Por Roberto Fuentes Vivar
Enviado/Parte III
*En esta tercera y última entrega sobre Guatemala, se expone el caso del suicidio del Dr. Oliva y el poder de Estados Unidos para favorecer a Baxter, una transnacional de ese país para someter (hasta con la cárcel) a Pisa, farmacéutica mexicana que ganó un contrato para brindar servicio de diálisis peritoneal
Guatemala, C.A.- En la carpa donde se suicidó el doctor Jesús Oliva hay una especie de pared de tablarroca a medio construir. Ostenta el logotipo de Durock Neck, y en el techo se observa la marca “Toldos San Juan”. En una hendidura, casi escondido entre la lona, descansa un rojo corazón de plástico desinflado con la leyenda “I Love You” en letra manuscrita.
Arriba se ve el tubo de metal desde donde se colgó.
Cuando Edgar De la Peña y Ramiro Lorenzana acudieron a bajar el cadáver, a Edgar se le salió una lágrima y dijo: “ya lo habíamos advertido”.
Un mes después, Edgar, vestido con una camiseta de la selección argentina de futbol, por la que escurre el sudor de mediodía, recuerda:
“Les dijimos que estaba muy deprimido, que algo podía pasar, pero no nos hicieron caso”.
Desde finales de 2017, los familiares del médico y su abogado Luis Mérida pidieron una evaluación pericial, porque presentaba un estado depresivo muy grave y era proclive al suicidio. Fue conducido al Hospital de Salud Mental “Federico Mora”, de donde fue dado de alta y regresado a la prisión Mariscal Zavala.
Posteriormente los familiares solicitaron al Tribunal Undécimo Penal una medida sustitutiva, por el agravamiento de su salud mental, pero el 24 de mayo de 2018 la instancia penal rechazó la petición, “con el pretexto de que existían dudas sobre una posible obstaculización a la averiguación de la verdad”, publicaba Prensa Libre.
Menos de un mes después, el 11 de junio, Edgar y Ramiro descolgaban el cuerpo del doctor, cuyo nombre completo era Jesús Arnulfo Oliva Leal y era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, con varias especialidades.
Tras la muerte del doctor, su esposa, María Mercedes Martínez de Oliva, salía en varios programas televisivos denunciado que el recluso debió haber sido internado en el Hospital de Salud Mental por padecer depresión crónica, ataques de ansiedad, miedo e ideas suicidas. Se llevaba las manos a la cara y repetía “no nos oyeron”.
El intelectual y Premio Nacional de Literatura 1999, Mario Alberto Carrera, levantó la voz sobre el suicidio del doctor y preguntaba si el hecho sucedió por culpa de sus “culpadores”. El suicidio fue un “castigo completamente desproporcionado si lo comparamos con el supuesto delito que se le imputaba”.
Mario Antonio Sandoval, director de la Academia Guatemalteca de la Lengua, fue más lejos: “El doloroso y lamentable suicidio del doctor Jesús Oliva Leal, en el interior del Mariscal Zavala, es un hecho trágico derivado de la malicia y de la ignorancia de los integrantes del sistema jurídico nacional. Tanto el MP como la CICIG, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía contra la Impunidad (Feci) y las judicaturas vinculadas están obligados por un sentimiento de humanidad ausente hasta ahora a siquiera pedir disculpas públicas a la familia de la víctima, porque si bien no son culpables del hecho, sí comparten la responsabilidad. Por ejemplo, algunos de los fiscales relacionados con algunos de esos casos sensibles o en potencial riesgo deberían hacerlo. La pregunta por responder es simple: ¿quién es el responsable de crear las condiciones para esa desesperada decisión de quitarse la vida?”.
Un decano con la pensión embargada
La muerte del doctor Oliva fue un duro golpe para todos en campo de concentración Mariscal Zavala, pues se había ganado la amistad y el respeto de todos los internos, a quienes atendía como médico. Pero su situación era precaria. Por instrucciones de la CICIG le habían embargado la pensión y sobrevivía gracias a que su esposa vendía tacos al interior de Mariscal Zavala, en el mismo toldo donde decidió quitarse la vida.
Su estancia en la cárcel se debía a que como representante de la Universidad de San Carlos ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) había intervenido para nombrar miembros de la Junta de Licitación de ese instituto que habían aprobado una adjudicación para ofrecer el servicio de diálisis peritoneal a la empresa mexicana Pisa, la cual había ofrecido mejores condiciones que las de Baxter, la empresa estadounidense que anteriormente tenía el contrato.
Finalmente fue acusado de “fraude”. El propio “ruso”, Igor Bitkov, dio a conocer un testimonio sobre el doctor Oliva que transcribo textualmente con la sintaxis original: “el hombre no tiene ninguna propiedades, y en su cuenta bancaria encontraron el balance de Q.3500 quetzales. Por esta razón no pueden acusarlo que obtuvo algún beneficio económico de este supuesto “Fraude” a esto ya el Doctor Chusito lleva más de 15 meses en el cárcel”
Agregaba la carta en la que Bitkov mostraba su indignación por mantener al doctor Oliva (Chusito, le decían los más cercanos) encarcelado: “Es que Jesús tiene un pequeño hijo de 4 años que se llama Andy. El niño sufre una grave enfermedad llamada Trastorno neurológico síndrome de Lavan Kleffner que provoca epilepsia continúa. Necesitan medicamentos especiales y terapia intensiva Jesús trata de salvar la vida de su hijo utilizando todos sus recursos económicos e intelectuales. Pero estando en la cárcel él no tiene salario y no puede continuar tratamiento de su hijo. Tanto el hijo de Jesús Oliva como el mío tienen la misma edad. Siento como duele corazón de un padre, ver su hijo enfermo y no tener posibilidad de ayudarle. Jesús Oliva salvó las vidas de muchos niños y por ahora no le permiten salvar su propio hijo”.
Oliva no fue el primer doctor internado en mariscal Zavala que falleció. El 7 de septiembre de 2016 el médico Erwin Raúl Castañeda Pineda, de 61 años, murió a su ingreso al Hospital Militar, zona 16, según informaron los Bomberos Voluntarios que lo trasladaban.
Ese día –recordó a la prensa en ese momento el doctor Oliva- Erwin Raúl Castañeda Pineda, no fue a correr a la cancha de futbol del campo de concentración Mariscal Zavala. “Hoy no, gracias ‘Chusito’”, le dijo a su amigo y colega.
Igor Bitkov recuerda en su mala sintáxis: “el tenia muchas enfermedades, tenia cáncer de piel “Melanoma Maligna”. Por milagro de Dios sobrevivió. Otro enfermedad grave que tenia era “Asma Bronquial”. Necesitaba tratamiento y exámenes regulares que no lograban recibir en la cárcel. Pero lo que mas afectaba en la cárcel era la depresión. Las enfermedades psicológicos son muy complicados para diagnostico y tratamiento. En la cárcel estas enfermedades afectan a la gente mucho mas fuerte, que en libertad.
“Raúl luchaba contra depresión todos los 16 meses, que estaba en la cárcel. Me Contó,-cuenta Bitkov en sus memorias de la cárcel- que los fiscales le propusieron de una ves ser colaborador eficaz prometiéndole la medida sustitutiva y la pena mínima y conmutable. El por su dignidad no acepto dar testimonios falsos que exigían de él. Lo metieron en prisión preventiva y varias veces el solicitaba revisión de medida, pero sin resultado alguno”.
Al igual que el doctor Oliva, el doctor Castañeda Pineda solicitó su traslado para ser atendido en un hospital. La CICIG y los jueces se lo negaron. El doctor Castañeda era directivo del Colegio Médico de Guatemala y, por lo tanto, representaba al órgano colegiado en la Junta Directiva del IGSS. Por eso, los dos estaban encarcelados por el caso que la CICIG llamó IGSS-Pisa.
El contexto del caso
El 20 de mayo de 2015, la CICIG informó oficialmente que “en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG se dio captura a integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación y Adjudicación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre ellos el presidente de esta institución, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, sindicados de aprobar y avalar el contrato irregular suscrito con la droguería PISA de Guatemala S.A. para proporcionar servicios de diálisis peritoneal”.
En ese momento fueron detenidas 17 personas, entre ellas enfermeras, trabajadores, empleados, dirigentes empresariales, directivos de empresas y los más altos funcionarios del IGSS. En esa lista estaban los doctores Oliva y Castañeda.
Unas semanas antes de la detención de los involucrados en el caso IGGS-Pisa; el 23 de abril de 2015, Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, anunció que solicitaría a las Organización de las Naciones Unidas una prórroga por dos años al mandato de la CICIG, “para que continúe con su labor de luchar contra la impunidad y fortalecer y transferir capacidades a las instituciones del sector justicia del país”. Pérez Molina es hoy uno de los inquilinos del Campo de Concentración Mariscal Zavala.
La cronología de los hechos fue la siguiente:
El 21 de julio del 2014, el IGSS inició el evento 3381625 para la contratación de los servicios de diálisis peritoneal continua ambulatoria para pacientes del IGSS.
El 11 de septiembre de 2014, la Junta Directiva del IGSS nombró a cinco mujeres para conformar la Junta de Licitación para contratar a una empresa que pudiera ofrecer el servicio de diálisis peritoneal.
El 2 de octubre de 2014, dos empresas anunciaron que estaban interesadas en ofrecen el servicio: Droguería Pisa de Guatemala, S.A. (del laboratorio mexicano Pisa) y Medicina Corporativa de Diálisis, S.A. (Baxter).
El 24 de diciembre, una noticia conmovió a Guatemala: debido a complicaciones por insuficiencia renal crónica, falleció la menor Ana Cecilia, de 17 años, quien se había convertido en un ícono de los enfermos de escasos recursos.
El 26 de diciembre se hizo público el ganador de la licitación del IGSS y, por lo tanto, el cambio de proveedor. Ese día se anunció que la empresa Droguería Pisa había ganado el concurso, con una calificación de 94 sobre 100 puntos, mejor puntuación que la obtenida por Baxter.
El 24 de enero de 2015, Prensa Libre publicaba que varias personas fallecieron por la falta de medicamentos debida a la deuda del gobierno con la empresa trasnacional Baxter. “El próximo sábado 31 de enero vence el contrato entre la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) y la empresa Baxter, proveedora de medicamentos para unos dos mil 500 pacientes renales”, decía el diario. Explicaba que la Procuraduría de Derechos Humanos, denunció siete muertes de pacientes renales en Escuintla. En un comunicado, Baxter respondía que «ha mantenido una buena disposición por encontrar las soluciones adecuadas ante la problemática presupuestal que enfrenta UNAERC; esto con la finalidad de mantener la debida continuidad de la terapia».
El uno de febrero de 2015, Droguería Pisa, comenzó a ofrecer el servicio y Baxter se inconformó.
El 20 de mayo, la CICIG encarceló a 17 personas por haber otorgado a Droguería Pisa de Guatemala ese contrato. La mayoría de ellos permanecen en la cárcel Mariscal Zavala. Solo han sido liberadas cinco enfermeras.
La mano oculta de Estados Unidos
El colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig. Foto: Hemeroteca Prensa Libre
Precisamente el 20 de mayo de 2015, antes de que se diera a conocer el escándalo IGSS-Pisa, Armando de la Torre (decano de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala) y Steve Hecht (empresario que ha vivido en Guatemala durante cuatro décadas), ambos directivos de la Liga Pro-Patria, escribían un artículo que textualmente señalaba: “La instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, respaldada por la ONU, durante la presidencia de Álvaro Colom, ha creado otro mecanismo para extender el control de Washington”.
La CICIG hasta el momento ha iniciado 81 casos y ha encarcelado a 3 presidentes, 1 vicepresidente, 3 candidatos presidenciales o vicepresidenciales, 19 altos funcionarios de gabinete, 3 secretarios de la presidencia, 4 jefes de SAT, 1 presidente del Banco Nacional, 1 directorio del seguro social, 25 diputados, 4 magistrados de la Corte Suprema, 3 magistrados de apelaciones, 6 jueces, 12 militares, 155 empresarios, incluidos, líderes de negocios de renombre. 9 miembros de directorios bancarios, 3 propietarios o representantes de emporios mediáticos, 182 oficiales y servidores públicos.
Por eso, algunos guatemaltecos están contentos, pero otros no. Cuando el actual presidente Jimmy Morales intentó expulsar al presidente de la CICG, el colombiano, Iván Velásquez, por interferir en asuntos internos del país y sobrepasar sus funciones, tuvo varias muestras de apoyo. En una de ellas varios jóvenes portaban un cartel con la leyenda: “Mi país es soberano, aquí no manda un colombiano”.
Ricardo Méndez, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), señalaba: “Velásquez ha pisoteado nuestra soberanía y ha violado el derecho a un debido proceso de muchos guatemaltecos”. Incluso el Nuncio Apostólico, Nicolás Thevenin, decía que el papel de los diplomáticos, a su criterio, “no debe imponer soluciones en un país soberano”.
La iniciativa de Morales no prosperó y ahora él mismo es investigado por la CICIG. No es para menos. Hace unos meses, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson (quien llamó idiotas a los diputados guatemaltecos), aseguraba que en esos momentos “la soberanía de los guatemaltecos es lo menos importante”.
La muestra de ello es que en una declaración jurídica y, ya preso, el ex presidente Otto Pérez Molina, declaró que recibió la presión de directivos de Baxter Inc. y de funcionarios del gobierno estadounidense como John Biden y el embajador Todd Robinson para que la empresa de Estados Unidos obtuviera el contrato de los servicios de Diálisis Peritoneal en el IGSS.
“Ahí había otro trasfondo que hasta después me enteré, y es que Biden también es socio de la empresa Baxter, que esa empresa Baxter vino aquí a competir con Pisa y resulta que la embajada de Estados Unidos, imagínese aquí, pidió cita con mi secretaria privada y con mi Secretario General para que los atendieran y fueron acompañados por personal de la embajada, los representantes de Baxter, a pedirnos y a decirnos que ese contrato Baxter lo tenía y que Baxter lo debía volver a ganar”, según consta en la declaración formal del expresidente.
Hay que aclarar que Pérez Molina no está encarcelado por el caso IGSS-Pisa, sino por otro mayor, el de “La Línea”.
El hecho es que hoy Baxter suministra nuevamente todos los servicios para enfermos renales en Guatemala.
Un académico de la Universidad de San Carlos, refiere: “así como durante muchos Guatemala no tenía soberanía porque era gobernada desde Estados Unidos por la United Fruit Company, ahora es gobernada por Estados Unidos, a través de la CICIG”.
Mientras tanto, en el campo de concentración Mariscal Zavala, “los sueños de libertad se agotan y a veces hay que exprimirlos de la realidad”, dice el interno poeta.
