En su momento, la autoridad judicial que recibió el caso otorgó una suspensión del proyecto que se mantuvo por más de dos años. Sin embargo, en junio de 2016, un nuevo titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, les negó el amparo a partir de criterios regresivos con los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado, informaron en un comunicado conjunto  los organismos  Articulación de Pueblos Originarios de Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec así como Asesoría y Defensa Legal Sure. 

 

A la fecha han iniciado ya algunos trabajos iniciales de la obra, anunciándose con bombo y platillo por la empresa y las autoridades del estado y el municipio de Juchitán como si ignoraran que la SCJN estaba por decidir sobre la atracción del caso. Es preocupante la insistencia del Gobierno mexicano de imponer un proyecto en beneficio de grandes transnacionales como FEMSA y de la mano con Mitsubishi en detrimento del interés público y del propio muncipio, que ahora recibirá menos ingresos por un recorte de impuestos locales para este tipo de proyectos que fue anunciado recientemente.  

 

En respaldo a la batalla legal de las comunidades, organizaciones nacionales e internacionales de reconocida trayectoria en la defensa de derechos humanos, entregaron una carta a los Ministros de la Primera Sala en vispera de la discusión, en la cual les instaron a atraer el caso, «a fin de que el Máximo Tribunal defina el carácter de previo de las consultas en México» y así impedir que los procesos de consulta sobre proyectos inicien con los permisos gubernamentales ya autorizados en una total simulación.  

En este sentido, la Corte tendrá la oportunidad histórica de remediar los fuertes señalamientos que diversas relatorías de las Naciones Unidas han hecho al Estado mexicano en fechas recientes.

 

Destaca lo expresado por el Relator sobre defensores quien constató que «en muchas ocasiones, las consultas son una simple formalidad para proyectos que ya han comenzado a implementarse. Aliento fuertemente a las autoridades mexicanas a garantizar el consentimiento informado, libre y previo de comunidades indígenas…». En el mismo sentido, la Relatora de Pueblos indígenas alertó sobre, «el hecho de que los pueblos indígenas no están siendo apropiadamente consultados, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre proyectos y otras decisiones que afectan sus derechos…». De igual forma señaló «un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia…» por lo que urgió alGobierno mexicano a «adoptar medidas decisivas para mostrar un verdadero compromiso para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas.

 

 

 

 

EÓLICA SUR SIGUIÓ  ADELANTE PESE A LAS QUEJAS 

De acuerdo con información de la empresa Energía Eólica del Sur SAPI de CV (Eólica del Sur), responsable de la construcción del Parque Eólico para generar electricidad a través de los vientos, estaría compuesto por:  132 aerogeradores de 3 MW cada uno para una capacidad total a instalar de 396 MW, que se ubicarían en área aproximada de 5,332 hectáreas distribuidas en dos polígonos: Polígono Bii Nissa: 60 aerogeradores para 180 MW. Polígono Xtipa Bii: 72 aereogeneradores para 216 MW. El proyecto consiste en un conjunto o grupo de aereogeneradores que conforman la central o el parque eólico, los cuales aprovechan la velocidad del viento para generar electricidad con dos subestaciones, una en cada polígono, las cuales se interconectarían a la subestación de CFE llamada Ixtepec Potencia por medio de líneas de transmisión.

La empresa responsable asegura que cuenta con todos los permisos para continuar el proyecto, mecánica de suelos, estudios hidorlógicos, de topografía, vientos, estudios ambientales y cambio de uso de suelo forestal, incluso tiene los permisos de construcción del INAH porque cabe la posibilidad de que haya vestigios arquelógicos en la región. Además refiere que cuenta con el «contrato de arrendamiento» con los titulares de los terrenos o titulares de derechos sobre los mismos, quienes siempre «serán los dueños de su terreno» y «Eólica del Sur pagará a los posesionarios/as por las afectaciones tanto temporales como permanentes que lleguen a ocurrir en los terrenos que formen parte del proyecto» .