• La plantilla de trabajadores de confianza se reducirá 70 por ciento, laborarán de lunes a sábado, cuando menos, 8 horas diarias.  Y nadie podrá llegar en estado de embriaguez a trabajar, ni contratar a familiares.

CIUDAD DE MÉXICO 15 de julio 2018.- Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, anunció el Programa de austeridad republicana y combate a la corrupción que privará en su gobierno, pues «todo funcionario debe aprender a vivir en la justa medianía», por lo que su sueldo será menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones. La residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura.

También se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos, se terminarán las pensiones para ex presidentes y se reformará el Artículo 108 de la Constitución para agregar que el Presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción.

Ya no se les comprará la vestimenta al presidente ni a su familia para ningún protocolo, ni habrá bonos ni otras canonjías para todos los funcionarios, por lo que el salario será integral, según la Constitución que a la letra dice: “Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.”

También se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que se hayan otorgado mediante el influyentismo, la corrupción y causen daño a la hacienda pública. En caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión, a tribunales nacionales e internacionales; es decir, siempre nos conduciremos por la vía legal.

“No actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes”, anunció AMLO en sus 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana

 

LOS OFICINISTAS DE CONFIANZA SERÁN MENOS 

De igual forma anunció  que se reducirá toda la estructura de confianza en un 70 por ciento de personal y del gasto de operación,  quienes queden laborarán de lunes a sábado y, cuando menos, 8 horas diarias. Nadie podrá llegar en estado de embriaguez a trabajar, ni contratar a familiares. Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios.

Además se suprimen todas las estructuras y programas duplicados (oficialías mayores, oficinas de prensa, publicaciones, defensorías jurídicas, compras, contraloría interna y otras). Sólo habrá hasta  cinco asesores por secretaría y únicamente tendrán secretarios particulares los secretarios o equivalentes. Se limitarán los viáticos al mínimo, no habrá partida para gastos médicos privados.

Los oficinistas que trabajan para el gobierno no podrán traer guardaespaldas ni usar vehículos y otros bienes públicos para asuntos particulares. Se reducirá en 50 por ciento el gasto de publicidad del gobierno. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía y de otras dependencias, no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública.

Dijo que as compras del gobierno se harán de manera consolidada; mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública, con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU.

No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores. Se acabará la vergonzosa práctica del soborno o de los llamados moches. Ningún funcionario público podrá recibir regalos, cuyo valor exceda los 5 mil pesos.

No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis y recomendaciones que puedan hacerse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos.

ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Se reformará la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencia, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades; las penas no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza.

La Fiscalía General contará, en los hechos, con absoluta autonomía; no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

La Fiscalía Electoral estará encargada de garantizar que las elecciones sean limpias y libres; a evitar la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público y de bienes para favorecer a partidos o candidatos y castigar cualquier tipo de fraude electoral. Su distintivo será la imparcialidad y su misión la de establecer en México una auténtica democracia.

La Fiscalía Anticorrupción será garante para evitar este mal que tanto ha dañado a México y no permitir bajo ninguna consideración, el predominio de la impunidad. El mandato que recibimos del pueblo en las elecciones del 1º de julio de 2018, consistió, básicamente, en confiarnos la apremiante tarea de acabar con la corrupción y la impunidad.

La Fiscalía Anticorrupción podrá actuar con absoluta libertad y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, tratase de quien se trate, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez, por la casa empieza.

El Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa y se ocupará de tareas de protección de espacios públicos, instalaciones estratégicas y de la seguridad de los mexicanos.

Se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas; el sistema de inteligencia del gobierno estará sólo dedicado a la prevención de delitos y al combate a la delincuencia.

Los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación.

REDACCIÓN VCR