CIUDAD DE MÉXICO, 5 de octubre (AlMomentoMX).— De 2006 a la fecha, 36 defensores de los derechos humanos han sido asesinados por su activismo, y las autoridades estatales no realizan nada para proteger la integridad física de los humanistas, ni de investigar y procurar justicia en los casos de agresiones y homicidios, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El más reciente asesinato ocurrió la semana pasado en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, en contra del ingeniero y activista Jesús Javier Ramos Arreola, opositor a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
De acuerdo con el Estudio sobre el Cumplimiento de los Pronunciamientos de la CNDH en materia de Agresiones a Personas Defensoras de Derechos Humanos, si bien las agresiones ocurren en diversas partes de país lo cierto es que Chihuahua, Guerrero y Oaxaca ocupan los tres primeros lugares de homicidios de personas defensoras de derechos humanos con 13, seis y cinco casos, respectivamente.
“Tiene que haber una responsabilidad de las entidades federativas”, manifestó Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, e hizo un llamado a los gobiernos estatales a poner en marcha las recomendaciones emitidas por la Comisión para reducir la “preocupante” situación. “El sólo hecho de que priven a una persona de la vida, ya es para estar en una situación de preocupación”, alertó.
En tanto, Carolina Espinoza Luna, responsable de la coordinación de la investigación de la CNDH, detalló que 22 entidades federativas han ignorado la Recomendación General 25/2016 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a la creación de leyes para prevenir violaciones contra quienes defienden las garantías individuales.
La recomendación fue enviada a dos mil 545 autoridades de los tres niveles de gobierno., Espinoza Luna precisó que del total, sólo 116 autoridades, que representan 4.6 por ciento, respondieron a la referida recomendación que les giró el ombudsperson nacional ante el incumplimiento de su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a las garantías de personas defensoras de derechos humanos.
La investigadora de la UNAM resaltó que el mayor incumplimiento proviene de los dos mil 413 presidentes municipales y jefes delegacionales, pues solo 34 emitieron un oficio de respuesta a la CNDH, lo que significó 1.4 por ciento.
destacó una serie de deficiencias legislativas e institucionales que disminuyen la capacidad de los gobiernos locales de atender los casos de violencia de personas defensoras de los derechos humanos:

Leyes que no reconocen la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos.
Falta de capacitación de los servidores públicos.
Mecanismos locales de protección inadecuados.
Vínculos débiles con las organizaciones de la sociedad civil.
Falta de integración de las víctimas a la búsqueda de soluciones.

Por su parte, Pilar Tavera Gómez, especialista en temas de protección, aseguró que una de las situaciones de mayor gravedad es que cerca del 50 por ciento de las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos son cometidas por funcionarios públicos.
AM.MX/dsc
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