CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre (AlmomentoMX)- Antonio Ortega Martínez, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática afirmó que es indispensable que el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, conforme la Comisión Investigadora para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, ordenada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas y -más aun- que dicha figura sea supervisada por instancias internacionales para evitar su politización.
Consideró, además, “saludable” que López Obrador emita, desde el primer día de su gobierno, un decreto presidencial que ordene a todas las instancias gubernamentales, colaborar con las investigaciones para eliminar las trabas que, a lo largo de estos cuatro años, han encontrado las pesquisas.
“Seguramente el Presidente puede hacer que las instancias de gobierno le hagan caso, aunque se podrían mantener las resistencias de los actuales porque se encuentran más que en los funcionarios en las instituciones mismas”, advirtió.
También dijo, es positivo que en los primeros días del nuevo se solicite formalmente tanto a la ONU como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se reactive la asistencia técnica para apoyar las investigaciones.
Expuso que aun cuando la orden del Primer Tribunal Colegiado se encuentra suspendida por impugnaciones interpuestas por al menos, 10 instancias federales con el argumento de que sólo el Ministerio Público -a través de la Procuraduría General de la República (PGR)- tiene atribuciones para investigar, hay el sustento constitucional, convencional y legal para la creación de la citada Comisión ya que al analizar el artículo 21 constitucional, el Tribunal concluyó que no existe exclusividad del MP para averiguar dado que existen varias indagatorias formales reconocidas por el mismo, como ocurrió con los casos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; la Organización de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Indicó que por ello, existe sustento jurídico para que el gobierno entrante ordene la creación de la Comisión de investigación e, incluso se refuerce con supervisión internacional; sin embargo –alertó-  debe ser cuidadoso para no repetir errores de los mismos actores en una investigación y se politice nuevamente.
Por ello, Antonio Ortega planteó la necesidad de considerar a quién otorgará el gobierno de AMLO, la titularidad del órgano de investigación y su ubicación jurídica; ya sea en el Ejecutivo; en el Poder Judicial; en el ámbito de la sociedad civil (como la ya acostumbrada figura de “Comisión de la Verdad”); acudiendo a instancias internacionales; o en una combinación de las cuatro.
El Decano de esta Legislatura recordó que las “comisiones de la verdad” se crean cuando resulta difícil o prácticamente imposible determinar una verdad jurídica apegada a la de los hechos y a la justicia cuando no hay acceso a pruebas fehacientes porque fueron destruidas o tergiversadas (al grado que es imposible utilizarlas para acreditar la verdad jurídicamente) o bien, cuando hay incapacidad institucional como ha pasado en el caso de dictaduras que destruyeron las pruebas de sus arbitrariedades, o porque en su momento no se contaba con jueces autónomos y procedimientos legales.
El diputado perredista juzgó necesario acudir a la figura de “Comisión de la Verdad” al cumplirse esta semana cuatro años sin certeza ni justicia, o ante lo que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha calificado como el actuar de las autoridades (que defienden su versión oficial o “verdad histórica”) como una “investigación insostenible de doble injusticia” cuyas deficiencias e inconsistencias fueron patentizadas por el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forense Architecture.
Ortega Martínez dejó en claro que si bien pueden ser buenas las intenciones del presidente electo cuando señala que la Secretaría de Gobernación cambiará su función tradicional y “ya no va a tener que ver con asuntos policíacos, ni espionajes”; no es conveniente que sea esta instancia de gobierno la encargada de tener la Comisión bajo su responsabilidad “porque se impediría la mayor ventaja de las comisiones ‘de la Verdad’ que evitan la politización por estar conformadas no solo por personas notables fuera de duda y de cualquier sesgo de parcialidad, sino también fuera de las instituciones tradicionales”.
Aclaró que,  por esas mismas razones, Alejandro Encinas tampoco sería el más adecuado en tener a su cargo esta Comisión y solamente tendría que coadyuvar en las funciones de la Comisión al igual que la CIDH e, incluso, el GIEI (ya sea con los mismos u otros expertos). También deben ser coadyuvantes los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; Olga Sánchez (propuesta como próxima responsable de Segob); Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH; Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
“Todos, pueden coadyuvar pero con una nueva composición en la ubicación de la comisión y con un titular fuera de toda duda de parcialidad o sesgo”, concluyó.
AM.MX/fm
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