Por Mouris Salloum George*
La conseja popular, que suele proteger a “los manotas” mexicanos, es clara: Lo caido, caido. De lo que sigue que, hurto no recuperado a tiempo, pasa a fondo perdido.
La legislación federal establece que algún delito de orden fiscal, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ejerce acción punitiva, caduca a los cuatro años.
Cuando se reacciona tardíamente ante determinado hecho, el ranchero dice: Después de conejo ido, pedradas al matorral.
De esos usos y costumbres se valieron Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto para obsequiar a sus empresarios favoritos un billón 300 mil millones de pesos en condonaciones fiscales discrecionales.
La deuda pública rebasó ya los 11 billones de pesos
La pavorosa fuga de impuestos, que durante dos sexenios dejó un tremendo boquete en la hacienda pública, tuvo como agente pasivo a determinados contribuyentes (48 para ser exactos) y a un agente activo: El mismito Presidente de la República, que juró la Constitución, uno de cuyos enunciados dice que en México quedan prohibidos los regímenes especiales.
De esa conducta presidencial impropia, para llamarla suavemente, hubo dos intereses agraviados: 1) El del contribuyente cautivo y compulsivamente obligado, y 2) El de la Tesorería de la Federación que, limitada de ingresos, dejó al Estado a expensas de sus acreedores: La deuda pública cuantificada hasta 2020 supera ya los 11 billones de pesos.
¿Tiene caso recordar que en los dos sexenios referidos titular de Hacienda fue José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del PRI en 2018?
El Presidente queda impedido de conceder privilegios fiscales
Acaso en una subconsciente reacción a la defensiva, en tratándose de su ex compañero partido -PAN- Calderón Hinojosa, la azul presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, saltó por la tangente advirtiendo que su bancada vigilará que programas y proyectos de la actual administración se ejerzan con reglas claras. Después de conejo ido…
Tan indignante tema se ventiló ayer en la Cámara de Diputados, desde donde se hizo la declaratoria de constitucionalidad de reciente reforma por la que en lo sucesivo se prohíbe al presidente de la Republica eximir o condonar impuestos.
¿Cuántos hospitales y escuelas dejaron de construirse?
Correspondió a esa colegisladora de San Lázaro hacer dicha declaratoria, después de que 21 legislaturas estatales sancionaron la reforma en comento, en función de que es la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la que ejerce facultad exclusiva en materia de gasto federal y federalizado; ecuación que no opera si la Ley de Ingresos se transgrede con arbitrarios privilegios otorgados por el jefe del Ejecutivo.
Ya vendrán los cálculos de cuántos hospitales, escuelas primarias, universidades o presas pudieron haberse construidos con el billón 300 mil millones de pesos perdonados. Ejercicio ocioso. Como las golondrinas, esos recursos no volverán. Más claro, ni el lodo.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
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