- En menos de cuatro meses se presentaron decretos y convocatorias para otorgar concesiones por interne
Por Roberto Fuentes Vivar
CIUDAD DE MÉXICO, 17 octubre 2018.- Al sector empresarial se le hizo agua la boca con la privatización del agua. El gobierno federal escogió un mal momento político para otorgar concesiones de agua por internet.
¿Cómo es posible privatizar el agua en un momento en el cual la mayor parte de los capitalinos está angustiada porque no sabe cómo resolver sus necesidades ante el megacorte de agua que se va a registrar del miércoles 31 de octubre hasta el domingo 4 de noviembre?
Por este corte de agua (que va a afectar a 13 alcaldías de las 16 que existen en la capital mexicana y seguramente a muchos municipios del estado de México) ya se presenta una fuerte especulación (basada desde luego en la famosa ley de la oferta y la demanda). Una pipa que tradicionalmente tiene un costo de 800 pesos ha subido a más de dos mil pesos. Un tinaco (incluso en el mercado de Portales, que es uno de los mayores centros de distribución para la capital) que tenía un precio de dos mil pesos hoy vale al menos tres mil 500 pesos.
Ante esta situación ¿era políticamente correcto privatizar el agua por internet a partir del lunes pasado, como lo había anunciado el gobierno federal? Definitivamente, no. Por eso, la autoridad tuvo que recular y dar marcha atrás.
Pero detrás de las concesiones hídricas por internet y de toda la privatización del agua, hay un oscuro pantano, en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto insiste en navegar, cada vez con mayor insistencia.
¿Cuál es la prisa por privatizar el agua? Pues nada menos que existe la promesa del próximo gobierno y de los actuales legisladores (cuya mayoría está conformada por representantes del Movimiento de Regeneración Nacional) de revertir los decretos y leyes que pretenden privatizar el agua.
La especulación que se presenta en estos momentos por el megacorte, es un ejemplo de cómo el agua en manos privadas puede ser objeto de una especulación sin límite.
A continuación presentó una breve cronología de lo que ha sucedido en este año con relación a la utilización y concesión de los recursos acuíferos del país.
Cuatro meses, dos albazos
-El pasado 5 de junio el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación. Mediante estos escritos se eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (alrededor de 55 por ciento de lagos y ríos del país). Con ello no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.
-A los pocos días diversos organismos no gubernamentales y especialistas dijeron que se trataba de una forma de privatización del agua, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua señalaron que no se trataba de una privatización, sino de normas para proteger los recursos hídricos. “No es una privatización, pero sí habilitar el uso de agua para usos privados.”, dijeron oficialmente. Sin embargo, en cada decreto se señala el porcentaje de agua que puede ser utilizado en cada cuenca mediante el título de concesión. Una de las críticas fue que los decretos desconocen los derechos indígenas y de los campesinos.
-El 19 de junio, en campaña, Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, dijo que los decretos que se acababan de firmar para privatizar el agua “van para atrás porque no es una ley, es un decreto del titular del Ejecutivo, eso no se va a permitir. Esos madruguetes no se aceptan”.
-El 20 de junio, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Ramírez de la Parra, dijo que “en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla”.
-El uno de julio, tras haber sido declarado vencedor en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, prometió (al igual que en los últimos días de su campaña) que revocaría los decretos de privatización del agua.
– El seis de septiembre, el senador Martín Batres pasado presentó una iniciativa para prohibir la privatización del agua y declaró que en el Proyecto de Nación 2014-2028 hay referencias claras contra la privatización del agua.
– El 14 de septiembre de 2018, el Consejo Consultivo del Agua (CCA), se manifestó en contra de la propuesta de Batres y dijo que el caso “merece un amplio debate nacional que involucre a todos los usuarios del agua en el país y a expertos y académicos en diferentes especialidades”. En un comunicado aseguró que “el cumplimiento del Derecho Humano al Agua no se logra prohibiendo la inversión privada en la infraestructura hídrica en el país”.
-El 1 de octubre, la Conagua publicó en el Diario Oficial un acuerdo para resolver a través del sistema Conagua Digital “la no exigencia de requisitos” para otorgar concesiones de aprovechamiento de agua, eliminado trámites burocráticos. Se programó el 15 de octubre como fecha para entregar en forma masiva concesiones de aguas nacionales hasta agotar las disponibilidades a través de un sistema automático en línea.
-El 11 de octubre diversas organizaciones sociales denunciaron que Conagua pretendía “abrir las aguas nacionales a su masiva privatización a través del otorgamiento automático e incondicional de las concesiones” por internet hasta que se agoten los recursos.
-El 15 de octubre, Conagua aplazó seis meses el trámite vía electrónica para la obtención de concesiones de aguas nacionales superficiales y subterráneas. Argumentó que el sistema digital requiere en forma obligatoria para el procedimiento la Firma Electrónica Avanzada y que “algunos usuarios no cuentan con ella”.
Y todo esto en el entorno en el cual los vecinos de casi 500 colonias de la ciudad de México y de muchas otras más en el estado de México se encuentran ante la incertidumbre de cómo los va a afectar el megacorte de agua del último día de octubre y los primeros de noviembre.
¿Cerveceras controlando el agua?
Hay una especie de insistencia por privatizar el agua antes de que concluya este sexenio. Por eso, en menos de cuatro meses se presentaron decretos y convocatorias para otorgar concesiones por internet.
Incluso empresas y empresarios ya se han manifestado en contra de la propuesta de Batres para evitar la privatización del agua. Concretamente, el Consejo Consultivo del Agua rechazó la reforma busca reformar los artículos 2, 4, 9 y 12, así como derogar los artículos del 102 al 107 de la Ley de Aguas Nacionales, “con lo cual se limitaría la inversión privada en el desarrollo de infraestructura hídrica en México”.
¿Quiénes integran este consejo? Si se analiza su composición puede observarse que están incorporadas en este organismo 17 grandes empresas, entre las cuales se encuentran las cerveceras, las refresqueras, algunas mineras, fabricantes de alimentos y otras de productos y servicios diversos.
Concretamente están: Arca, Grupo Bal (Bailleres), Mabe, Nestlé, FEMSA, Carso, Cemex, Grupo Modelo, Veolia, Aguas de México, Lala, México Suez, Coca-Cola, Constellations Brands, Cervecería Cuauhtémoc-Heineken, Rotoplás y Alfa.
Sólo están tres universidades (UNAM, IPN y Tecnológico de Monterrey), hay cinco representantes de organismos de la sociedad civil, tres fundaciones, 17 consejeros numerarios (varias exsecretarios de estado y personajes como José Ángel Gurría y Gabriel Quadri), siete académicos, seis personal del sector agropecuario y cinco representantes de alianzas estratégicas.
El consejo es presidido por Víctor Lichtinger Waisman, exsecretario del Medio Ambiente (con Vicente Fox) y ex jefe de gabinete del gobernador michoacano Silvano Aureoles. Hay personajes que llaman la atención por la ambigüedad de sus cargos. El caso concreto es Raúl Rodríguez Márquez, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), pero representante del Estado de Zacatecas en México.
El Consejo se autodenomina como “única organización de la sociedad civil del país dedicada exclusivamente a temas del agua”. Como puede observarse el mayor peso de este organismo está en las empresas.
¿Confiaría usted las aguas mexicanas a un personaje como Alberto Bailleres que, por citar un ejemplo, arrojó 600 toneladas de elementos contaminantes en arroyos cercanos a su mina El Saucito (yacimiento de oro, plata y plomo) en Zacatecas hace unos meses?
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