José SÁNCHEZ LÓPEZ
No hay sobrepoblación y menos actos de tortura. Dormitorios remodelados con iluminación, agua corriente, euchufes. Zonas deportivas, recreativas, lúdicas y áreas familiares para la visita

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de enero (AlmomentoMX).- Pareciera que los ex servidores públicos vinculados a la corrupción, sufrieran trastornos psicológicos, de otra manera no se explica el por qué el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), situado en Ayala, Morelos, es una de las cárceles más solicitadas en los últimos años por gobernadores corruptos, para el cumplimiento de prisión preventiva justificada, toda vez que se trata de un centro de alta seguridad para trastornados mentales.

Pero no, no es que todos los políticos y ex funcionarios corruptos estén locos, mejor dicho, están perfectamente cuerdos porque saben que van a llegar no a una prisión como tal, sino a un hospital de tercer nivel donde no sólo van a ser tratados de manera muy diferente a como deberían de ser tratados: como pillos, sino que van a contar con la atención médica necesaria para alegar, en el momento que lo consideren oportuno, inimputabilidad y de esa manera evadir el peso de la ley.

El CEFEREPSI está situado en la zona oriente de Morelos, en el kilómetro 115 de la carretera México-Oaxaca, en el municipio de Ayala, Morelos, con una extensión aproximada de 102 mil metros cuadrados, sobre los que en 20 mil se cimienta la estructura carcelaria, el resto es utilizado para áreas de apoyo como garitas de revisión, varias zonas de seguridad y estacionamientos.

Tiene siete módulos, un edificio de ingreso, áreas para visita familiar, escuela, zonas deportivas y recreativas, talleres y locutorios. También cuenta con servicios médicos y de hospitalización de tercer nivel, área de rehabilitación, edificio de gobierno y las instalaciones electromecánicas, hidráulicas y térmicas necesarias, para proporcionar todos los servicios generales.

Un médico está asignado de forma permanente y da consulta de 8 de la mañana a 5 de la tarde, además que todo el personal del área de salud (administrativo, seguridad y custodia), fue altamente capacitado bajo el Protocolo de Estambul.

Cabe destacar que el Protocolo de Estambul, es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos, para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma haya sido víctima de tortura o algún mal trato.

Aseguran que la vigilancia es constante y efectiva, porque cuenta con sistemas y equipos electromecánicos y electrónicos, como circuito cerrado de televisión, radiocomunicación, control de accesos, alarmas, detectores de metal, drogas y explosivos, telefonía, voz y datos.

Los dormitorios cuentan con agua corriente, con iluminación adecuada, con ventanas e instalaciones eléctricas remodeladas, apagadores y enchufes en cada uno de ellos.

En los siete módulos que conforman el centro funciona, hay un conmutador con un teléfono cada uno que garantiza la comunicación de los internos con sus familiares en los horarios establecidos; uno de los módulos también cuenta con un área de protección.

Fue proyectado en noviembre de 1994, pero dos años después, en 1996, fue cuando lo pusieron en marcha. Se planeó para albergar a 460 internos y actualmente están recluidos 288, aunque no todos tienen problemas de salud mental, por lo que se puede asegurar que dicho penal es uno de los pocos que no tiene el grave problema de la sobrepoblación y es considerado como el único centro especializado para la atención de internos con desórdenes mentales.

Ahora bien, si en los diagnósticos de Evaluación Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 2013, 2014, 2015, 2016 se documentaron deficiencias en atención, supervisión y vigilancia, el 21 de julio de 2017, la misma comisión informó que el CEFEREPSI atendió sus recomendaciones por lo que la situación cambió sustancialmente.

Ante tan atractivo panorama, de pagar sus culpas a la sociedad en una torre médica, llamada prisión federal, resulta que ahora los defensores de políticos procesados por casos de corrupción, se ufanan para que sus defendidos sean trasladados a dicho centro,.

En los últimos años ha recibido al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid, quien el 10 de diciembre pasado abandonó el CEFEREPSI para ser llevado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Se desconoce si ahora quien ocupa esa celda pudiera ser, paradójicamente, otro ex mandatario de Quintana Roo.

También albergó a Guillermo Padres Dagnino, que si bien no se trata de un ex gobernador, sí es hijo del ex mandatario de Sonora, Guillermo Padres Elías, sujeto a proceso y preso en el penal de El Altiplano, además de que estuvo a punto de darle alojamiento a Javier Duarte de Ochoa, ex gobernante de Veracruz.

Entre otras personalidades que estuvieron cautivos en la llamada “Cárcel de Quirófanos”, figuró Sergio Humberto Ortiz Juárez, “El Apá”, recluido luego de su proceso por el delito de secuestro en contra del hijo de Alejandro Martí, presidente de México SOS.

El calificado como cabecilla de la banda de secuestradores denominada “La Flor”, murió en dicha cárcel en el mes de noviembre de 2009.

Otro huésped fue el pastor boliviano, Josmar Flores Pereira, al que Genaro García Luna, entonces titular de la Secretaría de Seguridad, lo calificó como “Aeropirata” por “armar una bomba” con dos latas de jugo y amenazó con secuestrar un avión.

El caso resultó sólo un montaje más del polémico ex jefe policíaco y finalmente Flores Pereira fue declarado inimputable y dejado en libertad, al resultar beneficiado con un amparo, el 13 de septiembre de 2014 y fue deportado a su país.

Otro reo, al que seguramente no le hubiera gustado como compañero de reclusión a Borge Angulo, fue Gumaro de Dios Arias, apodado “El Caníbal”. Estuvo internado en el CEFEREPSI, proveniente de Chetumal, acusado de matar, descuartizar y cocinar a un hombre conocido como “La Guacha”, su pareja.

El criminal y antropófago, murió tras las rejas hace cinco años,

Ahora, el delgaducho Roberto Borge Angulo, llevado a dicho centro por depresión y afecciones renales, según sus abogados, cumple desde el pasado 5 de enero, con la prisión preventiva oficiosa de seis meses, plazo que tiene la Procuraduría General de la República para aportar las pruebas necesarias al juez de la causa para que éste pueda fincarle responsabilidad penal.

En ese lapso, el ex político cozumeleño si bien deberá estar tras las rejas, podrá recibir todas las atenciones para sus dolencias y si la PGR no logra acreditarle responsabilidad, como todo parece indicarlo dada la benevolencia con que la PGR ha armado su expediente, podrá salir en libertad recuperado de sus padecimientos y con el dinero suficiente para cubrir cualquier sanción pecuniaria.

AM.MX/fm

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