COZUMEL, QUINTANA ROO, 7 de noviembre.- Tras el embargo del SAT y las investigaciones de la PGR que dejaron al descubierto que la empresa Ferrys de Barcos Caribe era utilizada por la familia Borge para lavar dinero, los ferrys atracados en los muelles de Cozumel, Quintana Roo, Yucatán y Tanzania, en África se convierten en chatarra.
Luego de darse a conocer los resultados de las indagatorias de las autoridades, Roberto Borge Martín, padre de Roberto Borge Angulo ex gobernante quintanarroense, está prófugo desde febrero pasado, lo mismo que Franco González Padrón, tío del también ex gobernador, Félix González Canto, actual senador, ambos fundadores de la empresa.
De acuerdo con el Sol de Quintana Roo, el 22 de julio de 2012, cuando Borge Angulo llevaba en el poder un año y tres meses, por instrucciones suyas se constituyó la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, Sociedad Anónima de Capital Variable (Barcos Caribe” y según el acta constitutiva número 73 de la Notaría Pública 69 de Chetumal, Quintana Roo, la compañía naviera fue registrada por Franco González Padrón, tío del también ex gobernante Félix Arturo González Canto y por César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.
Cada uno tenía el 50 por ciento del capital social con que fue fundada la compañía, 200 mil pesos. La compañía tendría, “de manera enunciativa y no limitativa, el ejercicio de comercio en general y en particular el comercio marítimo como naviera, para la explotación de una o más embarcaciones en el tráfico marítimo”.
Además de González Padrón y de González-Hermosillo Melgarejo, aparecieron posteriormente como accionistas Álvaro Martín Martín y Elías George Moussa Tanous, el primero fue tesorero del ayuntamiento de Cozumel (2008-2011) durante la gestión de Juan Carlos González Hernández, hijo del apoderado de Barcos Caribe, mientras que el segundo es un empresario hotelero de origen libanés, cercano a Roberto y Miguel Borge Martín, padre y tío, respectivamente, de Borge Angulo.
Aunque la empresa fue creada en julio de 2012, los dueños de Barcos Caribe aplazaron el lanzamiento de la naviera por más de dos años, tras los señalamientos sobre los intereses del gobernador Borge y su familia, pero después echaron a andar su proyecto en sólo cuatro meses, entre el 15 de octubre de 2014 y el 17 de febrero de 2015.
A los señalamientos, los accionistas negaron que Roberto Borge Martín figurara entre los socios capitalistas, aunque terminaron por admitir, tres años después, que era “asesor operativo de la naviera”.
Otro de los obstáculos para que la empresa iniciara sus operaciones, fue la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que emprendió una investigación en mayo de 2014, sobre la probable existencia de práctica monopólica absoluta en el mercado de los servicios de transporte marítimo de pasajeros.
Empero, a fines de ese mismo año Barcos Caribe emprendió realmente los trámites para poner en operaciones a la naviera y obtuvieron su inscripción en el Registro Público Marítimo Nacional (RPMN), con el folio 55-CT-14, registrando su marca: ‘Barcos Caribe Mas CE’.
Ya para concluir el mes de diciembre, la naviera obtuvo del ayuntamiento de Solidaridad, donde era presidente municipal el priista Mauricio Góngora Escalante, posterior candidato del PRI al gobierno de Quintana Roo, la concesión de ‘23.08 metros cuadrados en la esquina 1ª Avenida Sur y Calle 1 Sur Bis, en Playa del Carmen’ para la instalación de un módulo para punto de venta de boletaje, por un periodo de 15 años.
“El 7 de febrero de 2015, la SCT otorgó los permisos para transporte de pasajeros a las embarcaciones con las que hasta entonces contaba la empresa, Caribe I, matrícula 2304151221-1 y Caribe II, matrícula 2304151121-6), por 6 años, hasta febrero de 2021, durante los que cubriría la ruta Cozumel-Playa del Carmen, Playa del Carmen-Cozumel, en tanto que el Caribe III, matrícula 23041571214, adquirido posteriormente, obtendría una autorización similar hasta el 6 de julio de 2016.
El 17 de febrero, el entonces gobernador Roberto Borge Angulo y el coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Ruiz de Teresa, pusieron en operación la naviera y un mes después las comisiones unidas de Asuntos Municipales, Turismo, y Asuntos Internacionales ratificaron la concesión, pero ampliaron su vigencia por 50 años más, es decir hasta el 2065, “fue el Cabildo el que modificó la concesión”, argumentaron los legisladores.
Durante todo el mandato de Borge Angulo la empresa operó sin problemas, monopolizando prácticamente el transporte marítimo en la referida ruta, hasta que en abril de 2017, siete meses después de que Borge dejara el poder, la Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación contra el ex mandatario por lavado de dinero a través de Barcos Caribe.
La pauta para que la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), iniciara sus indagatorias, fe el hecho de que ninguno de los socios de la compañía naviera contara con la solvencia económica suficiente para aparecer repentinamente como prósperos empresarios en un giro muy costoso, de cientos de millones de pesos.
Posteriormente se daría la captura de Borge Angulo, el 4 de junio de 2017, en Panamá, y extraditado a México el 4 de enero de este año, pero el detonante para que las autoridades actuaran de manera directa contra Barcos Caribe, sería el estallido de una de sus embarcaciones, el 21 de febrero, con un saldo de 24 vacacionistas heridos, entre ellos cinco de nacionalidad norteamericana, lo que ocasionó la intervención de las agencias FBI y DEA.
El siniestro se registró en el puerto de Playa del Carmen, en el Caribe I, en el cual elementos de la Marina y el Ejército, así como peritos de la PGR encontraron restos de material explosivo que fueron parte de un artefacto de fabricación casera.
Cabe destacar que ya para esa fecha era más que conocido que Roberto Borge Martín, el padre de Borge Angulo era ya uno de los accionistas mayoritarios de la empresa y que el día de los hechos formaba parte de los pasajeros.
La colaboración de la DEA y el FBI, permitieron conocer la existencia de un video en el que se observa a Borge Martín y a un sujeto con una mochila a la espalda, cuando suben a la embarcación. Se observa también cuando descienden de la nave, pero ya el individuo no lleva ninguna valija y se aleja velozmente del lugr, en tanto que Borge Martín se aposta en el muelle.
Repentinamente se da el estallido y Borge Martín, en lugar de mostrar nerviosismo o preocupación porque una de sus naves se estaba quemando, se queda a observar tranquilamente cómo las llamas consumen la embarcación, a la vez que socorristas y ambulantes acuden al lugar para rescatar a los heridos. Posteriormente el padre del ex gobernante, aborda un yate y se aleja de lugar.
Los peritajes demostrarían que se trató de un artefacto explosivo de fabricación rudimentaria, cuyo efecto no causaría daños mayores, como destruir la embarcación en su totalidad, sino sólo de manera parcial, además de que se conoció la existencia de un seguro por 4 millones de dólares de la nave siniestrada.
Las pesquisas descartaron algún acto terrorista o un ataque de la delincuencia organizada y se fortaleció la especie de que se había tratado de un auto atentado.
De tal manera que desde el día del estallido, Roberto Borge Martín desapareció y hasta le fecha no se le ha visto, aunque ya es buscado por la PGR.
Once días después, el 1 de marzo, unos buzos denunciaron que encontraron explosivos, también de fabricación casera, en otra de las embarcaciones, en el Ferry II.
Aunado a esos hechos, el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda detectó una serie de irregularidades por lo que resolvió que los servicios de la naviera fueron suspendidos y las naves quedaran a disposición de las autoridades competentes.
Así, los siete navíos que formaban parte de Barcos Caribe, permanecen anclados hasta en tanto no concluyan las averiguaciones: tres están
fondeados en Cozumel, Quintana Roo; dos en un astillero de Progreso Yucatán y los otros dos, se encuentran en Tanzania, a la espera de que el gobierno de México expida los permisos para su traslado a México, situación que no se ha dado por las investigaciones que aún están en curso.
Y mientras las embarcaciones se convierten en chatarra, ya que por las mismas indagatorias, no se permite que haya ningún movimiento en torno a las mismas y sus dueños, algunos de los integrantes de la familia Borge, no aparecen y uno de sus socios mayoritarios, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, fue detenido y se encuentra vinculado a proceso, bajo arraigo domiciliario, acusado de ser uno de los principales prestanombres de Borge Angulo.
AM.MX/fm
