CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril.- En el foro “La Constitución de la Ciudad de México; realidades y retos” fue abordado el tema de los pueblos originarios y sobre sus derechos en la Ciudad de México y se encontró que la Constitución de la entidad no garantiza el derecho a la tierra ni al territorio ni al uso de los recursos naturales de los pueblos y barrios originarios contra las acciones de constructoras o inmobiliarias.
Lo anterior, se debe a que, según la doctora Akuavi Adonon Viveros, profesora-investigadora de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la Carta Magna “se confunde el derecho de propiedad con el de territorio y no son lo mismo”. Hay algunos artículos que abren la puerta para ese tipo de población pues se le considera sujeto de derecho público, no hay planteamiento sobre la regularización de la tierra ni sobre espacios físicos “vitales no sólo por su importancia medioambiental sino por la preservación de la cultura y las tradiciones”, señaló la académica del Departamento de Ciencias Sociales.
Originario de San Mateo Tlaltenango, Juan Esparza relató cómo la construcción del Tren Interurbano México-Toluca afectó 64 hectáreas en la zona que “beneficia a todos los mexicanos porque sin bosque no tenemos agua; nosotros contamos con cuatro mil 87 hectáreas de ese tipo al cien por ciento, sólo pedimos que se respete lo que viene en este nuevo estatuto”.
Por su parte, la especialista en antropología jurídica y política, Adonon Viveros sostuvo que con eso se “anulan las medidas administrativas al no llamar a consulta a estas comunidades, además de que sólo se señala que no se afectará el suelo de conservación, pero en la práctica se lesiona a los pueblos y aún falta establecer políticas que contengan el crecimiento de la mancha urbana”.
En su participación, la doctora Cristina Sánchez Mejorada, académica de la Unidad Azcapotzalco, expuso que ante todo se debe procurar el derecho a la ciudad, esto es, a hacerla más habitable y digna. Por ello, “se necesita un programa de reordenamiento territorial, así como atender eficazmente la problemática de crecimiento, movilidad, abasto de agua y derecho a la agricultura”.
De acuerdo con la especialista en estudios urbanos, es clave en la materia armonizar un plan de desarrollo urbano con otro sobre cuidado de medio ambiente y “cumplir realmente esas aspiraciones puestas sólo en el papel de manera constitucional”.
“Hay mucha voracidad sobre los espacios de los poblados ubicados al poniente de la metrópoli y los desarrollos inmobiliarios acaban con sus bosques, ríos y montañas, por lo que debería haber regulaciones”, abundó la investigadora del Departamento de Sociología.
Originario de San Mateo Tlaltenango, Juan Esparza relató cómo la construcción del Tren Interurbano México-Toluca afectó 64 hectáreas en la zona que “beneficia a todos los mexicanos porque sin bosque no tenemos agua; nosotros contamos con cuatro mil 87 hectáreas de ese tipo al cien por ciento, sólo pedimos que se respete lo que viene en este nuevo estatuto”.
El suelo de conservación “sabemos que es un área natural protegida y la Constitución garantiza trabajarla o cuidarla, pero no sobre aquellas empresas que las compran para fraccionarlas. Por ejemplo, el Centro Comercial Santa Fe se alimenta de los manantiales que se encuentran dentro del Parque Nacional Desierto de los Leones y es triste ver cómo este desarrollo despoja de la tierra a la gente y la autoridad sólo se cruza de brazos”, concluyó.
AM-MX/mla
