CIUDAD DE MÉXICO, 31 de enero (AlmomentoMX).- El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene muchos pendientes todavía. A casi un año de que fue promulgado el sistema nacional, aún no hay un Fiscal General de la República ni un Fiscal Anticorrupción, ni magistrados en la materia y tampoco existe un Fiscal especializado en delitos electorales, aseguró el legislador Xavier Nava.

Indicó que un sistema anticorrupción es el último recurso de una democracia amenazada, y la nuestra lo está, afirma Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana (TM). En México, cada día más, la sociedad siente menos aprecio por la democracia.

“El caso empieza a ser alarmante. Entre el 2015 y el 2017 el número de personas que consideró la democracia como la mejor forma de gobierno cayó del 71 por ciento al 56, y sólo uno de cada cuatro mexicanos está satisfecho con los resultados de este tipo de régimen”, agrega el directivo de esa organización civil.

Además, señala que entre las explicaciones de nuestro descontento, “destaca la frecuencia con la que tenemos que pagar sobornos”.

Dice que un estudio reciente de la organización que representa, revela que un 53 por ciento de la sociedad declaró haber pagado mordidas para acceder a la educación, la seguridad y la justicia, entre otros servicios públicos básicos.

La corrupción, sintetiza, es el impuesto más regresivo que tenemos.

Transparencia Mexicana considera que en promedio, el 14 por ciento del ingreso familiar se destina al soborno para facilitar trámites y servicios públicos.

El principal objetivo del SNA es el de contribuir, aprovechando al máximo los recursos del Estado, a sanar la República.

Su restauración, supone, a pesar de los quebrantos y los desvíos, que el bien público se imponga a los intereses de los particulares; que se terminen y corrijan las canonjías, los malos manejos y los privilegios, que según el periodista Arturo Ángel, en su libro Duarte el priista perfecto, ha dejado una sangría a la sociedad de más de 214 mil millones de pesos del 2001 al 2016, es decir, poco más de 12 mil millones de dólares. Y según la organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la cifra de desvíos del erario público contabiliza más de 64 mil millones de pesos en 2017.

Un dato que demuestra el tamaño del problema es que el refiere la encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno: en solo 12 meses se registraron la comisión de más de 220 millones de actos de corrupción administrativa.

Y a decir del diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Xavier Nava Palacios, para acabar con esta circunstancia “es necesario darle dientes al SNA ya que en el gobierno federal y en los gobiernos estatales prevalece la tentación de los titulares de los poderes ejecutivos y sus congresos para que funcionarios y legisladores se enriquezcan y favorezcan a empresarios coludidos”.

El legislador potosino señala que entre los pendientes para robustecer al SNA y a los sistemas locales, es urgente adecuar el Artículo 102 constitucional y ajustar la implementación del Sistema en la capital el país, “para contar con un andamiaje jurídico que sea realmente funcional y garantice que no estará vinculado al poder público. Esa, es la esencia de los que se busca con estos nuevos mecanismos, tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en la Fiscalía para los Delitos Electorales”.

Para Transparencia Mexicana las prioridades para erradicar la corrupción se centran en una transformación integral de los mecanismos de control, así como de auditar y fiscalizar el gasto público en los estados. “En los congresos locales, ha quedado evidenciado, que no son un contrapeso al poder ejecutivo estatal ya que en muchos casos, participan en la trama de corrupción”.

El legislador perredista e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción dice que toda esta estructura jurídica que se aprobó el año anterior, se tiene que sustentar en la probidad y la autonomía de sus funcionarios, pero, acepta que al interior de los partidos políticos y de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, persisten presiones y resistencias para retrasar sus nominaciones.

“Pero en los estados el problema es mayor. No hay diálogos con los legisladores y la sociedad civil parece no encontrar un canal adecuado para conjuntarse y presionar. Hay conversaciones dispersas y no he visto a un grupo social homogéneo y articulado para hacer valer sus derechos. En el caso de San Luis Potosí el fiscal ya fue elegido, pero desafortunadamente se trata de un funcionario subordinado al gobernador”, dice.

Y agrega que “a la sociedad civil debería interesarle que los perfiles de los funcionarios que se propongan sean los adecuados, que sean autónomos y que respondan a sus intereses. Pero esto no está sucediendo en el país. La sociedad civil está apática. A nivel nacional creo que el saldo todavía no es positivo”.

Apremia a revertir esta tendencia y menciona que es urgente también darle viabilidad a los sistemas estatales “pero con la injerencia de la sociedad, porque si no se hace así la tentación de los ejecutivos será saciada con la designación de funcionarios que les cuiden sus espaldas”.

Francisco Xavier Nava Palacios dice que además de esta participación social ineludible, en materia jurídica es necesario mejorar las reglamentaciones que ya se han aprobado y que pueden mejorarse, como la iniciativa 3de3, pero también menciona que es necesario impulsar y aprobar la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública.

“Ambas reglamentaciones son los pendientes que tenemos. En las adquisiciones, en los arrendamientos y en los servicios está la caja de pandora, los gobiernos se siguen despachando con la cuchara grande… También falta la Ley de Archivos de donde podremos tener mucha información para tener un récord o un track de cómo se están haciendo las cosas en todo el país. En fin, creo que si tenemos pendientes y sí nos falta mucho por hacer los grupos parlamentarios en el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el jueves 1 de febrero”.

AM.MX/fm

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