Por Gerardo Flores Ledesma (*)

• Leyes fiscales en la mesa de modificaciones
• La pugna por el control magisterial

LOS CAMBIOS a fondo en el sector fiscal y minero serán un hecho en el nuevo gobierno, pues se privilegiarán a los estados del sureste con un cambio en las fórmulas de participaciones y aportaciones federales, que se modificaron hace dos décadas.

Lo que dijo David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, en el “Foro entre legisladores en materia hacendaria”, que se realizó hace unos días en la Cámara de Diputados, no deja lugar a dudas. Se buscará, en la próxima administración, una convención hacendaria para saldar la deuda de atraso económico que se tiene con los estados del sureste del país.

Se tendrán que revisar los esquemas de aportaciones que derrama recursos a las entidades federativas y municipios para salud, educación, seguridad e infraestructura, pero que están condicionados a programas de cumplimiento y gestión. Se tendrá que modificar el esquema de participaciones federales que quita mucho a las entidades que más aportan y da más recursos públicos a los que menos recaudan y aportan al PIB nacional.

Habrá que darles la vuelta a los fondos de Infraestructura y de Estabilización que se vincula a la factura petrolera, que está muy debilitada en estos momentos, a diferencia de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando el precio del crudo rebasó los 100 dólares, pero sobre todo deberá obligarse a los estados y municipios a ser mayores de edad, porque muchos no han dado el estirón para fortalecer la recaudación de impuestos.

Ojalá, ahora sí, se haga una reforma hacendaria profunda y no nos alejemos de los parches fiscales que hemos visto en los últimos 30 años.

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OTRO TEMA muy caliente y necesario de revisar es el de la Ley Minera. La nueva iniciativa de Morena, a través de la senadora Angélica García Arrieta, apretará los torniquetes que tienen que ver con el impacto social y la protección a los mineros.

La iniciativa tiene como objeto:

• Facultar al Servicio Geológico Mexicano para que pueda realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
• Facultar a la Secretaría de Economía para que pueda declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
• Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
• Obligar a los titulares de concesiones mineras a que destinen un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación así como a rendir un informe anual del impacto social de su lote minero; y en caso de no hacerlo, cancelar la concesión por incumplimiento.

Habrá muertos con estos cambios, sin duda. Muchos empresarios canadienses y mexicanos que han detentado el poder de esos negocios por muchos años están con escalofrío porque vienen subrayados muy claros sobre el cumplimiento de las normativas en materia regulatoria y ambiental, así como el impacto social en sus principales unidades mineras.

Quizá algunas empresas están mejor preparadas para enfrentar un endurecimiento en las medidas regulatorias en México, pero no para pagar más impuestos o enfrentar la decisión del gobierno de tomar el control de las minas por un mayor y mejor interés nacional y social.

Los dueños de las minas consideran que sería grave pagar más derechos, cuando ya cubren un derecho especial sobre minería de 7.5%, un derecho extraordinario de 0.5% sobre las ventas de metales preciosos y un derecho adicional sobre minería para concesiones no productivas.

La iniciativa causa escozor entre los magnates mineros, porque la iniciativa podría llevar a frenar o acotar el manejo de los jales (desechos y polvo residual derivado de la obtención de minerales). Si lo anterior se aprueba, será complicado por no decir imposible que nuevos proyectos mineros arranquen en México o que será más costoso hacerlo y con ello podrían pararse proyectos como el nuevo depósito de jales en la mina Buenavista de Grupo México, en el municipio de Cananea, Sonora, entre otros.

En el proyecto de Ley, en la exposición de motivos para su discusión, elaboración de dictamen y luego aprobación en comisiones y en el pleno del Congreso de la Unión, se recuerda a los muertos de Pasta de Conchos en 2006; la muerte del defensor comunitario Mariano Abarca en Chiapas en 2009; el derrame de sustancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014 o el amparo en el Ejido la Sierrita, Durango, en 2017. De este modo, queda muy claro que los dueños de las minas tendrán que enfrentar un marco legal más estricto hacia adelante si llegaran a suceder accidentes con repercusiones ambientales y sociales importantes.

Aunque no se dice nada de la nueva Secretaría de Minas, en los corrillos legislativos se subraya que todo está listo para su nacimiento y establecimiento en el estado de Chihuahua. La Secretaría de Economía perderá todas las atribuciones en la materia. Habrá que seguir muy de cerca la senda de Napoleón Gómez Urrutia.

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AHORA QUE Juan Díaz presentó su licencia definitiva como presidente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) comenzaron a fluir textos en contra de quien fue encumbrado por Enrique Peña Nieto al liderazgo magisterial, en los momentos más álgidos para la maestra Elba Esther Gordillo, quien viene con todo por la recuperación de la dirigencia.

Los textos que nos han llegado en contra de Juan Díaz señalan que, con esa licencia definitiva, «se cerró un capítulo de los oscuros de esta organización sindical».

Al ex líder lo acusan ahora de traicionar a la también ex líder Elba Esther Gordillo y desconocer a su mentora; de actuar contra los intereses de sus agremiados, así como de haberse convertido en un vocero de la reforma educativa y de tener una efímera y gris aparición en la escena política del país.

Parece que en el SNTE no procederá ni el perdón, ni la amnistía y que se acentúa la incertidumbre y polarización política, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)insiste en tomar el control magisterial, aunque la jugada de la maestra es crear y asumir el liderazgo de otra corriente que no sea ni el SNTE ni la CNTE.

Pronto veremos en el escenario magisterial y político una pugna por el control de los maestros entre Rafael Ochoa Guzmán y Elba Esther Gordillo.

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(*) Socio Numerario de la Academia de Periodismo y Comunicación Social

(*) Miembro de Vanguardia en línea y de Consorcio de Medios Digitales SA de CV

(*) Socio de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT)

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