Guatemala, C.A.- Cuando uno ingresa al área común de la cárcel Mariscal Zavala se puede encontrar, sentado ante una mesa de plástico desvencijada, al presidente del Banco Central de Guatemala, Julio Roberto Suárez, quien vestido con bermudas y una playera tipo polo escucha la radio. 

-Falta poco –dice, con la esperanza en la voz y contando los días que han pasado: 38 meses, mil 158 días- ya pronto van a entender la injusticia de que estemos aquí. 

 Iván Velásquez, jefe de la Cicig. Foto: Hemeroteca Prensa Libre

En este momento, en esta cárcel ilegal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hay dos presidentes guatemaltecos (Otto Pérez Molina y Álvaro Colom), alrededor de 20 exsecretarios de Estado (tan solo en febrero de este año llegaron casi 10 más), unos 20 empresarios o líderes de la iniciativa privada, jueces, magistrados, alcaldes, líderes sindicales, exguerrilleros, militares, ex policías y muchos, muchos académicos. 

Son o han sido inquilinos ciudadanos de varias nacionalidades: rusos, mexicanos, argentinos, españoles. Pero curiosamente ninguno estadounidense. Ni tampoco colombianos. De Colombia es el dirigente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

Es quizá la cárcel, a nivel mundial, con mayor nivel académico de sus reclusos. El promedio de estudios de los internos es de licenciatura. Aquí duermen en los toldos, bartolinas o carpas, algunas de las mentes más brillantes de Guatemala.

Por eso, la cárcel Mariscal Zavala, hace recordar las películas de la segunda guerra mundial en Alemania, con sus impunes campos de concentración que albergaron a científicos y humanistas, encerrados por sus ideas políticas o por el simple hecho de ser judíos. 

-En mi caso –dice el ex gobernador del banco central guatemalteco- el simple hecho fue haber estado en el lugar equivocado, en el peor momento.

Lamentablemente, cuando algún interno ingresa en esta cárcel, sabe cuándo entró, pero no cuándo va a salir, porque su situación jurídica es de tal manera incierta que muchos de ellos tienen hasta cinco años sin que se les haya dictado formal prisión ni acto de libertad.

-Sí ha habido algunos casos de presos que han salido libres, pero son contados-, dice el abogado de uno de los reclusos que está sentado cerca del exdirector del Banco de Guatemala. Prefiere no decir su nombre ni el de sus representados por temor a represalias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)

-Cuéntelos- le propongo, para hacer chorcha.

-Espero no meterme en problemas- precisa, con cierto temor, el joven abogado, quien es la única persona vestida de traje en toda la cárcel-campo de concentración.

Y comienza con una larga historia de la impunidad y los actos ilegales de la Comisión Internacional.

 

El caso Portillo

El expresidente guatemalteco Alfonso Portillo. Foto Reuters

Uno de los primeros inquilinos de Mariscal Zavala fue el expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, un mandatario que, según Wikipedia y varios analistas consultados, se enfrentó con el poder económico guatemalteco y con Estados Unidos.

Cuando llegó al poder, en febrero de 2002, en su primer pronunciamiento público tras haber ganado las elecciones, pidió a la comunidad internacional que apoyó y financió el proceso de pacificación de Guatemala “comprensión y una interpretación correcta” de su triunfo.

De 2002 a 2004, como presidente, dice Wikipedia: “Portillo se convirtió en el gobernante más detestado para el poder económico formal de Guatemala en el siglo XXI ya que se enfrentó directamente a dicho grupo y de una manera que reflejaba más bien una satisfacción propia que un objetivo político. Por ejemplo, Portillo hizo abrir los contingentes de importación de carne de pollo, de harina, de azúcar y de otros productos para combatir el alza a productos de consumo básico, los cuales eran controlados por grupos monopólicos en Guatemala. Además de los discursos desafiantes que pronunciaba y que le granjeaban enemistades con los empresarios guatemaltecos, al debilitar el combate al narcotráfico y mostrarse hosco frente a representantes diplomáticos de Estados Unidos cultivó una animadversión que más temprano que tarde se volvió en contra suya”.

Fue “un expresidente de la era democrática, que fue juzgado y condenado por casos de corrupción, pero que goza de muchísima popularidad, principalmente en el interior del país”, decía un reportaje que publicó Deustche Welle (DW), cuando regresó en libertad a su país. “Un buen porcentaje de los guatemaltecos lo califica como el mejor de los expresidentes de este período democrático, de 1985 a la fecha”, señalaba ese reportaje difundido en 2015.

Para ese entonces y, desde que terminó su mandato, Portillo había pasado por una serie de vicisitudes: en 2004 salió de Guatemala, vía El Salvador, para volar a México. Fue detenido y liberado por falta de sustento en las acusaciones, en varias ocasiones. En 2008 se entregó a las autoridades de México y la CICIG logró que Estados Unidos y el gobierno de Felipe Calderón, lo extraditaran a Guatemala, por lo que regresó a su patria en un avión de la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana.

-Parece que la CICIG tomó el caso Portillo como cosa personal, porque había sido exonerado varias veces de todos los delitos que le imputaban… pero una y otra vez la CICIG insistía-, explica el abogado que parece tener muchos años litigando, sobre todo para personas de escasos recursos.

 

Una cárcel para un expresidente

 

Una vez en Guatemala, la CICIG lo eligió para que le tocara el infortunio de inaugurar la cárcel de Mariscal Zavala, recién habilitada como prisión anticonstitucional. Además de Portillo, también fueron trasladados los empresarios Francisco José y Estuardo José Valdés, el 3 de agosto de 2010.

–Fue una situación urgente por que la CICIG lo necesitaba para los colaboradores eficaces que eran seis personas, y para los extraditables que Estados Unidos estaba a punto de procesar, como el expresidente Alfonso Portillo-, le contó el exministro Carlos Menocal, a la periodista Gradys Olmstead.

Menocal había sido ministro de Gobernación, precisamente durante la presidencia de Portillo y regresó a ese cargo cuando fue mandatario Álvaro Colom (quien ahora pernocta en una de las “casitas” que se encuentran a la derecha de la entrada de esta cárcel). Con él presidió la Comisión Nacional Presidencial contra la Impunidad, y coordinó, desde el gobierno, la llegada de la CICIG.

Álvaro Colom, ex mandatario guatemalteco

Cuando el 13 de febrero de este año fue encarcelado Álvaro Colom y llevado a la cárcel Mariscal Zavala, Menocal escribía en su cuenta de twitter: “Álvaro Colom siempre asistió a la Contraloría General de Cuentas a discutir los hallazgos en torno al caso Transuburbano. La Justicia es Justicia y será ella la que aclare el destino del expresidente. Mi solidaridad para él”.

Menocal, quien se ha convertido en uno de los principales defensores del trabajo de la CICIG (al grado de sugerir una comisión similar para México), cuenta con una denuncia (P201-12) admitida en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por negarse a entregar información. De acuerdo con la prensa guatemalteca, fue “el primer caso de acceso a la información en un país americano, que es abierto ante el sistema interamericano de derechos humanos”.

-Ya ve –prosigue el abogado- se ha cambiado una impunidad por otra. Como puede notar aquí no hay estadounidenses, ni en ninguno de los casos de la CICIG. Pero eso sí, se ensañan con personas como el expresidente Portillo.

El expresidente Alfonso Portillo no pudo ser sentenciado por la CICIG en Guatemala, ya que nunca le encontraron pruebas. Por eso fue devuelto a Estados Unidos, en donde un juez le dictó auto de formal prisión y ahí estuvo hasta que regresó libre a su país, en 2015, y fue recibido por decenas de simpatizantes en el aeropuerto.

 

Bitkov y la nueva guerra fría

 

El recluso poeta que decía “escriba sobre mí pero no escriba mi nombre”, recuerda que Mariscal Zavala fue escenario de un evento histórico que puso al mundo al borde de un “shock nervioso” por la posibilidad una nueva “guerra fría” entre Estados Unidos y Rusia.

-Fue el caso de los rusos, o el caso Bitkov- dice moviendo las manos como haciendo un globo terráqueo con ellas-, una pareja rubia, con su hija jovencita, que pusieron a temblar al mundo.

Resulta que la CICIG investigó, en enero de 2015 la emisión de pasaportes ilegales por parte de la Dirección General de Migración en contubernio con traficantes de personas. Fueron detenidos muchos personajes, entre ellos la pareja rusa.

La familia Bitkov buscaba obtener pasaportes, por lo que cayó con una banda dedicada a ese ilícito. La familia no tenía relación alguna con el tráfico de personas ni con la emisión de los documentos, pues sólo habían sido clientes.

La CICIG encarceló al padre, a la madre y a la hija mayor, todos ellos nacidos en Rusia, pero les quitó a un niño menor que había nacido en Guatemala. A Igor, el padre, le impusieron una condena de 19 años y a su esposa e hija 14 años de prisión.

El asunto se ventiló en Estados Unidos, pues la familia Bitkov había huido de Rusia por problemas políticos con el Kremlin. Por eso, el empresario estadounidense Bill Browder, conocido como el «enemigo número uno” del presidente ruso Vladimir Putin, y quien es uno de los más influyentes cabilderos en el Congreso estadounidense, inició una campaña para que fuera liberada la familia rusa encarcelada en Guatemala. Presentó el encierro de los Bitkov como una nueva manifestación de “la larga mano del Kremlin” en todo el orbe.

Al mismo tiempo que Browder iniciaba esa campaña, ocho congresistas estadounidenses dirigieron una carta al presidente guatemalteco, Jimmy Morales, para urgirlo a apoyar la cruzada anticorrupción de la CICIG y, con ello, “mejorar el clima de inversiones, pues de lo contrario, la incertidumbre hará que los empresarios de su país trasladen su capital a otros países”.

La Casa Blanca se preocupó por los vientos de una nueva guerra fría con Rusia y al mismo tiempo por los ánimos del presidente guatemalteco que se negaba a extender la vigencia de la CICIG en Guatemala.

 

El mexicano y el español

 

-La familia Bitkov fue liberada y los recursos gringos llegaron aquí. Y nosotros seguimos aquí, esperando, con toda la incertidumbre que rodea cada uno de nuestros casos. Es una incertidumbre que se está volviendo añeja-, dice el nostálgico preso con nombre, pero anónimo.

Y refiere que hay muchos otros personajes interesantes:

Hay un mexicano: Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, quien está preso por el caso Aceros de Guatemala

-Dicen que es pariente de un político mexicano ¿usted sabe algo de eso?- pregunta.

-En México hay un político muy conocido llamado Porfirio Muñoz Ledo, pero no sé si sean parientes.

Otro preso internacional conocido por los internos de Mariscal Zavala, es el empresario español Juan José Suárez Meseguer, quien, según dicen los reos, tiene una especie de casa a todo lujo aquí en la cárcel, con pisos de mármol y maderas finas. La CICIG también ha pedido la captura de otro empresario español, Ángel Pérez Maura, heredero de la saga Pérez Maura y emparentado con Ana Botín, la propietaria de Banco Santander. Ambos están involucrados en el caso Terminal de Contenedores Quetzal.

Están detenidas también personas que participaron en la guerrilla de los años ochenta y varios militares y kaibiles que perpetraron matanzas en zonas indígenas cuando existía un clima de guerra que fue pacificado al término del siglo pasado.

Lo que los iguala a todos, es que esperan justicia, como el banquero Julio Roberto Suárez, quien se despide con una sonrisa arrancada a fuerza a la esperanza, mientras el abogado de traje, casi en silencio para que no lo escuchen los presos me susurra al oído: “a veces perdemos la esperanza… Hay casos que llevan 33 audiencias… y de repente otra vez a comenzar de cero”.