Por Roberto Fuentes Vivar
*El abogado Paulo Díez Gargari denuncia una “persecución de Estado” contra él en este sexenio por haber difundido e iniciado procesos jurídicos que afectaban a la empresa OHL y sus vínculos con el Grupo Atlacomulco
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de agosto 2018.- ¿Deberán ser llevados Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza al banquillo de los acusados una vez que termine este sexenio? La respuesta de Paulo Díez Gargari es contundente: “Voy a hacer jurídicamente todo lo posible porque así sea. No sólo en México, sino ante las cortes internacionales. Hay muchos elementos para lograrlo”, dice mostrando un fajo de documentos.
Díez Gargari, quien denunció una “persecución de Estado” contra él en este sexenio por haber difundido e iniciado procesos jurídicos que afectaban a la empresa OHL (y sus vínculos con el Grupo Atlacomulco), comenta en entrevista que enfrenta ahora una nueva acción hacia su persona, por parte de la empresa (en México antes española y ahora australiana, con el nombre Aleatica) y de varios funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.
Se trata de una acusación judicial en la que se le señala de haber difundido información de la empresa OHL. Con esto, el consorcio internacional (concesionario del Circuito exterior mexiquense) intenta anteponer una ley secundaria (o terciaria), la Ley del Mercado de Valores (su artículo 383) a los artículos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es uno de los mayores ataques a la libertad de expresión.
El abogado –quien denunció públicamente el desvío de mil 600 millones de pesos de OHL y el gobierno del Estado de México para la campaña del actual gobernador de esa entidad, Alfredo del Mazo-, muestra un documento de 43 páginas, entregado a la agente del Ministerio Público Sandra Paola de la Cruz Recio, en la carpeta de Investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0611/2017, en el cual demuestra que la acusación en su contra viola los preceptos constitucionales sobre uno de los derechos fundamentales de los mexicanos.
En concreto lo acusan de que sus informaciones afectaron a los inversionistas de OHL en México. A principios de este año (el 9 de enero) se dio a conocer el acuerdo en que el fondo australiano FM Global Infrastructure Fund adquiría OHL Concesiones por un importe de dos mil 775 millones de euros. Posteriormente en julio de este año, se le cambió el nombre a Aleatica. Sin embargo, la corrupción sigue siendo la misma, dice.
Paralelamente presentó una carta a Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de “inminente presidente electo”, en la que explica el caso de OHL y la Persecución de Estado en su contra y dice textualmente: “usted ha dicho acertadamente que OHL es la empresa favorita de Peña, del secretario de Comunicaciones y Transportes, de Videgaray”.
Agrega: “Millones de mexicanos compartimos con usted esta opinión y estamos dispuestos a seguir dando la batalla (solos o acompañados) para que esta empresa corrupta, se llame como se llame, rinda cuentas ante la justicia y repare los graves daños que ha ocasionado a la sociedad. Para que la sociedad se entere de lo que ocurre con las concesiones de infraestructura pública otorgadas a OHL, así como su financiamiento y refinanciamiento a través del mercado de valores”.
La carta que en algunos momentos tiene remembranzas poéticas (de los escritores tabasqueños Carlos Pellicer y José Gorostiza), dice: “la corrupción del pasado no permanece ahí, en el pasado, sino que proyecta sus efectos hacia el futuro y le permite a OHL, en este caso, seguir obteniendo beneficios multimillonarios indebidos por otros 60 años, con cargo a la infraestructura pública del país”.
Hay que recordar que en varias ocasiones durante su campaña, López Obrador se refirió a OHL como uno de los ejemplos de corrupción (de la mafia del Poder y sobre todo del grupo Atlacomulco) con los que había que acabar.
Hoy nuevamente Díez Gargari es acusado (al parecer sin fundamentos, de acuerdo con la documentación presentada) como parte de lo que él llama la “Persecución de Estado” en su contra, por haber denunciado la corrupción de una empresa extranjera y su contubernio con los más altos funcionarios de este gobierno. Presuntamente por estas declaraciones y actuaciones fueron afectados los intereses de algunos accionistas de OHL, es decir unos cuantos mexicanos y extranjeros.
Por eso, cuando se le pregunta si Enrique Peña Nieto debe ser colocado en el banquillo de los acusados, responde: “desde mi propia trinchera y hasta el límite de mis precarias capacidades, seguiré haciendo lo que me toca”, tanto para que sea juzgado el actual presidente de México, como para que se respete la libertad de expresión, “este derecho fundamental de todos los mexicanos, yo incluido”.
Es cierto, como dice Díez Galgari en su carta, que millones de mexicanos compartieron (compartimos) con López Obrador el deseo de acabar con la corrupción y también esperamos que por algunos casos (como los 43 de Ayotzinapa y el Circuito Exterior Mexiquense) Enrique Peña Nieto tenga que comparecer ante la justicia mexicana o internacional. Dice el filósofo del metro: la esperanza se pospone hasta el primero de diciembre.
