CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre (AlmomentoMX/SemMéxico).- El 93.5 por ciento de las mexicanas rurales son ubicadas en condición de vulnerabilidad al carecer de acceso a educación, salud, seguridad social, infraestructura de la vivienda, servicios básicos y alimentación, además de que la mujer rural percibe 75 por ciento menos salario en comparación con el que perciben los hombres del campo.
Así lo establece en un comunicado de prensa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien exhorta a los tres órdenes de gobierno a diseñar políticas públicas con base en las necesidades y requerimientos de las mujeres rurales, se les consulte sobre los proyectos que necesitan y cómo utilizar los apoyos productivos, además de tomar en cuenta la diversidad de culturas a las que pertenecen.
Los datos arriba señalados pertenecen al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y que cita el organismo defensor de los derechos humanos a propósito del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora este 15 de octubre.
La CNDH subraya que las mujeres rurales enfrentan nula autonomía, lo que les impide tener tiempo para ellas mismas y para generar ingresos propios, así como para sus familias y comunidades, no obstante contribuyen en gran medida a la producción alimentaria nacional, con todo y las limitaciones de tipo legal y de algunos sistemas normativos internos de sus comunidades que, en ocasiones, las han excluido de participar y tomar decisiones en torno del otorgamiento de recursos y financiamientos agrícolas.
En un comunicado la CNDH sostiene que de acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares del INEGI 2016, la población estimada en el país es de 122.3 millones de personas, de las cuales el 23.2 por ciento reside en localidades rurales, donde hay 104 mujeres por cada 100 hombres.
Asimismo, una de cada tres mujeres rurales se concentra en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, y seis de cada diez (62.1%) se halla en situación de pobreza.
La CNDH llama al Estado mexicano a impulsar y visibilizar los aportes que las mujeres rurales hacen a sus comunidades, su papel en la seguridad alimentaria, la producción y comercialización de alimentos y el cuidado de animales, así como la realización de las tareas domésticas, a pesar de la feminización del trabajo agrícola por factores que contribuyen a reproducir la pobreza en el campo mexicano, y a la falta de acceso a la educación y al empleo que afectan el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales.
Al respecto, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con base en la Convención y en su Recomendación General No 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales, ha señalado este año a México que debe actualizar la infraestructura de las escuelas, especialmente en áreas rurales; que se incrementen los recursos financieros, humanos y técnicos asignados a la educación y cuidado de la salud de las mujeres rurales, y se tomen medidas objetivas para la igualdad de oportunidades en el campo laboral.
También hace referencia a la necesidad de fortalecer el apoyo institucional para garantizar el acceso al agua y al saneamiento, reforzar una estrategia nacional para la reducción de la pobreza, y que la implementación de la Agenda 2030 sea plenamente incluida y se aliente la participación activa de las mujeres en la formulación e instrumentación de las estrategias para la reducción de la pobreza.
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