José SÁNCHEZ LÓPEZ

Quince años duró la depredadora carrera política de Roberto Borge Angulo, pero bastó sólo un quinquenio como gobernante para que causara mayor daño a su estado que todos sus antecesores, con desvíos superiores a los 20 mil millones de pesos.

Al término de su mandato, el 24 de septiembre de 2016, no acudió a la toma de protesta de su sucesor, Carlos Manuel Joaquín González y por espacio de nueve meses se dedicó de lleno a disfrutar y a dilapidar su fortuna mal habida, hasta que el 31 de mayo de 2017 un juez federal giró orden de aprehensión en su contra y lo colocó en calidad de prófugo.

Sin embargo su confianza era tal que sólo se enteró que ya era un proscrito, hasta que el mediodía del domingo 4 de junio de ese mismo año, cuatro días después de haberse ordenado su captura, elementos de la Policía Internacional (Interpol), lo detuvieron cuando se disponía a abordar un avión, en el aeropuerto de Tocumén, que lo llevaría a Paris, Francia y de ahí a Madrid, España.

Fue encarcelado inicialmente en el penal “El Renacer”, una de las cárceles panameñas, pero al conocerse su intención de fugarse, lo cambiaron a la prisión de la sede de la Policía Nacional de Panamá, donde el próximo jueves 4 de enero llegará una aeronave de la Procuraduría General de la República que lo traerá de regreso a nuestro país.

En cuanto al lugar donde pudiera ser llevado al llegar a México, todavía no se define, dado que podría ser al hangar de la PGR para de ahí trasladarlo hasta el penal de Neza Bordo, donde se ubica la sede del juez federal que otorgó la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, cuya pena corporal va de los cinco a los 15 años.

No obstante, la Fiscalía General de Quintana Roo solicitó y obtuvo tres órdenes de aprehensión en contra de Borge Angulo, por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública, por lo que también podría ser llevado a dicha entidad.

Lo cierto es que ahora, de una u otra manera, es cuestión de días para que el político cozumeleño enfrente a la justicia mexicana y con ello comience la cacería de decenas de cómplices quienes, junto con él, desviaron más de 20 mil millones de pesos. 

Como una jugarreta del destino, el día que cumplió 38 años de edad (viernes 29 de diciembre), fue notificado, dentro de la prisión de la sede de la Policía Nacional de Panamá, que el día 4 de enero del 2018 la PGR irá por él; paradójicamente, al día siguiente, el viernes 5, cuando ya esté en México, el actual gobernante de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, quien es su principal acusador, festejará su natalicio número 58, como si la repatriación de Borge fuera su “regalo de reyes”.

BORGE ANGULO, NO TAN ESCURRIDIZO COMO GONZÁLEZ CANTO

Roberto Borge Angulo, si bien asimiló a la perfección las enseñanzas de su maestro, el también ex gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, para seguir saqueando a su estado, no aprendió a “blindarse” como su gurú y ahora paga las consecuencias, mientras que sus cómplices, cerca de una treintena, ya están en la mira de la PGR y de la Fiscalía General de Quintana Roo.

La red de complicidades que tejió Borge Angulo, entre familiares y amigos, jueces, notarios, miembros de su gabinete, servidores públicos y empresarios, nacionales y extranjeros, incluso sus padres, fue para desviar, malversar y saquear las arcas estatales causando un millonario quebranto a la entidad sin antecedentes, resultando más voraz que sus antecesores.

Dichos latrocinios, originaron 17 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Quintana Roo y cuatro en la Procuraduría General de la República, lo que dio origen a igual número de carpetas de investigación; hasta la fecha solamente han sido detenidos cuatro ex colaboradores del ex mandatario quintanarroense.

Entre los fugitivos considerados como los más importantes y contra los que ya hay orden de aprehensión, figuran: Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Eliézer Villanueva Lanz, ex subsecretario Técnico Hacendario, dos funcionarios de primer nivel en la administración Borgista.

Juan Pablo Guillermo tiene varias denuncias penales y de juicio político en su contra, una de ellas por enriquecimiento ilícito por mil 464 millones de pesos, presentada por la misma institución que representaba en el gobierno de Borge.

Con la intención de evadir la ley, solicitó un amparo en el mes de mayo, pero el juez Tercero de Distrito en Quintana Roo, que lleva su causa, le negó la suspensión definitiva por lo que la orden de captura está vigente, aunque inexplicablemente y pese a estar ubicado en la ciudad de Mérida, no se ha cumplimentado.

En el caso de Villanueva Lanz, subsecretario de Finanzas, las autoridades de la actual administración estatal y las federales, lo consideraron como el “cerebro” financiero de Roberto Borge y cuando estaba plenamente ubicado y pudo haber sido detenido, ya que desde marzo había orden de aprehensión en su contra, “se volvió humo”.

Las policías Ministerial y federal “le perdieron la pista” y ahora versiones extraoficiales señalan que huyó de México y se encuentra en el Líbano, donde se refugió junto con su esposa, Violette Eljure, oriunda de dicha país.

Entre los demás ex funcionarios públicos que formaban parte de la partida de saqueadores, aparecen servidores públicos de los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y de Benito Juárez (Cancún), así como ex titulares de diferentes dependencias estatales.

También figuran empresarios que actuaron como enlace o prestanombres de los negocios de Borge, entre ellos: Édgar Manuel Méndez Montoya; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de la empresa Corpogas y los empresarios madrileños José Guillermo Martínez Cárdenas y Lorenzo Sánchez Hidalgo, ambos detenidos en España.

Varias de las denuncias se turnaron a la Procuraduría General de la República, por delitos como “venta ilegal de bienes públicos”, sobre todo en terrenos de reserva territorial que fueron vendidos de manera ilícita a precios muy por debajo de su valor real.

Mauricio Góngora Escalante, ex alcalde del municipio de Solidaridad y candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del estado, de acuerdo a la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), es otro sobre quien pesa una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Fiscalía General de Quintana Roo, por recibir 201 millones de pesos del erario para su campaña electoral,.

Las solicitudes de captura por el mismo delito, también involucran a José Gabriel Concepción Mendicutti Loria, ex secretario de Gobierno; Bibiano Villa Castillo, ex titular de Seguridad Pública; Juan Pedro Mercader, también ex secretario de Seguridad Pública y ex titular del desaparecido Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad.

Otros exfuncionarios que también tienen una orden de aprehensión, pero del fuero común, por el delito de desempeño irregular de la función pública, son: Gonzalo Abelardo Herrera, ex titular de la Función Pública; Mario Castro, ex delegado de Diconsa; Ercé Barrón Barrera, ex titular de la Administración Portuaria Integral; Luis Alberto González, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural; Román Quián, ex secretario de Gobierno y Víctor Hugo Loyola, ex procurador fiscal.

La gigantesca cadena de estafas de Borge y su clan, en perjuicio, lo mismo de particulares que de las finanzas públicas de Quintana Roo, comenzó en el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), con la venta irregular a ridículos precios –entre el uno y seis por ciento del valor comercial real–, de 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial, equivalentes a seis veces la totalidad de la Zona Hotelera de Cancún.

Selvas, manglares, pantanos, parajes, islotes, hoteles, comercios y demás tipos de negocios fueron arrebatados fraudulentamente lo mismos al gobierno estatal que a empresarios.

Ello significó un quebranto a la Cuenta Pública estatal estimado en mil 99 millones 492 mil 370 pesos, además de otros desvíos de recursos públicos por 55 millones de apoyos al campo y falsas compras de maquinaria agrícola; otro más por 600 millones que debieron destinarse a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y a gasto corriente.

Otra ruta para la estafa fue la Naviera Barcos Caribe, cuyos principales accionistas y prestanombres de Borge Angulo fuero María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria de su padre Roberto Borge Martín y el abogado de la familia, César Celso González Hermosillo y Melgarejo.

Se estima que a través de dicha empresa, llevaron a cabo el blanqueo de 4 millones 500 mil dólares americanos y 14 millones 290 mil dólares australianos, para lo que simularon juicios laborales y despojaron a sus legítimos dueños de 44 hoteles y 19 predios en Tulum, Cancún y Playa del Carmen.

Para consumar esos despojos, contó con la complicidad del ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el ex subsecretario del Trabajo, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; el Juez Primero Civil de Playa del Carmen, Gustavo Efraín Chan Caamal; el ex director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Lima Carvajal y la actuaria María Elena Anaya Reyes.

Todos ellos, participaban en la fabricación de falsas demandas laborales, de empleados que no existían o que de haberlos, decían que ganaban más de medio millón de pesos al mes.

Consignaban el expediente sin notificar al demandado, el juez sentenciaba, el actuario, con el respaldo de cientos de policías, efectuaba el desalojo y así, en abierta confabulación, despojaban de su patrimonio a pequeños y medianos empresarios, Los grandes estaban en el contubernio.

En la Comisión para la Juventud y el Deporte, su ex titular Martín Cobos, está acusado de “desaparecer” 72 millones 600 mil pesos, cuyo destino no ha podido explicar satisfactoriamente.

El ex titular de la Secretaría de Infraestructura, Fernando Escamilla Carrillo, tampoco ha explicado las causas de que no se haya inaugurado el Auditorio del Bienestar, aunque se ejercieron 244.7 millones de pesos. También están coludidos dos de los ex subsecretarios, Ariel Federico Meeser y Andrés Canul.

Pero la embestida de las huestes fue pareja, arrasó hasta con los mismos trabajadores del gobierno del estado, a los que estafaron Borge y su cáfila, al apoderarse de las aportaciones de nómina para pagos de créditos a empresas privadas. Se habla de más de 500 millones de pesos birlados a los modestos empleados.

Entre los ex colaboradores de Borge que han sido detenidos, figura Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda, en base a una orden de aprehensión emitida por un juez de Control de Chetumal.

El ex secretario, es acusado de haber otorgado subsidios hasta de un 75 por ciento para la compra de terrenos, sin tener facultades para ello, lo que generó un daño patrimonial al estado por 39 millones de pesos.

Empero, al aceptar su culpabi8idad y declararse copartícipe, junto con Borge Angulo, obtuvo su libertad mediante el pago de 19 millones de pesos y dejar en garantía varias de sus propiedades.

Patricia García Achach, ex titular de SEDUVI, también fue detenida pero pudo quedar libre, al depositar como garantía los títulos de propiedad de seis inmuebles, y la factura de un auto de lujo.

“Ello no equivale ni siquiera al uno por ciento de lo robado por Borge y camarilla”, dijeron funcionario del actual gobierno quintanarroense.  

 José Alberto Alonso Ovando, ex secretario de Educación; Carlos Rafael Muñoz Berzunza, ex secretario de Ecología y Medio Ambiente; Saúl Badillo Perry, ex director de los Servicios de Salud y Manuel de Jesús Marrufo Lara, ex coordinador administrativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, son otros de los involucrados en el megafraude.

También aparecen Marilyn Rodríguez Marrufo, hermana de Mauricio; Gabriela Medrano Galindo, ex diputada por el Partido Verde Ecologista; Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal y Édgar Manuel Méndez Montoya, considerado el principal prestanombres de Borge Angulo.

TIENE BORGE 11 INVESTIGACIONES MÁS EN LA FEPADE

Pero no nada más está implicado en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por parte de la Procuraduría General de la República, sino también cuenta con 11 carpetas más de investigación en su contra por parte de la Fiscalía Especial de Atención para Delitos Electorales; tan sólo en una de ellas hay un desvío de más de 200 millones de pesos, a través del financiamiento ilícito de campañas electorales en el pasado proceso electoral de Quintana Roo del 2016.

José Mauricio Góngora Escalante, ex candidato a gobernador por el PRI, quien sería favorecido con transferencias del gobierno de Roberto Borge, es uno de los involucrados en una de dichas carpetas, al recibir 201 millones de pesos para financiar la campaña en la que fue derrotado por Carlos Manuel Joaquín González.

La investigación revela que hubo transferencias del gobierno de Quintana Roo en el 2016 a las campañas de un partido político, por lo que se configura el ilícito de financiamiento ilícito, cuya pena va de 15 a 20 años de prisión, sin embargo al no ser un delito grave no hay prisión preventiva y se puede  pagar una multa y enfrentar el proceso penal en libertad.

Antes de la captura de Borge Angulo, dimos a conocer que el desvío de los más de 200 millones de pesos para favorecer al entonces todavía alcalde de Solidaridad, Góngora Escalante, fue ordenado por el ahora ex gobernador, a través del entonces subsecretario de Hacienda, Elíezer Villanueva Lanz, actualmente prófugo.

Informamos con antelación que incluso había recibos firmados por Góngora Escalante, en los que se comprueba la entrega de recursos por parte de Villanueva Lanz, uno de los principales operadores del ex mandatario estatal.

Conforme a los documentos que obran en la indagatoria, las entregas se realizaron los días 7, 18 y 31 de marzo; el 8, 14, 18, 22 y 28 de abril y una más el 6 de mayo de 2016, con cantidades que fluctuaban entre los 20 y 50 millones de pesos, todo en efectivo.

Uno de los recibos firmados por Góngora Escalante, autentificado ya por peritos grafoscópicos, precisa:

“Recibí del Dr. Eliezer Villanueva Lanz, la cantidad de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 m. n.), por concepto de gastos a comprobar”.

Esos hechos fueron conocidos desde el uno de junio de 2016, cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció ante la FEPADE la entrega de recursos públicos para favorecer a la campara de Góngora Escalante.

Empero, a esa larga cadena de ilícitos habría que añadir que también el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, estuvieron más que presentes durante los regímenes tanto de Félix Arturo González Canto, como de Roberto Borge Angulo.

QUINTANA ROO: “LAVADERO” Y SANTUARIO DEL NARCO DE CANTO Y BORGE

***Vendieron la plaza al narco dos veces a cárteles rivales

***Sus patrones; Cártel del Golfo, Zetas y Cártel de Sinaloa

***Nunca combatieron al narco, sino lo administraron

Los ex gobernadores priístas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, son responsables del caos en que se encuentra la entidad, originado por el crimen organizado, al vender la plaza dos veces a organizaciones rivales.

Así lo revela el resultado de las indagatorias realizadas a raíz de la captura en Panamá de Borge Angulo, con lo que comenzó a destaparse la cloaca que se gestó desde que González Canto asumiera la gubernatura, en abril de 2005, al entablar relaciones simultáneamente con el Cartel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, cuyos sicarios, “Los Pelones” y “Los Zetas” y otros grupos, apéndices de los mismos, han mantenido una cruenta guerra durante más de dos sexenios por el control del territorio.

De esa manera, lo menos hace 12 años, Quintana Roo se convirtió en santuario del narcotráfico, en centro de operaciones de bandas de narcotraficantes, de tráfico de personas, en refugio de capos de las drogas y en paraíso fiscal para el blanqueo de capitales, además de que sigue siendo la puerta de entrada para la droga que llega a territorio mexicano por la frontera sur por aire, mar y tierra, bajo la omisión y complicidad de funcionarios corruptos.

“En Quintana Roo los delincuentes son de cuello blanco, es decir, gente que ni te imaginas que está metida en el narco, la clase política, la clase empresarial están inmiscuidas  en el lavado de dinero”. A lo largo de los sexenios de González Canto y Borge Angulo, todos los días, entraban y salían portafolios llenos de dinero”, declaró María Teresa Menéndez Monforte, correctora de estilo de un medio quintanarroense.

 Asimismo, el analista político Guillermo Vázquez Handall, uno de los ex asesores de Borge Angulo, aseguró que en los gobiernos pasados había una especie de acuerdo entre la autoridad estatal y municipal y los grupos delincuenciales para operar libremente.

 Fue evidente que se permitió que pasaran los cárteles de la droga, pues el objetivo de ambos ex gobernantes era administrar el crimen y no combatirlo lo que originó que en menos de 15 años Quintana Roo ocupara uno de los primeros lugares en narcotráfico, pederastia, trata de personas, prostitución, extorsión, lavado de dinero, corrupción e impunidad.

La dupla Félix-Roberto, es decir virrey y lacayo, descubrieron y explotaron tres grandes fuentes de corrupción para dejar un estado en decadencia: el dinero robado al erario (los desvíos), los sobornos del narco por dejarlo operar y las millonarias sumas por el apoderamiento de tierras de la reserva de Quintana Roo y el “remate” a precios irrisorios a familiares, amigos e incondicionales.

Cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, precisan que a lo largo del gobierno de Félix González Canto el consumo interno de las drogas alcanzó su nivel más alto.

A lo largo de su mandato, González Canto sostuvo nexos con el clan de los Carrillo Fuentes, concretamente con Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien se ostentaba como empresario de la construcción.

Bajo esa fachada, el “empresario” hizo millonarios negocios con Félix quien le otorgó la concesión para la construcción de la cárcel de Cancún al sobrino del “Señor de los Cielos”, pero al descubrirse su relación las obras se suspendieron.

González Canto había otorgado el contrato a un narco para la ampliación de la cárcel municipal de Cancún, a través de la empresa SAFIE de Quintana Roo, SA de CV., cuyos planos contemplaban inclusive la construcción de pasadizos secretos para eventuales fugas.

Pero esa obra no fue la única, hubo muchas otras concretadas mediante licitaciones otorgadas por el gobierno, sin concurso, pese a que ya era conocido que a Ricardo y Alfredo, hermanos de Luis Carlos Carrillo Cano, la Drug Enforcement Administration (DEA), los relacionaba como presuntos responsables de tráfico de drogas, “lavado” de dinero, extorsión y homicidio.

Ese parentesco y los vínculos con la delincuencia organizada, quedarían confirmados  una tarde de octubre de 2011, cuando el empresario, amigo personal de González Canto, fue ejecutado en una de las principales avenidas de Cancún.

Junto al cuerpo fue dejado una cartulina con el siguiente mensaje: “Saludos, ya sabemos que están aquí y que los protege el cerdo del gobernador, pero ni con él nos van a frenar”.

El narcomensaje fue adjudicado al grupo de “Los Zetas”, con los que han mantenido y sostienen una rivalidad a muerte.

Otro vínculo más de Canto y Borge con el crimen organizado, fueron los nexos que mantuvieron con Raúl Martins, conocido en Quintana Roo como “El zar de la trata de Blancas”, de quien se dice que apoyó la campaña de Borge Angulo por indicaciones de González Canto, ambos relacionados con miembros del Cártel de Juárez, del llamado “Señor de los cielos”.

En otro punto, según notas periodísticas de aquella época, tanto González Canto como Borge Angulo, protegieron al ex banquero Roberto Hernández Ramírez, para que los desembarcos de cargamentos de cocaína procedentes de Colombia se siguieran llevando a cabo en Punta Pájaros, propiedad costera del magnate, que se localiza en el centro de la Biosfera de Sian Ka´an.

González Canto, incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito, con acciones que van desde el usufructo de concesiones de placas de taxis hasta aeronaves ejecutivas, pasando por una amplia lista de propiedades en bienes inmuebles y negocios.

 Los nexos del senador, Félix González Canto, con los cárteles del narcotráfico y, la venta infame de la reserva territorial de Quintana Roo, explicaría el origen de su fortuna.

 Durante el sexenio de González Canto (2006 al 2012), el Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo (IPAE), vendió 877 predios a particulares. De esos terrenos, 406 se localizan en Playa del Carmen y pasaron de ser patrimonio del estado a ser propiedad privada; en Cozumel, vendió 176 predios, en Cancún, 156 y en Chetumal, 139.

Esas reservas territoriales, fueron vendidas a particulares a precios “preferenciales”, muy por debajo de su valor comercial real; además de que los beneficiarios de la venta fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que se conformó la estrategia ideal para el “lavado” de miles de millones de pesos.

Esa “escuela” fue muy bien asimilada por su lacayo Borge Angulo, quien vendió más de 9 mil hectáreas de tierra de la reserva protegida del estado, a familiares y amigos a precios muy por debajo de su valor.

Pero además, esa cadena de actividades ilícitas dio paso a una imparable ola de violencia, de tal manera que puntos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, cuyo principal atractivo era la tranquilidad, pasaron a ser verdaderos focos rojos del crimen organizado.

Así, se convirtió en una zona de alto riesgo por la inseguridad, donde los secuestros, extorsiones, robos a mano armada, “levantones”, cobros por derecho de piso  y ejecuciones, han estado a la orden del día y las víctimas son lo mismo ciudadanos comunes que turistas y empresarios, por lo que muchos hombres de empresa decidieron abandonar el estado ante la falta de garantías.

A la infiltración del narco en las instituciones públicas, se suma la impunidad que hizo estragos en los dos sexenios, protegiendo lo mismo a peligrosos delincuentes que a funcionarios coludidos con el hampa y a celebridades o “Juniors” delincuentes.

Y pese al desolador panorama y a las demandas ciudadanas, en el caso de Borge Angulo, éste sostuvo a Carlos Bibiano Villa Castillo, secretario de Seguridad Pública y a Gaspar Armando García Torres, procurador de Justicia de Quintana Roo, funcionarios que fueron duramente cuestionados por su presunta vinculación a la delincuencia organizada y a su ineficiencia, casual o premeditada.

Uno de los hechos que reveló la doble venta de la plaza de Quintana Roo, fue que al jefe de escoltas de Borge Angulo, a Héctor Cacique Fernández, se le acusó de ser un mando del grupo “Los Zetas” y de haber sido el autor intelectual del atentado al bar “La Sirenita”, situado en la Región 233, en Cancún, donde fueron asesinadas siete personas y varias más resultaron heridas. 

Se estableció que tanto las personas fallecidas como quienes resultaron heridas, pertenecían a una agrupación de taxistas, presumiblemente a la “Andrés Quintana Roo”, cuyos integrantes han sido señalados como distribuidores de droga bajo la modalidad de narcomenudeo.

 Dos de los sobrevivientes, identificados como Carlos Aguilar y Miguel Díaz, taxistas, declararon que estaban conviviendo con varios compañeros de trabajo cuando escucharon detonaciones de arma de fuego y se tiraron al piso.

Ambos se negaron a presentar su denuncia e incluso a proporcionar mayor información, pues dijeron temer a las represalias.

Héctor Cacique fue detenido días después, acusado de la autoría intelectual de la masacre y le fue dictado el auto de formal prisión.

En principio, Cacique Fernández admitió ante el Ministerio Público su responsabilidad, pero una vez ante el juez, se retractó y dijo que el jefe de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola, ordenó que lo torturaran y la fabricación del delito.

El escolta de Borge Angulo, al igual que su ex jefe, se encuentra en prisión.

Por otra parte, con la captura de Leticia Rodríguez Lara, jefa del Cártel de Cancún que por varios años fue la líder principal del narcotráfico en el pasillo del Caribe Mexicano, quedó al descubierto que Roberto Borge Angulo mantuvo nexos directos con “Doña Lety”, de tal manera que la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), inició una indagatoria paralela a la que enfrenta el ex gobernador por peculado, lavado de dinero y desvío de fondos públicos, ahora por delitos contra la salud.

Ello fue como resultado de sendos cateos a inmuebles propiedad de la ex agente judicial federal, convertida en jefa del Cártel de Cancún, donde fueron encontradas cajas con archivos pertenecientes a “Doña Lety” o “La 40”, dos de ellas rotuladas con el nombre de Manuel Eligio Marrufo Trejo, nada más ni nada menos que  ex secretario privado de Roberto Borge.

Desde inicios de su gobierno, Borge Angulo, la mafia y el gobierno siempre estuvieron sentados a la misma mesa, pues luego de obtener el triunfo en las elecciones en 2011, Borge se reunió, por espacio de tres días, en un conocido hotel de Cozumel, con jefes del Cartel de Sinaloa, organización para la que operaba Leticia Rodríguez Lara.

Fuentes de la fiscalía, comentan que también pudieron darse ese tipo de reuniones con “Doña Lety”, en las que se acordó que sería ella la que se encargara de mantener el equilibrio en el estado, sobre todo en la zona hotelera de Cancún, pero la interminable y permanente guerra con “Los Zetas” provocó que la situación se saliera de control y continuara la ola de criminalidad y violencia.

 Durante la gestión de Borge Angulo, se puso de moda el residir en Villa Magna, donde edificó su mansión el ahora ex mandatario, lo mismo que el ex vocero de Félix González Canto, Jorge Eugenio Acevedo Marín e incluso la propia “Doña Lety”, quien montó so residencia y su cuartel de operaciones en el mismo lugar, aunque las autoridades “nunca se dieron cuenta” de la presencia de la mujer.

Coincidentemente, Borge y muchos de sus ex colaboradores guardaban su dinero y documentos en las mismas cajas de seguridad de la empresa donde “Doña Lety” tenía sus joyas, dinero y documentación, en la que vinculan al secretario privado del ex mandatario y a Mariana Zorrilla, ex esposa de Borge, con el crimen organizado.

De acuerdo con investigaciones de la fiscalía, tanto la familia de Roberto Borge Angulo como la de Mariana Zorrilla estaban en quiebra total y tuvieron que unir fuerzas a través de Félix González Canto. Fue éste quien convenció a Mariana Zorrilla de que se casara con Roberto Borge, por lo que ambos firmaron un documento que más que significar el pacto matrimonial sagrado, fue para salir de pobres y llegar a la realeza.

Borge Angulo ya está preso y a un paso de ser repatriado para que enfrente en México una cadena de cargos por diversos delitos, tanto de índole federal como del fuero común y en lo que respecta a González Canto, pese a las argucias y al fuero del que aún goza, lo cierto es que tarde o temprano tendrá que seguir los mismos pasos que sus colegas: Mario Ernesto Villanueva Madrid y Roberto Borge Angulo, pues su escudo legislativo acaba en 11 meses.

                                                                                     joebotlle@gmail.com

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