CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los grandes retos de la reforma al Poder Judicial es el combate a la corrupción y al nepotismo, pues en las últimas décadas se han generado redes clientelares muy arraigadas, en las que se trafica con plazas, se intercambian favores o se pone precio a la justicia.
Todo ello -se argumenta en la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo- ha provocado desigualdades en el sistema judicial, dificulta que los más pobres puedan ser escuchados y genera desconfianza en jueces que no siempre se conducen con ética, independencia e imparcialidad, sino que muchas veces “sucumben ante intereses mezquinos”.
Con la presentación formal del proyecto constitucional, el pasado 18 de febrero, inició el proceso legislativo para la renovación del sistema de justicia penal y, con ello, llevar a cabo un ajuste integral al marco jurídico para fortalecer las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo.
Así, el Senado de la República y el Poder Judicial de la Federación (PJF) prevén perfeccionar la legislación encargada de regular las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, clasificar sanciones por virtud de su gravedad, así como penas específicas para funcionarios, particulares y persona morales.
Del mismo modo, buscan en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación la posibilidad de designar órganos jurisdiccionales especializados en el conocimiento de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia.
Además, pretenden favorecer la participación del sector académico y social en las áreas de capacitación y desarrollo de la carrera judicial.
Entre los mecanismos de prevención y combate al nepotismo, las relaciones familiares y corporativismo judicial, la Cámara de Senadores y el Poder Judicial de la Federación plantean la armonización legal del plan integral del Consejo de la Judicatura Federal en la Ley de Carrera Judicial e incorporar la facultad de nombramiento del juzgador respecto de su personal, basado en criterios meritocráticos.
Además, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación proponen establecer causales de responsabilidad administrativa específica sobre nepotismo y contratación de una persona que posea parentesco con el servidor público que a su vez nombró al contratante.
Por otro lado, prevén una actualización de la causal de responsabilidad de acoso u hostigamiento sexual, así como incorporar el principio de legitimidad del PJF como principio transversal en su política de combate al nepotismo, las relaciones familiares y corporativismo judicial.
En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación también buscan establecer la posibilidad de realizar visitas extraordinarias a tribunales o crear comités de investigación ante cualquier asunto de trascendencia a juicio del propio Consejo.
Y es que el diagnóstico del propio Poder Judicial de la Federación señala que los jueces federales no siempre se conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad, y “en muchas veces sucumben ante intereses mezquinos”.
Además, los cargos que deberían ocuparse por méritos se otorgan a familiares y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos ante que servir a la justicia; el sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar que quienes lleguen a ser juzgadores sean las personas más honestas y mejor preparadas; y tampoco se ha podido desterrar la corrupción.
Cabe recordar que ante esta realidad, el Poder Judicial de la Federación ha adoptado políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública.
AM.MX/fm
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