PUEBLA, PUEBLA, 21 de diciembre.-Nulo impacto, fallas, opacidad, criterios cuestionables prevalecen en las Declaraciones de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) emitidas por la Secretaría de Gobernación en 16 estados del país, reveló la organización que ha dado seguimiento al mecanismo contra la violencia feminicida implementado desde 2015 en México.
Integrantes de la organización Articulación Ciudadana para
la Equidad y el Desarrollo (ACED) presentaron en Puebla los resultados del
Observatorio de Violencia de Género realizado en Sinaloa, Colima, San Luis
Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, las seis entidades de la república
con AVG declarada en 2017.
Laura Pedraza explicó que la SEGOB, a través del Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim),
ha negado la AVG a estados y municipios cuyos índices de feminicidios, trata de
personas y desaparición de mujeres, va al alza.
En el análisis expuesto destacó el caso de Colima, cuya
declaratoria de AVG lograda en 2017, la SEGOB excluyó al municipio de
Manzanillo pese a que concentra el 40 por ciento de los feminicidios que
ocurren en la entidad.
A pesar de las evidencias de que Manzanillo encabeza la
incidencia de asesinatos de mujeres, 30 meses después de que fue solicitada, la
AVG fue declarada únicamente para cinco de los diez municipios solicitados:
Coquimatlán, Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.
“Por razones inexplicables Manzanillo quedó fuera de AVG a
pesar de que organizaciones habían centrado en esa entidad la solicitud del
mecanismo”, reclamó.
La negativa y el regateo de la AVG
“En Puebla y Tlaxcala, pese a las cifras de violencia contra
las mujeres y a las solicitudes realizadas, no se ha declarado la AVG, lo que
hace cuestionar los criterios con los cuales se declara o no el mecanismo”
sostuvo Pedraza durante su informe.
Advirtió que la negativa para declarar la AVG en Puebla ha
sido significativa, pues es la única entidad que a la fecha ha acumulado cinco
solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género, entre ellas una
realizada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y otra
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La reticencia para echar a andar el mecanismo se ha dado a
pesar de que Puebla también es el segundo estado con más desapariciones de
mujeres en el país, sólo después del Estado de México, de acuerdo con el
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
En Puebla las cifras de feminicidios son de alarma. Durante
el periodo 2014-2017 ocurrieron un total de 422 homicidios de mujeres (INEGI).
En 2014 se registraron 91 casos, en 2015 94, en 2016 96 y en 2017 141. Es
decir, es de los estados donde la cifra se incrementó un 54.9 por ciento.
La media nacional de 10.6 por ciento de mujeres víctimas de
homicidios es superada en Puebla que registra el 13.2 por ciento.
Negativa de AVG en “El Corredor de la Trata”
La AVG también fue negada para Tlaxcala y Puebla, a pesar de
que en las entidades se conoce internacionalmente la zona “El corredor de la
Trata”.
Luego de la solicitud de AVG, en Tlaxcala el gobierno
federal consideró que la administración local realizó acciones suficientes para
revertir las agresiones contra mujeres por lo que negaron la AVG a pesar de que
organizaciones probaron que en el estado hay suficientes evidencias para ser
considerado “la cuna de la explotación sexual” en el país.
Todos para Todos solicitó explícitamente la AVG por existir
prácticas de Trata Sexual de Personas. Argumentaron que el 80 por ciento de los
explotadores sexuales de mujeres a los que se les ha iniciado proceso judicial
procede de Tlaxcala o realizan sus actividades delictivas en ese estado.
Tlaxcala además es el quinto estado con más víctimas de
trata de personas. En el informe 2014 de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos reconoció 194 casos.
La solicitud de AVG de Todos para Todos fue para 13
municipios, pero el Centro Fray Julián Garcés detectó en un estudio de 2014 que
la trata de mujeres está presente en al menos 35 de los 60 municipios
tlaxcaltecas donde viven y trabajan reconocidas familias dedicadas a la
explotación, víctimas de trata, e incluso existen lugares y centros en evidente
práctica de explotación sexual de mujeres.
En cuanto al delito de trata de personas, Puebla reportó 83
víctimas mujeres de 117 víctimas en total entre 2015 y 2017, documenta la
investigación presentada.
Ampliación inexplicable de plazos a autoridades incumplidas
La representante de ACED AC informó que durante el monitoreo
de la situación de la violencia feminicida en las entidades del país con
declaratoria de AVG en el 2017 fueron halladas graves violaciones de la CONAVIN
a su propio protocolo lo que impide efectividad en la AVG.
En sus hallazgos destaca la inconcebible ampliación de
plazos de tiempo que concedió la Segob a autoridades poblanas para llevar a
cabo las medidas que den cumplimiento a las recomendaciones de grupo de
expertas, luego que la solicitud de AVG, que según el protocolo no deben
exceder los seis meses.
“A pesar de que las autoridades poblanas no cumplieron en
esos seis meses de plazo las acciones para revertir la violencia contra las
mujeres, no sólo no declararon la AVG – como lo marca el protocolo— sino que
les fue concedido un plazo extraordinario de ocho meses más, situación fuera de
ley. Como no se cumplieron los pendientes, el plazo se extendió
nuevamente. El resultado es que a la
fecha pese al tiempo concedido, las recomendaciones continúan sin cumplirse y
la Alerta de Violencia sin emitirse”.
“Es fundamental que la declaratoria de AVG sea vinculante,
que no dependa de la voluntad de las autoridades en turno. Urge establecer un
mecanismo que sancione a quienes no cumplan con las obligaciones derivadas de
las declaratorias de AVG”, sostuvo Pedroza.
Un mismo traje. Un modelo de Alerta para las diferentes
entidades
A la fecha se encuentran declaradas 17 Alertas en 16
entidades del país. Veracruz es la entidad con dos AVG: una por violencia y
otra por agravio comparado.
El estudio encontró que las medidas establecidas en las
Alertas son generales e incluso con recomendaciones similares entre las
entidades, como si Grupos de Trabajo usaran el clásico “copy”, con sus pares,
sin el mínimo racionamiento de sus señalamientos.
Pedraza llamó a la SEGOB a considerar de manera particular
las condiciones de las entidades e incluso de los municipios, pues las mismas
medidas pueden no funcionar de la misma forma en contextos múltiples.
La investigadora relató el caso de San Luis Potosí, entre
cuyas recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de la AVG constaba el
uso de una Aplicación para teléfonos celulares, pese a que el territorio donde
se solicitaba la Alerta implicaba regiones indígenas donde ni siquiera llega la
señal de internet.
Fallas y falta mecanismos para reportar el impacto de AVG
En rueda de prensa, la organización mencionó múltiples
fallas halladas, entre ellas la tipificación del feminicidio, en Sinaloa todos
los homicidios de mujeres son identificados como tal. Sin embargo, esto también
impide un análisis adecuado de la dinámica de la violencia contra las mujeres.
La investigadora también señaló la falta de indicadores de
proceso y de cumplimiento para dar seguimiento a las medidas implementadas en
las entidades en el marco de la AVG.
“Son acciones urgentes indicadores de resultado y de
impacto, que permitan ver los avances en cuanto a las acciones realizadas, los
resultados, y finalmente, si es que el problema está siendo resuelto a través
de estas acciones”, señaló.
Pese a que las autoridades reportan acciones, se desconoce
si son las adecuadas para abordar la problemática en cada entidad.
La ACED aseguró que la AVG no ha fracasado del todo, pues
finalmente ha sido útil a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para
hacer visible la violencia feminicida en México y se ha reconocido la
problemática no atendida e incluso negada.
Señalaron que este tema en agenda mediática revela la
gravedad de una problemática normalizada y ha provocado movilización porque
pone en la mesa los pendientes de las autoridades en materia de prevención y
erradicación de la violencia feminicida.
Hasta el mes de agosto de 2017, de acuerdo con las
estimaciones de la CONAPO actualmente 14 millones 153 mil mujeres viven en
territorio con AVG, es decir el 22.36 por ciento de la población femenina del
país.
En Sinaloa, aproximadamente 4 de 5 mujeres viven en un
municipio con AVG. Para Morelos la proporción es de 3 de cada 5.
El Estado de México cuenta con la mayor cantidad de mujeres
habitando un municipio con AVG con más de 4 millones.
Feminicidios al Alza pese a la AVG
En los dos estados con declaratorias de AVG 2015, la
tendencia ha sido al alza. En Morelos el número de feminicidios se incrementó
de 2015 a 2016 en un 66 por ciento. El Estado de México fue la entidad que
registró más feminicidios en 2016 con 263 casos y en la primera mitad del 2017
se contaron 126 feminicidios.
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