CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto (AlmomentoMX).-  En el Apartado B del Artículo 123 no hay, en sí, derecho a huelga; además, se excluye a trabajadores de confianza, los cuales deben ser clasificados adecuadamente; hay unilateralidad en el catálogo de puestos, ambigüedades y problemas con códigos que se asignan a trabajadores con título profesional, inferiores a quienes no tienen preparación académica. “No tenemos nada en contra del personal sin licenciaturas, pero no hemos encontrado la justicia laboral dentro de este apartado”, detalló.

Dijo que la Cámara de Diputados está abierta para escuchar y procesar las propuestas que se presenten en este encuentro, “mientras no rebasen la Constitución, siempre y cuando sean viables” y manifestó el interés de trabajar para el pueblo y no, como anteriormente se hacía, para beneficio del gobierno únicamente.

Además, es necesario abordar el derecho a un contrato colectivo de trabajo que permita a los trabajadores luchar por sus derechos. El gobierno no es el órgano rector de nuestra vida, subrayó, caminaremos hasta encontrar el bienestar de las mayorías.

Reconoció la importancia de la participación de todos “para mover al elefante blanco” y buscar mecanismos a fin de apoyar a la transformación del país. Informó que el segundo foro con audiencias públicas sobre este tema podría realizarse a finales de septiembre, y se espera contar con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En su oportunidad, el diputado Marco Antonio Reyes Colín (Morena), secretario de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, reiteró su compromiso de llegar a una legislación a favor de los trabajadores al servicio del Estado.

Dijo que en el pasado los ingresos petroleros permitieron un aumento del Producto Interno Bruto de más del cinco por ciento, “y las administraciones se dedicaron a crear más plazas para conocidos y allegados y se olvidaron del gremio laboral”.

Por ello, dijo, se impulsa un cambio verdadero para lograr basificaciones con buenas remuneraciones.

Al hacer uso de la palabra, Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco, expresó que todo el Apartado B está urgido de modernización a partir de propuestas que pongan la agenda de los trabajadores en el Siglo 21.

“No nos enfermamos igual que hace 20 años; ni nos morimos igual ni trabajamos igual que hace 20 años, por ello requerimos que los procesos de democratización de la nueva reforma laboral se traduzcan en mejores dirigencias que puedan conducir a sus representados al nivel de donde está el país”, aseveró.

“Mientras invoquemos la reforma laboral como democratización con las mismas dirigencias, difícilmente veremos mejoras efectivas de la representación real de los trabajadores y para los usuarios del servicio que brindan los trabajadores del Estado”.

Se pronunció porque las propuestas emanadas del foro se traduzcan en un debate en todos los estados para mejorar el Artículo 123, Apartado B, pues existe una devaluación frente al Apartado A respecto de “sus potencialidades”, lo cual es injustificado, porque tiene, después del ciclo neoliberal de 36 años, una condición de estabilidad en el empleo envidiable que debería ser mejor reconocida.

“Lo devalúan por considerarlo como objeto de una ley burocrática”, pero tiene un potencial subutilizado y ha llegado el momento de explotarlo, no sólo en lo que se refiere a la capacidad de huelga, sino en el conjunto de prestaciones amparadas, que son muy completas, pero no están ejecutadas adecuadamente.

Indicó que este apartado garantiza el derecho al trabajo digno y a la seguridad social, pues vincula las prestaciones a la relación del trabajo, “cosa que con frecuencia no ocurre con el Apartado A, por la tercerización u outsourcing”. Establece un régimen integral de seguros: invalidez, maternidad, guarderías, vejez, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, entre otros; es integral y constitucional.

Enfatizó que es necesario acabar con la precarización de condiciones de trabajo en el sector público, que ha negado la estabilidad laboral y el derecho a la seguridad social integral y el acceso a la protección básica del Apartado B de las condiciones generales de trabajo, como estímulos económicos, descanso, pago económico por alto, mediano y bajo riesgos; fondo de auxilio por defunción y fondo Nacional de Ahorro Capitalizable; ahorro solidario;  Pensionissste, préstamos personales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Fovisste, y derecho a votar y ser votados en procesos electorales sindicales.

En su participación, Jorge Méndez González, director general de evaluación y vinculación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, indicó que existe gran diferencia entre los apartados “A” y “B” del artículo 123 constitucional, en los aspectos colectivos, como derecho de huelga, libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, esto debido a que han quedado limitados y restringidos por los líderes sindicales.

Mencionó que el derecho de huelga sirve como medio, fundamentalmente, para que los trabajadores exijan a su patrón mejores condiciones de trabajo. Sin embargo, por las condiciones en que se encuentra legislado es imposible de realizar. “Si no se violaran los derechos de los trabajadores no se tendría el derecho a huelga”.

Méndez González refirió que la negociación colectiva ha estado limitada y sujeta al presupuesto que le asignen las legislaturas estatales y federales, si no hay buen presupuesto no se puede negociar nada entre el sindicato y el patrón, subrayó.

Señaló que la contratación por honorarios es una práctica para simular relaciones de trabajo que permite llevar estas al derecho civil de la libertad de las partes; generalmente los trabajadores que son contratados por esta vía tienen una verdadera relación de trabajo con el patrón, puesto que existen todos los elementos personales patrón-trabajador, pero finalmente el patrón es quien designa las actividades, salario y el acatamiento de las órdenes.

Mencionó que las organizaciones sindicales han venido a la baja no sólo en México, sino en el ámbito mundial y esto se debe a una tendencia del neoliberalismo; muchos dirigentes sindicales no quieren soltar el poder, les corresponde a los trabajadores tener la capacidad de organización para acabar con estos aspectos negativos dentro de los sindicatos. “S i en este país se logró una democracia avasalladora el año pasado, por qué no llevarla a los sindicatos”, mencionó.

AM.MX/fm