CIUDAD DE MÉXICO.- Inusitadamente en documento oficial integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM) exigen fin a la impunidad de cara a la violencia contra las mujeres y que se investigue y sancione a quienes son responsables de las agresiones a mujeres en todos los espacios de la vida pública y privada, especialmente a los actos de violencia política.
Piden erradicar los prejuicios sexistas, la misoginia y los estereotipos que obstaculizan toda participación pública -sea esta social, política o comunitaria- de las niñas y mujeres, mediante comunicación asertiva y compromiso de los medios de comunicación como generadores de la opinión pública.
Demandan ir más allá de las estrategias punitivas y a los partidos políticos reparto equitativo de recursos para las candidaturas femeninas; anuncian que darán seguimiento a la puesta en marcha de la tipificación de la violencia política y dicen que no permitirán un paso atrás.
Los y las integrantes del Observatorio firmaron un compromiso de lucha común, exigiendo un #AltoALaViolenciaPolítica, en contra de las mujeres, acción a todas las agencias involucradas para que se traduzcan en resultados positivos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Se explican como un Grupo de Trabajo sólido que, desde su creación en 2014, mantiene y refrenda un compromiso por el impulso, pleno ejercicio y fortalecimiento de los derechos de ciudadanía de las mujeres.
El posicionamiento para exigir fin a la impunidad es un acuerdo firmado durante su Décima Cuarta Sesión, y sostienen como fundamental redoblar acciones concretas para coadyuvar a la eliminación de la violencia política contra las mujeres.
Es inusitada esta declaración porque el OPPMM nació como una iniciativa oficial en donde participan Instituciones, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, representantes de partidos políticos y de la academia. El compromiso se hace en el marco de los 16 Días de Activismo Contra la Violencia de Género.
El OPPMM está integrado por el Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, el Instituto Nacional Electoral INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, e integrado por instituciones del Gobierno Federal, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y academia.
En esa sesión de trabajo exigen justicia en contra de cualquier dicho y acto que atente contra la integridad y los derechos humanos de las mujeres.
Expresan el compromiso de actuar desde cada uno de sus espacios, exigen congruencia a los partidos políticos, trabajo real interinstitucional, buena y clara comunicación y compromiso de los medios de comunicación masiva.
Mantener sus espacios de actuación, plurales e incluyentes, por ello “alzamos la voz para exigir el fin de la impunidad, denunciando para que se investigue y se sancione a quienes son responsables de las agresiones a mujeres en todos los espacios de la vida pública y privada”.
En 8 puntos exige reconsiderar acciones puntuales frente a la violencia contra las mujeres:
1. Fortalecer las rutas de actuación interinstitucionales para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que se traduzca en resultados positivos para prevenir, atender, sancionar y erradicarla.
2. Poner énfasis en la prevención de la violencia política en razón de género a través de acciones de comunicación y sensibilización dirigidas tanto a la opinión pública como a los partidos políticos con el fin de erradicar los prejuicios sexistas, la misoginia y los estereotipos que obstaculizan toda participación pública -sea esta social, política o comunitaria- de las niñas y mujeres.
3. Impulsar la tipificación adecuada de la violencia política contra las mujeres en razón de género que permita sanciones efectivas que inhiban, por una parte, estas conductas y, por otra, procuren la reparación del daño a las víctimas y garantías de no repetición; incluyendo responsabilidades directas para los partidos políticos.
4. Desarrollar estrategias innovadoras de atención de la violencia política que, más allá de la perspectiva punitiva, permitan una visión integral de la problemática, sus causas y consecuencias sociales, así como, su impacto en las víctimas, en la calidad de la democracia y en la sociedad en su conjunto.
5. Implementar estrategias de comunicación para que las instituciones, junto con la sociedad civil, realicen campañas en contra de la violencia política en razón de género; así como, instar a los medios de comunicación para que los contenidos editoriales tengan perspectiva de género y se encuentren libres de sexismo, discriminación y violencia hacia las mujeres.
6. Instar a los partidos políticos a que, honrando las nuevas disposiciones legales en materia de paridad, distribuyan a de manera igualitaria, entre mujeres y hombres, los recursos de las precampañas y campañas e impulsen el aumento del recurso etiquetado para la promoción, capacitación y desarrollo del liderazgo de las mujeres.
7. Crear un “Mecanismo de Monitoreo a nivel Nacional de los Casos de Violencia Política hacia las Mujeres en Razón de Género”, a fin de que las instituciones que atienden la materia dispongan de una base de datos que permita conocer la situación de violación de los derechos políticos de las mujeres en cada estado. Además, impulsar espacios de análisis multidisciplinarios que permitan tener información sobre las instituciones públicas o privadas; así como, los perfiles de quienes ejercen violencia política en razón de género, para tomar decisiones basadas en evidencia y diseñar políticas públicas que atiendan el problema.
8. Promover, junto con los partidos políticos, acciones y políticas integrales de seguridad y paz para las mujeres al interior de sus institutos electorales, con la finalidad de que se conviertan en verdaderos actores de cambio para el efectivo ejercicio de derechos políticos electorales de todas.
Finalmente, declaran que  tras la reciente aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados de la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona a quien por razones de género menoscabe o anule el reconocimiento de los derechos político electorales de las mujeres, se ha dado un gran paso para garantizar el pleno ejercicio de nuestra ciudadanía, pero es indispensable que este esfuerzo se consolide y que a la par también se conceptualice la violencia política en razón de género; por ello, daremos un puntual seguimiento y no permitiremos que haya marcha atrás.
También reconocen a todas las personas que, de manera incansable, están luchando para que la igualdad sustantiva sea una realidad, para que la violencia de género y las personas que la ejerzan, asuman las consecuencias de sus acciones y las autoridades apliquen las leyes y las penas correspondientes. Y agregan: así lograremos que todos los días las mujeres, en cualquiera de sus ámbitos de vida, se sientan seguras de caminar por las calles, de participar en la vida pública y política y de tomar decisiones de manera libre, sin temor y sin ningún tipo de violencia de género en su contra.
AM.MX/fm
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