- Según datos de Fundar, el gasto del gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial fue de 40 mil 600 millones de pesos en cinco años
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril 2018.— Con 205 votos a favor y 168 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló ayer la Ley General de Comunicación Social; la oposición en San Lázaro buscó evitar que se votara el proyecto de ley al considerar que la regulación planteada no busca castigar a quienes hagan mal uso de la publicidad gubernamental.
El dictamen ha sido cuestionado por organismos de la sociedad civil, como Artículo 19 y Fundar, quienes acusan que se trata de una simulación que sólo pretende cumplir con un formalismo para no caer en desacato de una sentencia de la Suprema Corte, que ordenó al congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril. El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Jesús Zambrano, presentó una moción suspensiva a nombre de su bancada para detener la votación de la también llamada #LeyChayote, pero su solicitud fue rechazada por mayoría.
“Es una pretensión de simulación. Es una falsedad. Nosotros sí queremos que se cumpla la sentencia de la Corte. No queremos la simulación, por eso queremos que se declare, que se acepte la moción suspensiva y se regrese a la Comisión de Gobernación”, dijo.
Morena también se opuso a esta legislación, al considerar que legaliza las campañas de promoción personalizada; permite el uso de recursos públicos para difundir logros personales; reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial, y avala su contratación como un botín de negociación política, tal y como se ha realizado hasta ahora. El PAN y Movimiento Ciudadano también rechazaron cómo quedó esta nueva legislación. Para el diputado Macedonio Tamez, la #LeyChayote le entrega todo el poder a la Gobernación para controlar el padrón de medios y controlar los presupuestos.
Mientras que el legislador panista Jorge Triana Tena dijo que el dictamen a votación no establece criterios claros para el ejercicio de los recursos públicos ni fomenta la pluralidad de los medios de comunicación, ya que concentra en la Segob la distribución de los tiempos oficiales de publicidad.
Esta propuesta le falla de nueva cuenta a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil, indicó. “Por si fuera poco deja fuera las sanciones a los excesos en este ramo, nosotros si lo proponíamos, al igual que un calendario específico para la ejecución de este presupuesto destinado a (publicidad gubernamental)”.
La nueva Ley de Comunicación Social tiene el objetivo de garantizar que el gasto en ese rubro se haga bajo criterios de eficacia, economía, transparencia y honradez. Además de respetar topes presupuestales, límites y condiciones que se establezcan en el Presupuesto de Egresos que aprueba la Cámara de Diputados cada año.
No obstante, los detractores de esta iniciativa advierten que ésta podría utilizarse para manipular los medios y la labor periodística, así como legalizar los despilfarros de la publicidad oficial.
Organismos se manifestaron a las afueras del Palacio Legislativo, y a través de redes sociales potenciaron su protesta a través del hashtag #LeyChayote, que se colocó como uno de los temas más comentados en Twitter.
“Hoy los diputados tienen en agenda legalizar el chayote por medio de la Ley de Comunicación Social, la cual no resuelve el gasto arbitrario y opaco en #PublicidadOficial y su uso propagandístico por parte de funcionarios”, advirtieron.
Según datos de Fundar, el gasto del gobierno de Enrique Peña Nieto en publicidad oficial fue de 40 mil 600 millones de pesos en cinco años. Según cifras de la oposición, de 2013 a 2017, en servicios de comunicación social y publicidad, la Federación desembolsó 38 mil 233 mdp, más de doble de los 15 mil 195 mdp aprobados para esos fines.
AM.MX/dsc
