CIUDAD DE MÉXICO.-Los agentes federales Antonio Briones Carreón y Manuel Soto Velazquez Conforme antecedentes del caso, los ahora ex servidores públicos se presentaron a la empresa Firts National Segurity, situada en el municipio de Cancún, Quintana Roo, para llevar a cabo un cateo en el inmueble. Dirigiendo el operativo el coordinador general de la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), Édgar Rivero Díaz acompañado de los MPFs, Briones Carreón y Soto Velázquez, hicieron alusión a una bóveda de metal color plateado, a la  que no les permitieron ingresar porque no llevaban el mandato judicial correspondiente, además de que los representantes de la empresa de seguridad, contaban con un amparo otorgado por un juez federal.
No obstante, se introdujeron al inmueble y por la fuerza llevaron a cabo el cateo, forzando la bóveda y las cajas de seguridad.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, tras lo sucedido los afectados realizaron la denuncia correspondiente y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía
Especializada de Asuntos Internos, llevó a cabo las indagatorias y se comprobó la presunta responsabilidad de los funcionarios en la comisión del delito de contra la administración de justicia.
Los agentes del Ministerio Público Federal, Antonio Briones Carreón y Manuel Soto Velázquez, así como el coordinador general de la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), Édgar Rivero Díaz, fueron vinculados a proceso por delitos contra la administración de justicia.
Fueron puestos a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, que decretó vincularlos a proceso.
El delito en mención, previsto en el artículo 225, fracción XVIII del Código Penal Federal, precisa; a quien ordene o practique cateos o
visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley y por lo que corresponde al ahora ex coordinador de la SEIDO, Édgar Rivero también quedó sujeto a proceso por su probable responsabilidad en el
delito de violación a la Ley de Amparo.
Los ahora inculpados, de acuerdo a lo resuelto por el impartidor de justicia, deberán presentarse periódicamente ante el Centro de
Justicia Penal Federal en turno en la Ciudad de México, recinto judicial donde radica su causa; no podrán acercarse a los afectados,
ni tampoco a testigos, peritos, policías federales ministeriales, personal de apoyo del área específica de la institución y a los agentes del MPF visitadores.
También están impedidos de acercarse a la unidad de la SEIDO donde laboraban y a la empresa cateada, en tanto que se realizará una investigación complementaria de seis meses por órdenes del juez.
AM.MX/fm
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