TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 9 de octubre (AlmomentoMX).- Diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana de la 60 Legislatura mexiquense, que preside la diputada María Lorena Marín Moreno del PRI, advirtieron sobre los índices de corrupción en la entidad y coincidieron en que la suma de esfuerzos será primordial para combatirla y fortalecer el estado de derecho, lo que además abonará a la transparencia y la rendición de cuentas.
Durante la comparecencia del secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltecatl, que con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno los diputados de morena, Faustino de la Cruz Pérez y del PT, Luis Antonio Guadarrama Sánchez destacaron los casos de corrupción de la empresa OHL, la llamada estafa maestra, en la que se vio involucrada la UAEMEX, y las nóminas fantasma.
El diputado De la Cruz pidió al secretario un listado de las sanciones y observaciones que la dependencia ha hecho a otras secretarías a fin de que los legisladores tengan herramientas para tomar decisiones durante la revisión del Paquete Fiscal 2019; también pidió información sobre sus acciones para evitar que los contralores internos de los ayuntamientos sean amigos de los alcaldes.
Luis Antonio Guadarrama preguntó cuál fue el resultado de la investigación de la Contraloría sobre los actos de corrupción dados a conocer, entre la empresa OHL y funcionarios de alto nivel del gobierno del Estado de México, específicamente Apolinar Mena Vargas, exsecretario de Comunicaciones, y Luz María Zarza Delgado, consejera jurídica.
La diputada Lilia Urbina Salazar, del PRI, preguntó sobre las acciones de la Contraloría respecto de la obligación de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales y si con la desaparición de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) habrá algún vacío en la lucha contra actos de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad pública.
La diputada Brenda Escamilla Sámano, del PAN, dijo que la corrupción y la impunidad son problemas graves que deben ser considerados de atención prioritaria en la agenda del gobierno y preguntó si existe impedimento para que se presenten denuncias y se sancione a servidores públicos por falta de una plataforma digital estatal, así como sobre las acciones de la secretaría en conjunto con otras instituciones estatales para disminuir los índices de corrupción o las faltas cometidas por los funcionarios.
También preguntó si existe voluntad política en el Poder Ejecutivo para que funcione de forma adecuada y en corto tiempo el Sistema Estatal Anticorrupción.
Por el Partido Encuentro Social, el diputado Juan Carlos Soto Ibarra cuestionó las acciones en materia anticorrupción y si están vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción, además de los mecanismos que garanticen el derecho a la participación ciudadana para fortalecer a la democracia y como un derecho básico.
La legisladora Araceli Casasola Salazar, del PRD, indicó que se debe incrementar la participación de observadores sociales en las licitaciones del gobierno estatal y preguntó qué acciones ha implementado la secretaría al respecto, además de las realizadas por el contralor para cumplir con las obligaciones que le impone la legislación en materia anticorrupción.
La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón dijo que al PVEM le interesa conocer como el trabajo de la dependencia contribuye a erradicar la corrupción. Sobre la ley del Issemym preguntó si está en riesgo el pago de las pensiones, si la crisis que vive este sistema de seguridad social es consecuencia de malos manejos y si se han realizado auditorías financieras para verificar su solvencia.
También preguntó sobre las garantías de seguridad que brinda la secretaría a los ciudadanos que denuncian a servidores públicos; sobre las declaraciones Tres de Tres, quiso saber cuántas han presentado conflicto de interés y cuántos servidores públicos causaron baja por no haberlas presentado.
Adrián Manuel Galicia Salceda, legislador de morena, consideró de vital importancia que la Secretaría de la Contraloría cumpla estrictamente con las funciones que le señala la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya que la entidad mexiquense ocupa el primer lugar en actos de corrupción. Tal vez por ello, dijo, esta administración pública estatal es la segunda más auditada en temas de corrupción.
“Con la coalición legislativa (morena-PT-PES) habremos de frenar de manera contundente la ruta de corrupción e impunidad que ha dañado tanto al Estado de México”, concluyó.
Por el PT, la diputada Julieta Villalpando Riquelme dijo que con motivo de las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017 se aportaron recursos federales para la reconstrucción de escuelas y viviendas; sin embargo, padres de familia comentan que los alumnos toman clases en los patios de las escuelas porque la construcción es lenta y aún no ha concluido y muchas familias han reconstruido sus casas con recursos propios. Preguntó qué acciones ha emprendido la secretaría para verificar la correcta aplicación de los recursos.
Además, cuestionó sobre las dos mil 456 inspecciones a obra pública y las cuatro mil 173 verificaciones a programas sociales a que se refiere el Primer Informe, cuántos actos u omisiones irregulares se detectaron y cuántas denuncias se hicieron al Ministerio Público.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PES, Carlos Loman Delgado, dijo que la actuación de la Contraloría es un buen instrumento para lograr la Cuarta Transformación. “Con la participación conjunta, la Secretaría de la Contraloría puede auxiliar y brindar luz a la Legislatura sobre los diagnósticos y mecanismos para brindar mayor transparencia en el quehacer de la actual administración”.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados, el secretario Vargas Zempoaltécatl dijo que en el primer año de la presente administración se han realizado cerca de mil 700 auditorías financieras, administrativas, de obre pública e integrales.
Dijo que se han observado más de 16 mil expedientes de investigación, a efecto de determinar la probable comisión de faltas administrativas y, en su caso, determinar su calificación como grave o no grave. Explicó que se resolvieron mil 906 procedimientos disciplinarios y resarcitorios en contra de servidores públicos a los que se les acreditó un mal comportamiento en el desempeño de sus funciones.
Indicó que se impusieron mil 685 sanciones, de las cuales 405 fueron amonestaciones, 73 inhabilitaciones, 184 suspensiones, 47 destituciones, 73 económicas, 856 pecuniarias y 47 resarcitorias, “con lo que se refrenda la tolerancia cero de este gobierno a la corrupción”.
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