través de la solución muestra, con base en la ley de Beer-Lambert.
En fin, que los equipos de espectrofotometría propuestos por Grupo Turbofin, se añaden a los 12 que ya se encuentran en las instalaciones de Liconsa desde finales de 2019, aunque me confirman que están sin funcionar.
Esta ventaja otorgada por Liconsa al ganador –aparentemente bien apalancado con altos funcionarios de la 4T–, tuvo como efecto regularizar a la de “a huevo” un compromiso fáctico con el proveedor ganador a través de una licitación fraudulenta y simuladora, hecho que se puede verificar muy fácilmente por los sabuesos de Función Pública, a cargo de la cuestionada Irma Eréndira Sandoval de Ackerman.
Equipos dos veces más caros
Le doy pistas: Deberán cotejar, antes que nada, la fecha de ingreso de los equipos al país y a Liconsa, que es anterior a la fecha de fallo a favor de Grupo Turbofin, repito el 26 de junio de 2020.
Y después contrastar con Operadora Etesa, S.A. de C.V. como distribuidor del espectrómetro de la marca Foss, cuando fue que entregó directamente los equipos en 2019 a un precio inferior al menos dos veces a lo ofertado en la propuesta presentada en la licitación con Grupo Turbofin.
Sí. Dos veces, dos, más alto. ¡Qué bonito roban ahí en Liconsa los dineros de nosotros los contribuyentes!, ¿no cree usted?
Y es que al precio que los equipos fueron adjudicados debió ser decretado como precio no conveniente por Liconsa, conforme la marca la ley. Lo peor es que en la licitación este precio altísimo resultó superior en exceso a lo ofertado por otros participantes, generando daño patrimonial a Liconsa –y un hoyo más en nuestros bolsillos– con el acto adjudicatorio.
Vamos a ver qué resulta de esta denuncia presentada al escribidor por trabajadores de Liconsa, corroborada con competidores de Grupo Turbofin, en los próximos días, ya que en la semana del 25 al 31 de julio del 2020, deben estar entregados 14 de esos carísimos equipos en ocho estados del país, 12 de los cuales, los de Operadora Etesa, S.A. de C.V, ya estaban en Liconsa antes de adjudicar la licitación referida, como antes le señalé.
Luego le platico, por cierto, de raros finan$iamientos, muy cosmopolitas, que por ahí en la empresa lechera del gobierno andan circulando.
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