La entidad federativa que continúa con los números más altos de ataques a personas defensoras ambientales es el Estado de México con 10 casos; seguido de Oaxaca y Puebla con 8 casos, y Chiapas y Sonora con 6 casos. Estos ataques afectaron a 240 personas, así como a 10 organizaciones y 30 comunidades campesinas y/o indígenas.

Los proyectos o actividades más frecuentemente relacionados con los ataques  son el despojo de tierras/territorio y la minería, ambos con 17 casos. Siguen los proyectos de infraestructura (14 casos), los hidroeléctricos ( 8 casos); los de obras públicas y/o políticas públicas en administración de agua (7 casos); proyectos inmobiliarios (5 casos); energía renovable (4 casos); siembra de transgénicos (4 casos) y tala clandestina (3 casos).  El recurso natural más afectado fue la tierra y el territorio con 46 casos, seguido del medio ambiente en 20 casos y el agua con 11.

De los 88 casos registrados en este periodo, se cometieron 110 agresiones^[3]. Las más recurrentes fueron las físicas que representaron un 18%, seguida de la criminalización con un 16%, y el homicidio con un 15%.  Se ha señalado que el Estado mexicano, en sus tres niveles, sigue siendo el principal agresor contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, pues el 36% de los ataques provino de dichas autoridades. De este total, en 57% de los casos los autores fueron autoridades a nivel estatal, 26% autoridades municipales y 17% autoridades federales.

Durante este periodo se pudo observar un mayor nivel de violencia con relación a años anteriores en los ataques en contra de los defensores, incrementándose los casos de agresiones físicas, la criminalización y el homicidio. Sobre este último se identificaron 17 casos de ataques, en los cuales 29 personas fueron asesinadas; entre ellas, Isidro Baldenegro, indígena Rarámuri que había sido galardonado con el premio Goldman por su labor en favor de la defensa del bosque y de su territorio.

Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Cemda, señaló que «resulta inverosímil que en pleno siglo XXI las personas e integrantes de la sociedad civil que en México defienden los derechos humanos ambientales estén en una situación de alto riesgo en cuanto a su persona e integridad física. Se hubiera esperado una disminución de la violencia que se comenta en el  Informe, pero resulta ser todo lo contrario, lo cual es inaceptable e intolerable  en un país que presume internacionalmente ser respetuoso de los derechos humanos pero que lo que vemos en la práctica es distinto».

Por primera ocasión en este Informe se incluyó la situación de las mujeres que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, quienes se enfrentan a un contexto de mayor discriminación y vulnerabilidad, lo cual obstaculiza su labor como defensoras, además de que son víctimas de varios tipos de violencia que producen impactos diferenciados en su persona. Por una parte, la violencia generada por combatir los intereses de actores económicos y políticos poderosos; y por otra, la que se agrava por la situación de violencia generalizada en el país.

El Informe de Cemda concluye que la situación de riesgo y amenaza para las y los defensores ambientales en México sigue siendo una constante cada vez más preocupante y el Estado mexicano no está tomando las acciones necesarias, contundentes, ni de relevancia para generar una política integral de protección a los defensores, pues las capacidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) de la Secretaría de Gobernación son limitadas y no resuelven el problema de fondo que provoca el conflicto social y el riesgo.

Recomendaciones al Estado mexicano: a) Alinear y armonizar el marco legal, así como las políticas públicas del sector agropecuario, ambiental, de agua y de pueblos indígenas bajo un enfoque de derechos humanos y del Estado pluricultural; b) Implementar la perspectiva de género en la legislación ambiental y en las políticas públicas; c) Garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y las comunidades e indígenas; d) Suspender proyectos de desarrollo cuando existan evidencias de ataques y agresiones contra las y los defensores ambientales; e) Realizar, por parte de las autoridades correspondientes, las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto para poder conocer el nivel de riesgos y desafíos existentes en la región; f) Fortalecer el Mecanismo, otorgándole, entre otras cosas, presupuesto suficiente para su funcionamiento y; g) Garantizar el derecho a la reparación integral del daño.

Finalmente, Cemda solicita al gobierno mexicano firmar el Tratado Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en materia ambiental que acaba de ser adoptado en Costa Rica. Este acuerdo contiene disposiciones específicas para la protección de los defensores ambientales, las cuales esperamos que puedan servir como guía para la implementación de una política de protección de las personas defensoras ambientales.

Durante la presentación del Informe se contó con la presencia de Estela Mondragón, defensora del territorio del pueblo rarámuri de Chihuahua; Claudia Cob, comisaria ejidal de Chocholá, Yucatán y de Bettina Cruz, defensora del territorio del pueblo zapoteco, quienes dieron sus testimonios sobre los obstáculos  y agresiones que han enfrentado por ser mujeres en la defensa de sus comunidades, territorio y recursos naturales.  Asimismo, se escucharon ponencias por parte de las especialistas Marisol Anglés, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y de Orfe Castillo, Coordinadora de País, México, de Asociadas por lo Justo (JASS).