Foto: Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre (AlMomentoMX).— A través de un procedimiento abreviado, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, razón por la que un juez de control de la Ciudad de México lo condenó a pasar nueve años en prisión en el Reclusorio Norte y al pago de 58 mil 890.60 pesos de multa.
El juez también le dio una amonestación verbal para que evite reincidir en la comisión de algún delito y le suspendió sus derechos políticos y civiles por el tiempo que dure en prisión. Asimismo, ordenó el decomiso de 22 parcelas, seis inmuebles en la Ciudad de México, un terreno en el Estado de México, tres departamentos en Boca del Río, Veracruz, cuatro más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y seis terrenos en Cancún, Quintana Roo.
Antes de dictar su fallo, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, preguntó al ex mandatario de Veracruz si aceptaba la tramitación del procedimiento abreviado y admitía su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputó.
“En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, si su señoría”, respondió Duarte de Ochoa.
Entre los inmuebles asegurados, se encuentra un predio ubicado en Lomas de Chapultepec, en el que el exmandatario pretendía construir su casa de retiro y tres departamentos en Santa Fe, que supuestamente fueron adquiridos para sus hijos y cuyo valor es de 45 millones 500 mil pesos cada uno.
Los agentes del Ministerio Público de la PGR no solicitaron una condena de reparación del daño, pues conforme a la ley, los delitos de los que Duarte de Ochoa se declaró culpable no admiten esta pena.
De los nueve años de prisión a los que fue condenado, se deberá descontar el tiempo que ha permanecido privado de su libertad, es decir, la condena empezó a contar desde el 15 de abril del 2017, por lo que únicamente restan siete años y medio en prisión.
Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez especificó que la multa que le impuso asciende a 300 días de salario mínimo que se pagaba en el año 2011 en el estado de Campeche, que es de 52 mil 317 pesos en total. Mientras que por asociación delictuosa, los 90 días de multa fueron calculados conforme al salario de 2016 en la Ciudad de México, que en total resultaron 6 mil 573.60 pesos. En ambos casos, el juez consideró los lugares en los que se consumaron los delitos.
La diligencia
Con 12 minutos de retraso, inició la audiencia programada para las 16 horas. Tras decretar abierta la sesión, el juez señaló que la convocatoria era para una audiencia intermedia de preparación al juicio. Sin embargo, una de las fiscales de la PGR pidió la palabra para señalar que, el pasado 17 de septiembre, Javier Duarte había presentado a través de sus abogados una petición de un “proceso abreviado” con el cual, él aceptaría su responsabilidad a cambio de que se impusiera la pena mínima que marca la ley por los dos delitos.
Duarte de Ochoa, quien reapareció ante el juez rapado, con al menos 30 kilos de peso menos, barba abundante y desaliñada, permaneció en silencio mientras anotaba lo que afirmaron los fiscales.
En síntesis, la PGR señaló que el exmandatario estatal era responsable de “dirigir una organización criminal que operó en Veracruz Guerrero y Ciudad de México, y a través de la cual se desviaron cantidades millonarias de recursos públicos… utilizando para ello empresas fantasma y prestanombres… Todo con la finalidad de invertirlo en propiedades y otros bienes en beneficio de él, de su esposa y de su familia”.
Las dos horas de audiencia, interrumpidas solo por un receso de 10 minutos, transcurrieron con la lectura de las pruebas que la PGR decía tener para demostrar que el exgobernador era culpable. Había múltiples documentos pero, sobretodo, testimonios. Declaraciones que no eran de víctimas o denunciantes, sino de personas del primer círculo de Javier Duarte.
Entre las pruebas se encontraban las entrevistas realizadas a Xóchilt Tress, ex funcionaria de la Secretaría de Educación de Veracruz; así como  la de los abogados Juan Janeiro y Alonso Ortega, quienes señalaron que trasfirieron recursos a empresas fachada y los invirtieron en múltiples propiedades.
También se incluyó la entrevista de José Manuel Ruiz Falcón y de Miguel Rodríguez Gutiérrez, quienes fueron responsables de la remodelación de algunos bienes adquiridos por la red de lavado de dinero.
AM.MX/dsc
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