CIUDAD DE MÉXICO, 6 junio 2018.- En relación a las notas periodísticas en las que se señala que un Magistrado federal de Reynosa, Tamaulipas, suspendió por tiempo indefinido el cumplimiento de cuatro amparos que ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nueva cuenta la desaparición de 43 normalistas en Iguala, señalando que obedece a que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) adujeron que existe imposibilidad jurídica para cumplir dicha sentencia.
Al respecto, la CNDH aclara que ha estado y estará en favor de que se conozca la verdad, y no obstante de que en los juicios de amparo referidos no es parte, ha manifestado al Tribunal que atenderá las sentencias y coadyuvará con las instancias correspondientes, mecanismos, entidades, dependencias y comisión que se determine en el caso particular, en el marco de su autonomía y acorde a sus competencias constitucional y legal, sin que en ningún momento este Organismo Nacional haya cuestionado o controvertido las sentencias de amparo correspondientes.
En este contexto, la CNDH afirmó en un comunicado que la actuación que ha realizado dentro de los juicios consistió en desahogar la vista ordenada por el Tribunal respecto del “Incidente de Imposibilidad, Real, Jurídica y Material por considerar que no se encuentra en posibilidad de dar cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo”, promovido por la Procuraduría General de la República, y en realizar las manifestaciones tendientes a señalar que colaborará, como lo indica la sentencia, en el ámbito de su competencia y autonomía.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reitera que estará atenta a participar en el cumplimiento de las sentencias, con pleno respeto al Estado de Derecho y en el ámbito de su autonomía y de las atribuciones que tiene conferidas, siempre con la determinación de que se conozca la verdad y que se favorezcan al máximo los derechos humanos de las víctimas involucradas en los lamentables hechos del caso Iguala.
El caso Ayotzinapa es el seguimiento judicial para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (257 km al sureste de Iguala), la noche del 27 de septiembre, quienes fueron agredidos por policías municipales de Iguala, luego de que tomaron por la fuerza unos camiones para trasladarse a una conmemoración. En los hechos también murieron 9 personas y 17 resultaron heridas. La pista de los jóvenes se desvaneció luego de que se vieron involucrados miembros del grupo violento Guerreros Unidos -vinculado con el entonces alcalde José Luis Abarca- quienes aseguran que se los llevaron y quemaron en un basurero de Cocula.
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