CIUDAD DE MÉXICO, 29 de octubre 2018- El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha estado en las semanas recientes en un estado de incertidumbre por falta de presupuesto, lo cual pone en riesgo a cientos de beneficiarios cuya seguridad depende de dicho esquema y podría interpretarse incluso como una especie de revancha del gobierno de Enrique Peña Nieto contra ambos gremios, afirmó Atziri Ávila, integrante del consejo consultivo de dicha agrupación.
De acuerdo con sus declaraciones, la próxima administración federal deberá destinar al menos 500 millones de pesos durante cada ejercicio fiscal para garantizar el buen funcionamiento de este programa, del cual depende la seguridad de más de 750 beneficiarios.
En entrevista, la también coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos recordó que en septiembre pasado se notificó a los integrantes del consejo consultivo que el gobierno sólo había autorizado 75 millones de pesos de los 126 millones que se solicitaron para el mecanismo y que, en teoría, ya habían sido aprobados.
Como informó este diario en su momento, dichos recursos únicamente servían para garantizar el funcionamiento correcto de la agrupación hasta diciembre de este año, lo cual implicaba que para 2019 se encontraba en riesgo.
Este es el reflejo de que estamos en un segundo plano, de que la vida tanto de periodistas como de defensores de derechos humanos no importa. Es un mensaje claro de que hay otras prioridades para el gobierno y lo hemos visto frecuentemente con casos como el de Julián Carrillo (asesinado el pasado miércoles), quien era beneficiario y aún así fue victimado.
Agregó que la impunidad en la que queda la gran mayoría de las agresiones es el incentivo más grande para que este fenómeno de violencia continúe contra defensores y comunicadores; incluso Ávila consideró que la falta de interés del gobierno de Peña Nieto por este tema puede interpretarse como una suerte de revancha en contra de dos gremios que documentaron los abusos en su gobierno.
“Es un reflejo de un cobro de facturas porque en este sexenio, como defensores de derechos humanos y periodistas fuimos un contrapeso que estuvimos vigilando lo que ocurrió, desde las reformas estructurales hasta las denuncias por la Ley de Seguridad Interior.
Más que un factor de coadyuvancia o como alguien que abona a la construcción de la democracia, defensores y periodistas fuimos vistos como enemigos, como actores en contra del gobierno, cuando lo que queríamos era hacer visibles problemas y aportar a la transformación para que haya una sociedad más justa e igualitaria.